La obra nueva acelera: las viviendas iniciadas crecerán un 30% en 2019
En el último año han aumentado un 17% los visados de obra nueva y un 25% los certificados de fin de obra en la ciudad de Madrid.
El mercado residencial acelera. El número de viviendas iniciadas en 2019 crecerá un 30% respecto al 2018 y se construirán 115.000 nuevos pisos. Este es el vaticinio del informe Snapshot residencial del primer trimestre y el Informe residencial 2019 que publica la consultora inmobiliaria Knight Frank. Se espera que este año se entreguen 80.000 viviendas, un 35% más que el año anterior.
Knight Frank centra parte de su estudio en el mercado residencial madrileño, que ha sido uno de los primeros en “consolidar la recuperación del sector inmobiliario en España”. En esta ciudad, los visados de obra nueva aumentaron un 17% y los certificados de fin de obra crecieron un 25% en el último año.
En total existen casi 3.500 viviendas de obra nueva libre en Madrid, especialmente en el exterior de la M-40 y en la zona de los Programa de Actuación Urbanística (PAUs): solo el 21% del total de viviendas se localiza en el interior de la M-30 por la falta de suelo final.
La moderación del mercado permitirá que “se alargue el ciclo”, según el director del área residencial de Knight Frank
La limitada oferta de viviendas, tanto de compra como de alquiler, en la capital española permite prever que los precios seguirán creciendo durante este año, especialmente en las zonas del centro de la ciudad.
En conjunto, el informe destaca que el crecimiento se moderará, aunque para el director del área residencial de la consultora, Carlos Zamora, es “una buena noticia porque provocará que se alargue el ciclo económico”.
Además, Zamora destaca que la vivienda tiene una rentabilidad del 4%, “un 1,2% superior a la que ofrecen otras inversiones alternativas como los bonos del Estado”. En este sentido, 2018 cerró el año con un aumento del 9% en la compraventa de viviendas y de un 4% en su precio.
Hipotecas más restrictivas y un menor esfuerzo en la compra de viviendas, las grandes diferencias respecto a 2008.
La situación actual en el sector, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, es diferente a la que se vivió en 2008. En concreto, el documento explica que ahora existen unas hipotecas con condiciones más restrictivas, una mayor profesionalización del sector y precios por debajo del pico.
Además, también se destaca que las familias deben hacer un menor esfuerzo para comprar una vivienda. A finales de 2018, la cifra se situaba en el 32%, lejos del límite de endeudamiento del 35% que se aconseja para las familias, según el informe.
Los principales retos del sector para este año implican con especial relevancia al Proptech para mejorar el proceso de comercialización. Además, el big data, el blockchain o estrategias de crowdfunding y crowdlending ofrecen grandes ventajas competitivas.
La ley fija que las rentas no superen el 10% del índice de referencia de las zonas sensibles. En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20%.
Luz verde a la norma para limitar los precios del alquiler en Cataluña. El ejecutivo de Quim Torra ha aprobado el decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una “falta acreditada de vivienda asequible”.
En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20% durante los cinco años posteriores a las obras. En pisos con vistas excepcionales, piscina o jardín, el límite de los precios puede ascender hasta el 25%.
Lo han explicado este martes la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Una estampa de normalidad tras las discrepancias en el Govern evidenciadas la semana pasada.
En las viviendas nuevas, el límite de los precios se situará un 20% por encima del índice de referencia
El decreto considera áreas con un “mercado de vivienda tenso” aquellos municipios donde está en riesgo la provisión de vivienda de alquiler “asequible”. En este caso, se trata de poblaciones donde el precio del alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento sostenible superior al de la media de Cataluña; que la relación entre el precio del alquiler y el presupuesto familiar supere la cifra catalana, o que el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con la evolución del parque de viviendas, entre otros factores.
Para declarar estas áreas, tendrán facultades el departamento de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente la Conselleria de Territorio, y los ayuntamientos, a través de un acuerdo manifestado en el pleno del Consejo Municipal.
Poco después, la candidata número dos de Junts per Catalunya (JxCat) al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha indicado que la Conselleria de Territorio buscará “formas indirectas” para regular el precio del alquiler.
La obra nueva, en mínimos históricos por el alza de precios de la construcción
El crecimiento del coste de la construcción ha impactado directamente a los planes de negocio de las promotoras, que han rebajado sus previsiones de entrega para los próximos años.
La construcción de vivienda, en mínimos históricos. El mercado residencial en España se encuentra en fase de consolidación, con una demanda estable y una intensidad de crecimiento moderada, tanto en el número de compraventas de viviendas como en los precios. Sin embargo, la construcción de vivienda se encuentra a niveles históricamente bajos, mucho menores a las cifras registrados antes de la crisis.
En 2018, el volumen de vivienda de obra nueva terminada alcanzó las 64.500 unidades, un 18% más que en 2017. Sin embargo, esta cifra representa tan solo un 16% sobre el total de unidades construidas en 1990 y una décima parte de las viviendas terminadas en 2008, según el informe Mercado residencial en España 2019, elaborado por la consultora Cbre.
“La tendencia sugiere que el sector está alcanzando una velocidad de crucero, pero la producción de vivienda nueva continuará en niveles relativamente moderados en los próximos dos años”, apunta Álvaro Martín Guerrero, consultor senior research de Cbre.
“La gestión y ordenación de suelo, la tramitación de licencias, la capacidad productiva y el repunte sobre los costes de construcción continúan lastrando el potencial de los promotores para construir vivienda”, destaca Samuel Población, director nacional de producto residencial y suelo de la consultora en España.
Los costes de la construcción de viviendas crecieron un 10,3% en 2018
A cierre del año pasado, los costes de la construcción de edificación residencial crecieron un 10,3% interanual, según el Índice de Costes Directos de Construcción elaborado por ACR Grupo. En 2015, la tendencia de estabilidad de los costes se revirtió y se inició una escalada de precios que se ha mantenido por encima de los dos dígitos a lo largo de estos años. El crecimiento anotado en 2018 se suma al incremento del 12,1% registrado en 2017.
Este factor ha afectado notablemente a las promotoras, algunas de las cuales han rebajado su previsión de entrega de viviendas para los próximos años. Neinor lanzó un profit warning a principios de abril de este año y anunció una rebaja del 50% del resultado bruto de explotación (ebitda) previsto hasta 2021.
El nuevo plan de negocio prevé la entrega de entre 1.200 viviendas y 1.700 viviendas durante este año, frente a las 2.000 previstas. En 2020, la compañía espera dar las llaves de sus inmuebles a entre 1.700 clientes y 2.400 clientes, una rebaja del 47% del número de entregas. La compañía atribuyó esta situación a la demora en el comienzo de las obras debido a “retrasos en las licencias” y a la tendencia alcista de los costes de construcción.
Quabit y Metrovacesa, por su parte, también han comunicado a sus inversores que no cumplirán con su plan de negocio en 2019 y 2020. La empresa dirigida por Félix Abánades atribuyó su retraso en el plan de negocio a la demora de las obras.
La ley fija que las rentas no superen el 10% del índice de referencia de las zonas sensibles. En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20%.
Luz verde a la norma para limitar los precios del alquiler en Cataluña. El ejecutivo de Quim Torra ha aprobado el decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una “falta acreditada de vivienda asequible”.
En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20% durante los cinco años posteriores a las obras. En pisos con vistas excepcionales, piscina o jardín, el límite de los precios puede ascender hasta el 25%.
Lo han explicado este martes la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Una estampa de normalidad tras las discrepancias en el Govern evidenciadas la semana pasada.
En las viviendas nuevas, el límite de los precios se situará un 20% por encima del índice de referencia
El decreto considera áreas con un “mercado de vivienda tenso” aquellos municipios donde está en riesgo la provisión de vivienda de alquiler “asequible”. En este caso, se trata de poblaciones donde el precio del alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento sostenible superior al de la media de Cataluña; que la relación entre el precio del alquiler y el presupuesto familiar supere la cifra catalana, o que el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con la evolución del parque de viviendas, entre otros factores.
Para declarar estas áreas, tendrán facultades el departamento de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente la Conselleria de Territorio, y los ayuntamientos, a través de un acuerdo manifestado en el pleno del Consejo Municipal.
Poco después, la candidata número dos de Junts per Catalunya (JxCat) al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha indicado que la Conselleria de Territorio buscará “formas indirectas” para regular el precio del alquiler.
A escala global, la ciudad más cara es San Francisco, con un precio de alquiler de la vivienda de 720 dólares (645 euros) por semana y una renta de 1.050 dólares (940 euros) por mesa de coworking.
Barcelona, la ciudad europea más barata para trabajar. Así se desprende del informe Tech cities in motion de Savills, que estima que el precio del alquiler residencial es, de media, de 250 dólares por semana (224 euros). El precio medio por el alquiler de una mesa en un coworking es de 380 dólares al mes (340 euros). Estos precios están muy por debajo de las rentas de otras ciudades como Ámsterdam, Londres o París, lo que convierte la capital catalana en la ciudad europea más barata para trabajar.
Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por Savills World Research. “Los altos costes de alojamiento pueden disuadir a los jóvenes talentos de mudarse a otra ciudad”, advierte el estudio. En definitiva, los precios de la vivienda son un factor que las personas tienen en cuenta cuando deciden dónde instalarse.
En San Francisco, por ejemplo, las rentas han crecido muy rápido en los últimos diez años, alcanzado los 720 dólares por semana (645 euros). Nueva York, en cambio, es más cara en conjunto, pero el precio de la vivienda de alquiler se sitúa en los 520 dólares por semana (465 euros).
Los precios de una mesa de ‘coworking’ en Estocolmo ascienden a mil dólares al mes
En cuanto a los precios de los alquileres, Berlín y Barcelona se sitúan en un nivel semejante, alcanzando los 200 dólares (179 euros) por semana y 250 dólares (224 euros), respectivamente. La diferencia la marca el precio de las oficinas, que asciende hasta 520 dólares (465 euros) al mes en la capital alemana.
La expansión de los coworkings va de la mano del crecimiento del sector tecnológico. Los espacios de oficinas flexibles han alcanzado hasta el 13% de la superficie total del mercado en Londres o Dublín. “El sector está creciendo muy rápidamente, pero todavía hay margen para hacerlo aún más”, mantiene la consultora.
Los costes más caros se encuentran en San Francisco y Estocolmo, donde el precio de una mesa en un coworking asciende a 1.050 dólares (940 euros) al mes y 1.000 dólares (896 euros), respectivamente, por el desequilibrio entre oferta y demanda.
El año pasado, el número de viviendas protegidas de planes estatales o autonómicos aumentó por primera vez desde 2008, según los últimos datos del Ministerio de Fomento.
Privada y para propiedad. Esta es la radiografía de la vivienda de protección oficial (VPO) en España, que se ha convertido en uno de los vectores del debate político en materia de vivienda en las últimas elecciones generales y promete copar gran parte del debate de cara a las autonómicas. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Fomento, más de un 88% de las viviendas calificadas como de protección oficial el año pasado fueron impulsadas por promotores privados, y cerca de un 81% se destinaron a la propiedad.
En concreto, el año pasado se entregaron en España 5.167 viviendas protegidas de planes estatales o autonómicos, un 4,6% más que en 2017. Se trata de la primera vez que aumenta el dato desde 2008.
Con todo, el volumen de vivienda protegida en España continúa a años luz de los niveles registrados antes de la crisis, cuando se llegaron a entregar casi 70.000 viviendas de protección oficial al año.
Antes del estallido de la crisis, con el acceso a la vivienda como un problema visualizado por gran parte de la sociedad (en 2007 se convirtió en el principal problema para los españoles, según el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la entrega de viviendas de VPO crecía año a año.
El récord en lo que va de siglo se anotó en 2008, cuando se entregaron 68.587 VPO. Desde entonces, la cifra no dejó de caer, hasta tocar mínimos en 2017 con apenas 4.938 viviendas calificadas definitivamente como de protección oficial.
Pero, ¿cómo es la VPO española? El año pasado, de las 5.167 viviendas entregadas, apenas 615 fueron impulsadas por las administraciones públicas, mientras que 4.552 las desarrollaron compañías de titularidad privada.
País Vasco es la comunidad autónoma que más VPO de promotor público entregó, aunque apenas se superaron las 260 viviendas. Le siguieron Madrid, con 139 VPO de promotor público, y Navarra, con 120.
La capital española fue también la que lideró, y a gran distancia, las viviendas de protección oficial de promotor privado. En concreto, el año pasado se entregaron en la comunidad 2.279 activos de este tipo. País Vasco, Cataluña y Navarra completan el top tres en esta categoría, con 594, 573 y 468 viviendas, respectivamente.
Barcelona, donde 573 de las VPO entregadas el año pasado fueron de promotores privados (frente a las sesenta públicas) llevó de nuevo estas siglas a la primera plana política a raíz de los planes de su alcaldesa, Ada Colau, de obligar a los promotores a reservar un 30% de las nuevas vivienda a pisos protegidos.
Más compra que alquiler
A diferencia de lo que ocurre en otros mercados europeos, la mayoría de vivienda protegida que se promueve en España se destina a la propiedad. En concreto, el año pasado se entregaron 4.181 VPO para su venta, de las cuales 2.340 se encontraban en la comunidad de Madrid. En cambio, apenas un 346 se destinaron al alquiler sin opción a compra, y unas siete fueron de alquiler con opción a compra.