La demanda de obra nueva impulsa el precio del suelo. La demanda de vivienda nueva no sólo ha empujado hacia arriba el número de viviendas en construcción, también ha aumentado la demanda, y en consecuencia el precio, del suelo urbano. Así, a cierre de 2018, el precio medio del metro cuadrado del suelo aumentó un 3% y se situó en 157,7 euros.
Además, la falta de suelo finalista dentro de los cascos urbanos de las ciudades más pobladas se ve compensada por el avance hacia nuevas zonas de las cercanías. Esta expansión, junto con el aumento en la demanda de vivienda de obra nueva, está impulsando el crecimiento de los precios del suelo, según un informe publicado por la consultora JLL.
Así pues, durante 2018 se cerraron operaciones por valor de 3.695 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 5,5% interanual. Sin embargo, el agotamiento de las bolsas de suelo finalistas en las principales ciudades españolas ha reducido este crecimiento.
El valor total de las compraventas de suelo alcanzó 3.695 millones de euros en 2018, un 5,5% más interanual
En total, durante 2018 se cerraron 21.901 compraventas de suelo, un 5,3% más que en el año anterior, que sumaron 32.235 millones de metros cuadrados, con un incremento interanual del 17,6%.
El precio varía en gran medida según la provincia. Los precios más altos se situaron en la provincia de Madrid, donde era de 513,8 euros por metro cuadrado, Barcelona, con 425,9 euros por metro cuadrado y Granada, con 383 euros por metro cuadrado.
En la parte baja de la tabla se situaron las provincias de A Coruña, con un precio de 74,9 euros por metro cuadrado, Castellón, con 90,9 euros por metro cuadrados y León, con 124,5 euros por metro cuadrado.
Promotoras como Aedas o Vía Célere han iniciado la compra de suelo no finalista con el objetivo de convertirlo en finalista
En lo que se refiere a disponibilidad, la falta de suelo finalista castiga especialmente a las ciudades de Barcelona y Madrid, las capitales vascas, la costa de las provincias de Valencia y Alicante, Baleares y la Costa del Sol. De todos modos, el aumento del precio del suelo también se ha producido en provincias de interior como Teruel, Segovia, Badajoz o Ciudad Real.
En clave de futuro, la escasez de suelo finalista en las zonas con mayor actividad inmobiliaria permite prever que los precios seguirán aumentando en las zonas prime y consolidadas. Además, se espera que las promotoras incrementen su inversión en este tipo de activos con el fin de engordar su cartera de suelo y poder dar continuidad a su plan de negocio en los próximos cinco o diez años. Tanto es así, que promotoras como Aedas Homes o Vía Célere han iniciado la compra de suelo no finalista con el objetivo de convertirlo en finalista.
La inversión destinada en este periodo es la mayor registrada entre enero y junio de 2016, cuando las administraciones públicas desembolsaron 471,9 millones de euros para la construcción y rehabilitación de vivienda pública.
La inversión en inmuebles públicos se duplica. Entre enero y julio, la administración ha destinado 325,1 millones de euros a la construcción y rehabilitación de vivienda pública. La cifra acumulada en los primeros siete meses del año duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior, de 147,3 millones de euros, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan.
En concreto, la inversión agregada en vivienda pública en julio es la mayor cifra registrada en este periodo desde 2016. Ese año, las administraciones dedicaron 471,9 millones de euros a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, prácticamente triplicando la cifra registrada en los siete primeros meses del ejercicio anterior. A partir de ese año, la inversión en vivienda pública descendió en este periodo, acumulando dos años de caídas a doble dígito.
Hasta julio de 2017, las administraciones destinaron 304,3 millones de euros a vivienda pública, un 35,5% menos que el año anterior. Esta cifra continuó cayendo hasta 147,3 millones de euros, un 51,6% inferior en términos interanuales. Este año, la inversión en vivienda pública ha remontado, sin estar todavía a niveles de 2016.
La mayoría de las licitaciones, un 69,2% del total, se han otorgado a la construcción de obra nueva, sumando una inversión de 224,9 millones de euros. Los 100,1 millones de euros restantes se han destinado a la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas. La categoría que ha experimentado un mayor crecimiento respecto al año anterior ha sido la de rehabilitación y mantenimiento, prácticamente multiplicando por tres los 38,9 millones de euros destinados entre enero y julio de 2018.
En concreto, las administraciones han destinado 46,5 millones de euros a vivienda pública en junio. El pico de inversión en este año se alcanzó en abril, cuando las entidades públicas destinaron 99,4 millones de euros a este tipo de viviendas. El mínimo, en cambio, se registró en junio, con un presupuesto de 17,3 millones.
Hasta junio, País Vasco, Cataluña y Baleares lideraban la inversión en vivienda pública. En total, las tres comunidades autónomas destinaron en total 65,6 millones de euros en inmuebles públicos. A la cola de la lista se encuentran Asturias, Murcia y La Rioja, con una inversión total de 340.000 euros.
La mayoría de las licitaciones de vivienda pública las asumieron las administraciones autonómicas. En total, destinaron 70,2 millones de euros a este tipo de inmuebles.
País Vasco, Cataluña y Baleares lideran la inversión en vivienda pública. Las tres comunidades autónomas destinaron 65,62 millones de euros a la construcción y rehabilitación de vivienda pública en el primer trimestre, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
En concreto, el País Vasco destinó 33,2 millones de euros a vivienda pública. Prácticamente la totalidad de la inversión, 32,3 millones de euros, la asumió la administración autonómica, mientras que el resto se dividió entre el Estado y los ayuntamientos de la comunidad.
Al País Vasco le sigue, de lejos, Cataluña, que destinó 17,6 millones de euros a vivienda pública en el primer trimestre. De estos, prácticamente trece millones de euros los asumieron los ayuntamientos, la Generalitat destinó 4,6 millones de euros y el Estado, 60.000 euros.
Baleares alcanzó el bronce en inversión de vivienda pública hasta marzo y destinó 14,8 millones de euros. De estos, 12,5 millones fueron de la mano de la administración autonómica, mientras que los 2,3 millones restantes los aportaron los gobiernos locales.
A la cola de la lista se encuentran Asturias, Murcia y La Rioja. La administración pública asturiana invirtió 340.000 euros en la construcción y rehabilitación de vivienda pública, mientras que Murcia y La Rioja no destinaron recursos a este tipo de inmuebles.
En total, la administración pública dedicó 132,5 millones de euros a la construcción y rehabilitación de vivienda pública en el primer trimestre, un 26% más que el mismo periodo del año anterior. La inversión en vivienda pública acumula tres años de crecimiento consecutivo, registrando incrementos a doble dígito.
Del total invertido en este periodo, el 69,4% de la inversión se destinó a obra nueva, mientras que el 30,6% restante se invirtió en rehabilitación y mantenimiento. Respecto al mismo periodo del año anterior, la inversión en obra nueva ha crecido un 10,8% mientras que el capital destinado a rehabilitación y mantenimiento ha aumentado un 82,6%, hasta alcanzar 40,5 millones de euros.
Asturias, Murcia y La Rioja fueron las comunidades que menos invirtieron en vivienda pública
La mayoría de las licitaciones de vivienda pública la asumieron las administraciones autonómicas. En total, los gobiernos de las comunidades autónomas invirtieron 70,2 millones de euros en vivienda pública; los ayuntamientos, 58,8 millones, y el Estado, 3,2 millones de euros.
La inversión en vivienda pública en el primer trimestre, 132,5 millones de euros, representa tan solo el 2,5% del total de las licitaciones de las administraciones públicas. Las administraciones invirtieron, por ejemplo, 186,8 millones de euros en instalaciones deportivas o 415,6 millones de euros en obras hidráulicas.
Durante 2018 se vendieron 550.000 inmuebles de segunda mano, datos similares a los del mejor momento del sector. Por su parte, la vivienda nueva sigue en mínimos por la falta de oferta.La venta de vivienda de segunda mano, a niveles precrisis. En 2018 se cerraron cerca de 582.000 compraventas de viviendas en España, de las cuales más de 550.000 fueron de inmuebles de segunda mano. Estos datos se encuentran al mismo nivel que en los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por otro lado, la vivienda nueva sigue bajo mínimos, y en 2018 se cerraron 56.000 operaciones, muy lejos de las 330.000 compraventas de 2005 o las 410.000 operaciones de 2006. La causa de estos guarismos se encuentra en la falta de oferta, ya que la construcción no se ha recuperado de la crisis económica, según un estudio publicado por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).
Por otro lado, 89.300 viviendas fueron compradas por ciudadanos extranjeros residentes en España. Más de la mitad de estas operaciones se concentraron en las provincias de Alicante, Canarias, Baleares y Málaga.
Las entidades establecerán vías de colaboración aportando soluciones innovadoras para el sector inmobiliario, especialmente en el ámbito de las proptech.
JLL apuesta por la incorporación de la tecnología en el sector inmobiliario. La consultora inmobiliaria y Barcelona Tech City han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar el desarrollo tecnológico y digital de la capital catalana y posicionarla por su atractivo para el sector inmobiliario. Las entidades establecerán vías de colaboración aportando soluciones innovadoras para el sector inmobiliario, especialmente en el ámbito de las proptech.
“Este acuerdo tienen un papel relevante en la transformación digital de JLL y como enfocamos la innovación en nuestros servicios y los que ofrecemos a nuestros clientes”, asegura Vanesa Carceller, directora general de JLL en Cataluña.
Según el consejero delegado de Barcelona Tech City, Miquel Martí, “seguir consolidando alianzas con empresas internacionales de prestigio, potenciando sectores de futuro como el proptech contribuye al fortalecimiento de la ciudad como hub tecnológico de referencia”.
En el primer semestre del año han desembarcado en el mercado de Barcelona nuevos operadores como Loom, hasta ahora presente en Madrid, o el italiano Talent Garden y el francés Wojo
El coworking continúa ganando terreno en Barcelona. Los operadores de oficinas flexibles han contratado 28.400 metros cuadrados de superficie en Barcelona entre abril y junio, el 23% del total del mercado de oficinas. En el primer semestre, la contratación de espacios de coworking suma 56.080 metros cuadrados, una cifra superior a la totalidad de la superficie contratada en 2018, de 46.700 metros cuadrados.
El auge de los últimos meses ha venido dado por varios factores, según el Informe sobre el Mercado de Coworking de la consultora Forcadell. En primer lugar, los operadores del mercado saben que es un buen momento para contratar grandes superficies, por lo que alquilan nuevos espacios pese a no tener todas las oficinas inauguradas u ocupadas.
En segundo lugar, en el primer semestre del año han desembarcado en el mercado barcelonés coworkings extranjeros y nuevos operadores de espacios flexibles como Loom, hasta ahora sólo en Madrid, el operador italiano Talent Garden o el francés Wojo. Además, CustomSuits ha sellado un acuerdo con El Corte Inglés para crear y gestionar una red de espacios flexibles, como avanzó EjePrime.
En el primer semestre han entrado nuevos operadores como el italiano Talent Garden o el francés Wojo
En paralelo, los operadores de coworkings están atendiendo, cada vez más, una demanda transversal. Inicialmente conocidos por ser gestores de oficinas de start ups, algunos de los operadores han ido un paso más allá y están buscando espacios corporativos para grandes empresas y multinacionales.
“El sector de los coworkings está en constante crecimiento que muestra un largo recorrido, no sólo por la demanda que reciben, sino porque están siendo capaces de adelantarse y sorprender al usuario con nuevos servicios y prestaciones que ni ellos sabían ni querían”, asegura Manel de Bes, director del departamento de oficina de Forcadell.
El plan incluirá ayudas destinadas a edificios ubicados en zonas vulnerables e incluirá a los pequeños propietarios que reformen sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
.El Ejecutivo en funciones pone el foco en la vivienda. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha propuesto un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas que movilizaría 400 millones de euros en cuatro años, según el documento aprobado por la Ejecutiva Federal del Psoe como base de un programa de legislatura.
El plan estará vinculado a la eficiencia energética y a la accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicadas en zonas vulnerables. “Mantenemos el compromiso adquirido en el acuerdo presupuestario para 2019 en el que se consignaban 700 millones de euros en 2020 y 1.000 millones en 2021 para políticas de vivienda”, aseguró el secretario de Organización del partido, José Luís Ábalos.
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno prevé aprobar un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que reformen sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles. Sánchez apuesta también por movilizar el suelo público mediante la cesión de derecho de superficie y aprobar un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
El plan contempla también la eliminación de la tasa rosa y la reducción del IVA de los productos de higiene femenina al 4%, además de la creación una nueva Ley de Ordenación de la Formación Profesional para regular la FP Dual y un Impuesto a las Transacciones Financieras.
Estas áreas de promoción económica permiten la colaboración público-privada para complementar y mejorar los servicios colectivos. La podrán crear comerciantes, asociaciones y ayuntamientos.
La Generalitat de Catalunya ha puesto la primera piedra para crear BIDs. El pasado viernes se presentó en Barcelona el anteproyecto de ley para la creación de áreas de promoción económica (BID, por sus siglas en inglés), aprobado en octubre de 2018, y que ahora se encuentra en proceso de exposición pública.
Los BIDs son un modelo de colaboración público-privada en la que se crea una gestora que lanza iniciativas para complementar y mejorar los servicios colectivos de una zona previamente determinada.
La Generalitat de Cataluña ha presentado un anteproyecto de ley con el objetivo de crear estas zonas. En este sentido, la directora general de comercio de la Generalitat de Cataluña, Muntsa Vilalta, que explicó en su presentación que el texto prevé que las propuestas tengan que incluir un plan estratégico de entre tres y cinco años, delimitar el área en el que se quiere crear el BID y un estudio de la actividad económica que hay en esa zona.
El anteproyecto de ley prevé que ayuntamientos, asociaciones de comerciantes con más de cinco años en el territorio o el 25% de los tenedores de locales a pie de calle que agrupen el 25% de la superficie comercial podrán crear estas zonas delimitadas.
El objetivo es potenciar el comercio en zonas delimitadas con un plan a largo plazo
En el caso de la propuesta de la Generalitat, serían todos los inquilinos de los locales comerciales con acceso a pie de calle quienes deberán financiar esta gestora con una tasa obligatoria. El objetivo final es potenciar el comercio de los locales de las zonas delimitadas con un presupuesto a largo plazo que permita actuaciones más ambiciosas.
En este sentido, el texto del documento, al que se pueden presentar enmiendas hasta septiembre, indica que los locales comerciales que no tengan entrada a pie de calle no podrán participar en estas iniciativas y que aquellos negocios que ocupen más de una planta compuarán el total de metros cuadrados y no sólo los de la planta a pie de calle.
La cuota a pagar dependerá de los metros cuadrados de cada local, aunque el importe más alto no podrá ser nunca superior a veinte veces la cuota más baja, es decir, si el local de menor tamaño tiene una cuota de diez euros al mes, el de mayor tamaño no deberá pagar más de 200 euros al mes. Por otro lado, la gestora responsable del BID puede recibir aportaciones del ayuntamiento o de otros patrocinadores.
El texto está en proceso de exposición pública y se puede presentar enmiendas hasta septiembre
La creación de los BID estará ligada a la aceptación del 50% de los locales a pie de calle, que ocupen el 50% de la superficie, excluyendo ONGs, iglesia y entidades públicas. En todo caso, el valor de la superficie se ponderará para evitar que un gran tenedor pueda decidir por si solo dentro de la gestora.
Vilalta destacó que el texto prevé un “proceso muy garantista” a la hora de crear estas zonas, que puede llegar a necesitar más de seis meses para ser aprobado desde su presentación y que debe tener el apoyo del consistorio antes de poder ser inscrito en un registro especial que creará la Generalitat en el momento en el que la ley sea aprobada
Se han registrado operaciones por 692.000 metros cuadrados que han representado una inversión de 454 millones de euros, según datos de CBRE
El sector logístico español alcanzó hasta el mes de junio del presente año una contratación de espacio de 692.000 metros cuadrados, lo que supone un descenso del 34% respecto a la alcanzada en el mismo periodo de 2018. Los datos de CBRE corroboran un fuerte descenso en la zona centro y algo más moderado en Catalunya. Por su parte, Valencia ha registrado un incremento del 21% en este primer semestre del año. En cuanto a la inversión, se ha alcanzado un volumen de alrededor de 454 millones de euros en este primer semestre de 2019, el 35,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.
La compra de activos de los portfolios Columbus y Pulsar Properties ha supuesto el 25% de la inversión inmologística de esta primera mitad del año. CBRE prevé que continúe el cierre de importantes operaciones en los próximos meses y ha citado la compra de una nave de 59.000 metros cuadrados en Lliria (Valencia) por algo más de 40 millones de euros.
Según han indicado desde CBRE, la zona centro alcanzó un volumen de 161.000 metros cuadrados, de los que 49.000 corresponden a contratación neta. Esta cifra supone un descenso del 64% con respecto al mismo periodo del año anterior. Prácticamente la totalidad de los metros cuadrados registrados se englobaron en los ejes de la A-2 y la A-4. Las mismas fuentes han adelantado que se espera que en los próximos meses la contratación se recupere a niveles acordes a este mercado, que suelen rondar una medida de entre 500.000 y 600.000 metros cuadrados.
La inversión del sector en el primer semestre del año alcanzó los 454 millones de euros, según CBRE
En el caso de Catalunya, la contratación fue de 337.000 metros cuadrados, lo que supone un descenso del 12% con respecto al primer semestre de 2018. Del total, 200.000 metros cuadrados correspondieron a contratación neta. Los alquileres de Decathlon (96.000 metros cuadrados) y DSV (46.000 metros cuadrados) abarcan el 42% de la cifra total registrada, según han recordado desde la consultora inmologística CBRE. La escasez de oferta disponible ha hecho que el 77% de la contratación haya dependido de proyectos llave en mano o de prealquiler.
Valencia continúa registrando elevados niveles de contratación con un crecimiento del 21%
Por lo que respecta al resto de plazas logísticas, Valencia sigue registrando elevados niveles de contratación, con 180.000 metros cuadrados. Por su parte, Zaragoza y Sevilla obtuvieron “resultados discretos”, con 7.700 y 3.500 metros cuadrados, respectivamente, según la consultora. Entre las operaciones más destacadas, según han destacado desde CBRE, se encuentran dos llaves en mano de 59.000 metros cuadrados y de 53.000 metros cuadrados alquilados a Conforama en Lliria y Jysk en Cheste, ambas en la provincia de Valencia, y los arrendamientos de Pepsico Foods y Transnatur de 3.500 y 3.000 metros cuadrados en Sevilla y Zaragoza, respectivamente.
Estas áreas de promoción económica permiten la colaboración público-privada para complementar y mejorar los servicios colectivos. La podrán crear comerciantes, asociaciones y ayuntamientos.
La Generalitat de Catalunya ha puesto la primera piedra para crear BIDs. El pasado viernes se presentó en Barcelona el anteproyecto de ley para la creación de áreas de promoción económica (BID, por sus siglas en inglés), aprobado en octubre de 2018, y que ahora se encuentra en proceso de exposición pública.
Los BIDs son un modelo de colaboración público-privada en la que se crea una gestora que lanza iniciativas para complementar y mejorar los servicios colectivos de una zona previamente determinada.
La Generalitat de Cataluña ha presentado un anteproyecto de ley con el objetivo de crear estas zonas. En este sentido, la directora general de comercio de la Generalitat de Cataluña, Muntsa Vilalta, que explicó en su presentación que el texto prevé que las propuestas tengan que incluir un plan estratégico de entre tres y cinco años, delimitar el área en el que se quiere crear el BID y un estudio de la actividad económica que hay en esa zona.
El anteproyecto de ley prevé que ayuntamientos, asociaciones de comerciantes con más de cinco años en el territorio o el 25% de los tenedores de locales a pie de calle que agrupen el 25% de la superficie comercial podrán crear estas zonas delimitadas.
El objetivo es potenciar el comercio en zonas delimitadas con un plan a largo plazo
En el caso de la propuesta de la Generalitat, serían todos los inquilinos de los locales comerciales con acceso a pie de calle quienes deberán financiar esta gestora con una tasa obligatoria. El objetivo final es potenciar el comercio de los locales de las zonas delimitadas con un presupuesto a largo plazo que permita actuaciones más ambiciosas.
En este sentido, el texto del documento, al que se pueden presentar enmiendas hasta septiembre, indica que los locales comerciales que no tengan entrada a pie de calle no podrán participar en estas iniciativas y que aquellos negocios que ocupen más de una planta compuarán el total de metros cuadrados y no sólo los de la planta a pie de calle.
La cuota a pagar dependerá de los metros cuadrados de cada local, aunque el importe más alto no podrá ser nunca superior a veinte veces la cuota más baja, es decir, si el local de menor tamaño tiene una cuota de diez euros al mes, el de mayor tamaño no deberá pagar más de 200 euros al mes. Por otro lado, la gestora responsable del BID puede recibir aportaciones del ayuntamiento o de otros patrocinadores.
El texto está en proceso de exposición pública y se puede presentar enmiendas hasta septiembre
La creación de los BID estará ligada a la aceptación del 50% de los locales a pie de calle, que ocupen el 50% de la superficie, excluyendo ONGs, iglesia y entidades públicas. En todo caso, el valor de la superficie se ponderará para evitar que un gran tenedor pueda decidir por si solo dentro de la gestora.
Vilalta destacó que el texto prevé un “proceso muy garantista” a la hora de crear estas zonas, que puede llegar a necesitar más de seis meses para ser aprobado desde su presentación y que debe tener el apoyo del consistorio antes de poder ser inscrito en un registro especial que creará la Generalitat en el momento en el que la ley sea aprobada.