Los nuevos pisos se realizarán en 42 solares repartidos por 31 localidades. La Agencia de Vivienda supervisará durante 75 años el cumplimiento del contrato y finalizado este periodo, las viviendas pasarán a ser del municipio.
Cataluña se va a poner manos a la obra y se fija el objetivo de construir nuevas viviendas para dar solución a la falta de pisos que vive esta comunidad. De esta manera, en un plazo de un mes, el Govern tiene previsto licitar la construcción de 566 viviendas en 42 pequeños solares repartidos por 31 municipios catalanes. Esta es la principal resolución que se desprende de la firma este lunes de un conjunto de acuerdos realizados entre el presidente Salvador Illa y la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, con los alcaldes de estas 31 localidades, donde se establece el marco jurídico para que la Generalitat pueda licitar individualmente cada concurso.
Según adelantó Salvador Illa, la construcción de estas viviendas se llevará a cabo básicamente por empresas locales, “cuando haya una empresa del territorio que se sienta capaz de construir, abriremos un plazo de tiempo. Si se presenta otra, tendremos que valorar y si no hay nadie más, lo hará la empresa que se ha presentado”, explicó Illa.
Los municipios destinatarios de estas nuevas viviendas son localidades con pocos recursos técnicos que han delegado a la Generalitat la gestión de los concursos. Para encontrar promotor para estos pequeños solares, las licitaciones serán individuales. Cada convenio tiene particularidades específicas. Por ejemplo, en Arenys de Munt sólo se licitará vivienda de alquiler; en Alt Pirineu y Aran (Vielha, Bellver y Fontanals), se incluirán aparcamientos o en Sallent, el proyecto deberá mantener la fachada ya existente.
El convenio se enmarca en el Plan 50.000, con el que el Govern quiere construir hasta 2030, estas viviendas de alquiler social
El presidente catalán destacó las medidas que está llevando a cabo la Generalitat en materia de vivienda e insistió que “queremos a los promotores que quieren invertir, no especular; quien quiera invertir, que se presente a uno de estos 31 proyectos y concursos para sacar una rentabilidad del 5% o el 6%, eso está bien; que no venga quien quiera especular ni a alquilar habitaciones, a estos les aplicaremos todo el peso de la ley”.
Durante su intervención, la consejera Silvia Paneque, ha destacado que este método constituye “una nueva línea de trabajo inédita” y ha celebrado la creación de espacios de “concertación y colaboración”. Los convenios establecen que una vez adjudicado al promotor, la Agencia de Vivienda supervisará durante 75 años el cumplimiento del contrato y una vez finalizado este periodo, las viviendas pasarán a ser del municipio.
El marco regulador firmado este lunes también establece que los municipios deberán conceder la licencia de obras en un plazo de tres meses. El convenio se enmarca en el Plan 50.000, con el que el Govern quiere construir hasta 2030, estas viviendas de alquiler social.
En la primera convocatoria de reserva pública de solares se presentaron 670 terrenos. De estos, en 332 fincas son los ayuntamientos los que buscan promotor y en 338 lo hace la Generalitat. Este último grupo se ha dividido entre solares grandes (con licitaciones agrupadas) y los solares pequeños. En esta última categoría, a los 42 terrenos que aportan los 31 municipios hay que añadir otros 21 solares más que licitará el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y Patrimonio, con capacidad para otras 257 viviendas.
Los municipios que han firmado el convenio son Alcover, Colera, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Òdena, Sallent, Súria, Almoster, Les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Palau-sator, Calafell, El Vendrell, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Espluga de Francolí, Arenys de Munt, La Sènia, Roda de Ter, Taradell, Baix Pallars, Llavorsí, Rialp, Falset, Planoles, Vilobí d’Onyar, La Canonja, Ullastrell, Vacarisses, Figaró-Montmany y Vielha.
Es el tercer dato más alto de la serie, por detrás de 2008 y 2009. Explican desde Vivienda que se han destinado a la oferta pública 1.778 millones en los últimos dos años, 500 millones más que de enero de 2012 a mayo de 2018.
Las licitaciones de obra pública de tipología residencial y con destino a vivienda familiar de las administraciones públicas (vivienda protegida) alcanzaron una inversión de 959,61 millones de euros en 2025, un 27,9% más que el año anterior, lo que supone el tercer dato más alto de la serie histórica, por detrás de 2008 y 2009, según datos de la estadística de ‘Licitación oficial en construcción’ del Ministerio de Transportes.
De esta manera, 2025 es el tercer año en el que más presupuesto público se ha destinado a construir vivienda protegida desde que hay registros, han destacado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Así, apuntan desde Vivienda, se ha destinado a la oferta de vivienda pública 1.778 millones en los últimos dos años. Son 500 millones más que todo lo invertido entre enero de 2012 y mayo de 2018.
Desde la cartera de Isabel Rodríguez han destacado que el compromiso del Ejecutivo es mantener este ritmo a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión de 7.000 millones de euros, de los cuales, al menos, el 40% estará destinado a la construcción de vivienda asequible que estará protegida con carácter permanente e indefinida.
Vivienda llama a que este esfuerzo que está realizando el Gobierno central sea acompañado por las comunidades para que multipliquen el presupuesto en materia de vivienda
El Ministerio de Vivienda ha llamado a que este esfuerzo que está realizando el Gobierno central sea acompañado por las comunidades autónomas para que “igual que Pedro Sánchez ha multiplicado por ocho el presupuesto en materia de vivienda, lo hagan todos los gobiernos autonómicos”.
Los datos de vivienda protegida, ponen de relieve, como en la última década comprendida desde los años 2014 a 2024, con datos de cierre del conjunto del ejercicio, las viviendas que han obtenido la calificación definitiva de protegida en el conjunto de planes estatales y autonómicos han sumado un total de 100.910 unidades, una cifra que se antoja extremadamente reducida y que apenas supone algo más de las 9.000 unidades al año. Sumados los datos provisionales hasta septiembre de 2025, la cifra asciende a 108.809 unidades.
Así se ha pasado de unas calificaciones de 15.046 unidades en 2014 a las 14.371 viviendas del cierre de 2024, tras tocarse suelo en 2017 con menos de 5.000 unidades. Estos datos contrastan con las cifras de la década anterior, comprendida entre los años 2004 y 2013, cuando las calificaciones definitivas de planes estatales y autonómicos alcanzaron las 569.373 unidades, cerca de 57.000 unidades al año. El nivel máximo se alcanzó con 68.587 unidades en 2008, en la parte final del boom inmobiliario. Solamente en Madrid obtuvieron una calificación definitiva de vivienda protegida 146.988 unidades y Andalucía 90.312.
Las comunidades autónomas han licitado 10.136 millones a lo largo de 2025, un 17,5% más, mientras que el Estado ha incrementado un 9,7% sus licitaciones, hasta los 9.550 millones, frente a la rebaja del 0,2% hasta noviembre.
Cierre de año al alza. La licitación de obra pública en todas las administraciones públicas del país ha alcanzado los 33.143 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 13% en comparación al mismo periodo del año anterior, por encima del 11,6% que acumuló hasta noviembre.
Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), el avance del ritmo inversor ha estado protagonizado por el repunte de las licitaciones de las comunidades autónomas.
En concreto, las comunidades han licitado 10.136 millones a lo largo de 2025, un 17,5% más, y en contraste con el avance del 18,6% registrado hasta noviembre; el Estado ha incrementado un 9,7% sus licitaciones, hasta los 9.550 millones, frente a la rebaja del 0,2% hasta noviembre; mientras que los ayuntamientos han licitado 13.456 millones, un 12,1% más, que contrasta con el avance del 15,7% hasta noviembre.
Según Seopan, el avance del ritmo inversor ha estado protagonizado por el repunte de las licitaciones de las comunidades autónomas
Andalucía ha sido de nuevo la región con mayor volumen de licitaciones (1.867 millones de euros), tras aumentarlas un 35,8%, seguida de Cataluña (1.568 millones), que las ha disparado un 45%; y Madrid (1.504 millones), que las ha reducido un 24,3%. Por su parte, la Administración local ha licitado otros 13.456 millones, un 12,1% más, principalmente por los ayuntamientos (10.270 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (2.196 millones).
En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado 5.467 millones de euros, un 9,1% menos, tras rebajar sus licitaciones un 44,2% las autopistas rescatadas de la Seitt, hasta los 30 millones; un 22,3% los puertos, hasta los 647 millones.
Las licitaciones ferroviarias de Adif han retrocedido un 10,6%, hasta los 2.992 millones de euros, el segundo retroceso consecutivo tras la rebaja del 7,8% hasta noviembre. Por su parte, los aeropuertos de Aena han aumentado su actividad licitadora un 37,2%, hasta los 636 millones de euros.
Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha licitado 739 millones, un 10,3% más, mientras que el resto de ministerios las han incrementado un 37,4%, hasta los 45 millones. En su conjunto, la Administración General del Estado ha registrado un avance del 9,7%, hasta los 9.550 millones de euros.
Supone un aumento del 44,4% frente al mismo periodo de 2024 y el mayor dato registrado en los últimos 16 años. Vivienda insiste en la necesidad de proteger para siempre las viviendas que se construyen con el esfuerzo público.
Actualización de datos. La licitación oficial de vivienda familiar pública hasta el pasado mes de noviembre ha alcanzado un total de 900.895 unidades, frente a las 623.887 unidades registradas en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento a falta de los datos de diciembre del 44,4% interanual y sitúa el dato en el mayor alcanzado en los últimos 16 años, según las cifras publicadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Fuentes de este ministerio señalan que a falta de completar con los datos de diciembre, estas cifras reflejan “el impulso inversor del Gobierno” en materia de vivienda pública y señala que las licitaciones de obra pública de viviendas familiares no registraban una cifra similar desde 2009 con 1,064 millones de unidades en el conjunto del año y 924.982 unidades en los once meses. En el conjunto de 2024 la licitación oficial de vivienda pública registró las 750.322 unidades.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido a lo largo de sus últimas interveciones públicas, en la necesidad de proteger para siempre las viviendas que se construyen con el esfuerzo público para que nunca se pueda especular con ellas y siempre estén al servicio del interés general.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de proteger para siempre las viviendas que se construyen con el esfuerzo público
Bajo este marco, el ministerio solo financiará viviendas con protección permanente en el próximo Plan Estatal de Vivienda. Desde el ministerio reivindican el desarrollo de una política integral de vivienda que tiene como uno de sus principales ejes la construcción de más vivienda pública y asequible. “El objetivo de dotar a España de un parque de vivienda protegido que converja con la media europea, garantizando su protección con carácter permanente”.
De cara a 2026, señalan que se dará un nuevo empuje a la vivienda protegida y asequible “con instrumentos como el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la entidad Casa 47, el Perte de la industrialización de la vivienda y nuevos programas europeos”.
La nueva Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de Sepes, Casa 47, ya ha dado sus primeros pasos en el mercado con la publicación de una convocatoria piloto con 171 viviendas de alquiler antes de Navidad, según informó recientemente el ministerio. Del total de viviendas: 67 estarán en Vigo, 67 en la zona afectada por la Dana de Valencia y 37 en Mieres (Asturias). En el caso de las viviendas de Vigo, el precio del alquiler será de 8,8 euros el metro cuadrado (las viviendas tienen distinto tamaño), un 35% por debajo del precio de mercado. Así, una vivienda de 80 metros, tendría una renta mensual de alquiler de unos 700 euros.
La CNC pide que no se aplique la Ley de Desindexación para que se apliquen precios de mercado, con especal atención en la mano de obra, con el fin de evitar su escasez en un momento en que resulta vital para la construcción.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido que se modifique de forma urgente la Ley de Contratos del Sector Público y se revise la Ley de Desindexación, con el objetivo de que deje de aplicarse a los contratos públicos.
La patronal considera que la falta de actualización de precios, especialmente de la mano de obra, pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, además de afectar directamente a los salarios de los trabajadores.
Según CNC, cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, se producen retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que advierte de que “resulta especialmente preocupante” en un momento como el actual. En concreto, en una coyuntura en la que es necesario ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, aumentar la oferta de vivienda y empezar a plantear soluciones frente a la que considera la principal preocupación de los españoles.
La CNC insiste en que la ley debe ajustarse “lo antes posible” para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores
La CNC insiste en que la ley debe ajustarse “lo antes posible” para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya comprometido con los agentes sociales a impulsar un cambio en la normativa para explorar la posibilidad de relajar las reglas de indexación en los contratos públicos de las empresas que ejecutan y prestan servicios a las administraciones, sobre todo en los salarios.
En este marco, patronal y sindicatos de la construcción acaban de comprometerse en el VII Convenio General del Sector a formular conjuntamente propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.
El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando de nuevo la mano de obra como elemento revisable.
Las propuestas están basadas en la Guía sobre Contratación Pública y Competencia y buscan aumentar la competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado una batería de propuestas dirigidas a todas las administraciones públicas para mejorar la eficiencia de las licitaciones en España, entre las que propone una reforma de los criterios de adjudicación para garantizar la objetividad y la igualdad de oportunidades de todas las empresas.
Las propuestas están basadas en la Guía sobre Contratación Pública y Competencia, presentada recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), y busca aumentar la competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes.
De esta forma, la confederación de constructores aboga por dar una ponderación mayoritaria a criterios cuantificables mediante fórmulas claras, asegurando que la oferta no quede menoscabada por valoraciones discrecionales, y utilizar preferentemente el concurso a la subasta, priorizando la calidad y la viabilidad de la ejecución de los contratos.
La CNC aboga por dar una ponderación mayoritaria a criterios cuantificables mediante fórmulas claras
También insiste en la importancia de establecer plazos de presentación de ofertas adecuados a la complejidad de cada contrato, así como en la necesidad de fomentar la profesionalización de los órganos de contratación, para prevenir activamente prácticas anticompetitivas.
Si bien apoya la inclusión de criterios sociales, medioambientales o de innovación, recomienda que estos se configuren principalmente como condiciones especiales de ejecución para el adjudicatario, y no como una barrera de entrada que pueda excluir injustificadamente a potenciales licitadores.
Asimismo, defiende la subcontratación como una herramienta útil, siempre que se garantice su transparencia y control, al tiempo que propone validar la experiencia adquirida por las pymes como subcontratistas para acreditar su solvencia, fomentando así su crecimiento y acceso como contratistas principales.
También defiende la subcontratación como una herramienta útil, siempre que se garantice su transparencia y control
“La piedra angular de una contratación pública más competitiva reside en la transparencia y la máxima difusión, en línea con lo que se propone en la guía de ampliar la divulgación de las licitaciones más allá de los canales obligatorios, así como de publicar con antelación los planes anuales de contratación”, señala la patronal.
Asimismo, urge a optar por procedimientos abiertos y accesibles, ajustar la solvencia exigida a la naturaleza real del contrato y dividir los proyectos en lotes, siempre que sea posible, para dar cabida a la especialización y capacidad de las pymes (que suponen el 99% de las empresas del sector en España), e insta a considerar las limitaciones financieras de estas empresas, previendo garantías más flexibles y la posibilidad de realizar pagos parciales por fases.
Según la asociación Seopan, el incremento sigue respondiendo a la mayor actividad de los ayuntamientos, frente al descenso del Estado. Las entidades locales licitaron proyectos por valor de 9.730 millones de euros, un 32% más.
Las licitaciones de obra pública lanzadas por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 23.500 millones de euros hasta el pasado mes de octubre, lo que representa un crecimiento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), el incremento sigue respondiendo, principalmente, a la mayor actividad de los ayuntamientos, frente al descenso en las administraciones del Estado.
En concreto, las entidades locales licitaron proyectos por valor de 9.730 millones de euros, un 32% más, aunque también destacó el aumento del 8% de las comunidades autónomas, principalmente en Madrid, donde se disparó un 240% (1.600 millones), y en La Rioja, donde se multiplicó por cuatro (122 millones de euros).
Por el contrario, la Comunidad Valenciana es la región donde más cayeron las licitaciones de obra pública, un 69%, con solo 262 millones de euros. En Castilla-La Mancha también retrocedieron un 52% (91 millones) y en Aragón otro 46% (89 millones).
También destacó el aumento del 8% de las comunidades autónomas
Respecto a la Administración General del Estado, licitó obras por 7.110 millones de euros, un 15% menos, destacando los descensos del 20,6% del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del 26,7% del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que en el resto de departamentos ministeriales aumentaron un 6%.
En Transportes, Adif licitó 2.765 millones, un 26% menos; los puertos un 11% menos (474 millones); las carreteras un 45% menos (631 millones), y Seitt, que explota las autopistas rescatadas, un 73% menos (40 millones). Solo Aena las aumentó, un 10%, hasta los 438 millones.
https://www.ejeprime.com/mercado/la-licitacion-de-vivienda-publica-se-dispara-189-hasta-septiembre