La ley fija que las rentas no superen el 10% del índice de referencia de las zonas sensibles. En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20%.
Luz verde a la norma para limitar los precios del alquiler en Cataluña. El ejecutivo de Quim Torra ha aprobado el decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una “falta acreditada de vivienda asequible”.
En el caso de las viviendas nuevas o totalmente rehabilitadas, el porcentaje se eleva al 20% durante los cinco años posteriores a las obras. En pisos con vistas excepcionales, piscina o jardín, el límite de los precios puede ascender hasta el 25%.
Lo han explicado este martes la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Una estampa de normalidad tras las discrepancias en el Govern evidenciadas la semana pasada.
En las viviendas nuevas, el límite de los precios se situará un 20% por encima del índice de referencia
El decreto considera áreas con un “mercado de vivienda tenso” aquellos municipios donde está en riesgo la provisión de vivienda de alquiler “asequible”. En este caso, se trata de poblaciones donde el precio del alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento sostenible superior al de la media de Cataluña; que la relación entre el precio del alquiler y el presupuesto familiar supere la cifra catalana, o que el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con la evolución del parque de viviendas, entre otros factores.
Para declarar estas áreas, tendrán facultades el departamento de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente la Conselleria de Territorio, y los ayuntamientos, a través de un acuerdo manifestado en el pleno del Consejo Municipal.
Poco después, la candidata número dos de Junts per Catalunya (JxCat) al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha indicado que la Conselleria de Territorio buscará “formas indirectas” para regular el precio del alquiler.
A escala global, la ciudad más cara es San Francisco, con un precio de alquiler de la vivienda de 720 dólares (645 euros) por semana y una renta de 1.050 dólares (940 euros) por mesa de coworking.
Barcelona, la ciudad europea más barata para trabajar. Así se desprende del informe Tech cities in motion de Savills, que estima que el precio del alquiler residencial es, de media, de 250 dólares por semana (224 euros). El precio medio por el alquiler de una mesa en un coworking es de 380 dólares al mes (340 euros). Estos precios están muy por debajo de las rentas de otras ciudades como Ámsterdam, Londres o París, lo que convierte la capital catalana en la ciudad europea más barata para trabajar.
Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por Savills World Research. “Los altos costes de alojamiento pueden disuadir a los jóvenes talentos de mudarse a otra ciudad”, advierte el estudio. En definitiva, los precios de la vivienda son un factor que las personas tienen en cuenta cuando deciden dónde instalarse.
En San Francisco, por ejemplo, las rentas han crecido muy rápido en los últimos diez años, alcanzado los 720 dólares por semana (645 euros). Nueva York, en cambio, es más cara en conjunto, pero el precio de la vivienda de alquiler se sitúa en los 520 dólares por semana (465 euros).
Los precios de una mesa de ‘coworking’ en Estocolmo ascienden a mil dólares al mes
En cuanto a los precios de los alquileres, Berlín y Barcelona se sitúan en un nivel semejante, alcanzando los 200 dólares (179 euros) por semana y 250 dólares (224 euros), respectivamente. La diferencia la marca el precio de las oficinas, que asciende hasta 520 dólares (465 euros) al mes en la capital alemana.
La expansión de los coworkings va de la mano del crecimiento del sector tecnológico. Los espacios de oficinas flexibles han alcanzado hasta el 13% de la superficie total del mercado en Londres o Dublín. “El sector está creciendo muy rápidamente, pero todavía hay margen para hacerlo aún más”, mantiene la consultora.
Los costes más caros se encuentran en San Francisco y Estocolmo, donde el precio de una mesa en un coworking asciende a 1.050 dólares (940 euros) al mes y 1.000 dólares (896 euros), respectivamente, por el desequilibrio entre oferta y demanda.
El año pasado, el número de viviendas protegidas de planes estatales o autonómicos aumentó por primera vez desde 2008, según los últimos datos del Ministerio de Fomento.
Privada y para propiedad. Esta es la radiografía de la vivienda de protección oficial (VPO) en España, que se ha convertido en uno de los vectores del debate político en materia de vivienda en las últimas elecciones generales y promete copar gran parte del debate de cara a las autonómicas. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Fomento, más de un 88% de las viviendas calificadas como de protección oficial el año pasado fueron impulsadas por promotores privados, y cerca de un 81% se destinaron a la propiedad.
En concreto, el año pasado se entregaron en España 5.167 viviendas protegidas de planes estatales o autonómicos, un 4,6% más que en 2017. Se trata de la primera vez que aumenta el dato desde 2008.
Con todo, el volumen de vivienda protegida en España continúa a años luz de los niveles registrados antes de la crisis, cuando se llegaron a entregar casi 70.000 viviendas de protección oficial al año.
Antes del estallido de la crisis, con el acceso a la vivienda como un problema visualizado por gran parte de la sociedad (en 2007 se convirtió en el principal problema para los españoles, según el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la entrega de viviendas de VPO crecía año a año.
El récord en lo que va de siglo se anotó en 2008, cuando se entregaron 68.587 VPO. Desde entonces, la cifra no dejó de caer, hasta tocar mínimos en 2017 con apenas 4.938 viviendas calificadas definitivamente como de protección oficial.
Pero, ¿cómo es la VPO española? El año pasado, de las 5.167 viviendas entregadas, apenas 615 fueron impulsadas por las administraciones públicas, mientras que 4.552 las desarrollaron compañías de titularidad privada.
País Vasco es la comunidad autónoma que más VPO de promotor público entregó, aunque apenas se superaron las 260 viviendas. Le siguieron Madrid, con 139 VPO de promotor público, y Navarra, con 120.
La capital española fue también la que lideró, y a gran distancia, las viviendas de protección oficial de promotor privado. En concreto, el año pasado se entregaron en la comunidad 2.279 activos de este tipo. País Vasco, Cataluña y Navarra completan el top tres en esta categoría, con 594, 573 y 468 viviendas, respectivamente.
Barcelona, donde 573 de las VPO entregadas el año pasado fueron de promotores privados (frente a las sesenta públicas) llevó de nuevo estas siglas a la primera plana política a raíz de los planes de su alcaldesa, Ada Colau, de obligar a los promotores a reservar un 30% de las nuevas vivienda a pisos protegidos.
Más compra que alquiler
A diferencia de lo que ocurre en otros mercados europeos, la mayoría de vivienda protegida que se promueve en España se destina a la propiedad. En concreto, el año pasado se entregaron 4.181 VPO para su venta, de las cuales 2.340 se encontraban en la comunidad de Madrid. En cambio, apenas un 346 se destinaron al alquiler sin opción a compra, y unas siete fueron de alquiler con opción a compra.
En el mes de marzo, las licitaciones destinadas a vivienda pública han alcanzado 38,7 millones de euros, un 23% menos que la inversión destinada el año pasado.
La inversión en vivienda pública crece tras varios años de caídas. Entre enero y marzo de este año, la Administración pública ha destinado 132,5 millones de euros a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, un 26% más que el mismo periodo del año anterior. La inversión en vivienda pública acumula tres años de crecimiento consecutivo, registrando incrementos a doble dígito, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan.
En 2018, la inversión agregada en vivienda pública de todas las administraciones ascendió a 355,33 millones de euros, un 29% menos que el año anterior. Las licitaciones de vivienda empezaron a subir en 2013, hasta alcanzar un total de 240.112 millones de euros de inversión.
En 2015, la inversión en vivienda publica cayó de nuevo, hasta 211.629 millones de euros. Un año después, las licitaciones crecieron un 6% y en 2017 duplicaron su valor, hasta 500.974 millones de euros. 2018 fue el primer año que las licitaciones bajaron después de dos años de crecimiento.
Del total de la inversión realizada en el primer trimestre de este año, el 69,4%, 92 millones de euros, se ha destinado a obra nueva, mientras que el 30,6% restante se ha invertido en rehabilitación y mantenimiento. Respecto al mismo periodo del año anterior, la inversión en obra nueva ha crecido un 10,8%, mientras que el capital destinado a rehabilitación y mantenimiento ha aumentado un 82,6%, hasta alcanzar 40,5 millones de euros.
En concreto, en marzo de este año, las licitaciones de viviendas han implicado una inversión de 38,7 millones de euros, un 23% menos que el mismo mes el año pasado. De hecho, la inversión de vivienda pública ha caído después de dos años de crecimiento en el mes de marzo.
En cualquier caso, la inversión en vivienda pública representa tan sólo el 2,5% del total de las licitaciones de las administraciones públicas. La inversión total del Estado en obras públicas durante el primer trimestre del año ha ascendido a 5.318 millones de euros.
Se han alcanzado los 191 millones de euros en inversión logística. En esta cifra ha tenido un peso importante la compra de activos de Columbus y Pulsar que ha superado el 60% del total de la inversión realizada.
La contratación logística en Valencia, al alza. El sector logístico español ha alcanzado en el primer trimestre de 2019 una contratación de 464.000 metros cuadrados, distribuidos principalmente en la zona central de España, Cataluña, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, según un estudio de Cbre.
La zona centro española ha registrado una contratación de 73.700 metros cuadrados. La cifra supone un descenso del 67% respecto al primer trimestre del año pasado. La distribución a nivel local fue la que alcanzó mayor número de operaciones, englobando cerca de 30.000 metros cuadrados.
Cataluña ha alcanzado un alto nivel de contratación en el primer trimestre con 215.700 metros cuadrados, superando en un 18% la cifra registrada en el mismo periodo de 2018. Casi el 90% de la contratación de este trimestre ha sido de proyectos llave en mano o de pre-alquiler, debido a la escasez de oferta disponible.
Cataluña ha alcanzado los 215.700 metros de contratación, un 18% más que el primer trimestre del año pasado
Valencia ha registrado una contratación de 160.000 metros cuadrados, cifra que se duplica respecto al mismo período de 2018. Por su parte, la contratación logística en Sevilla, Zaragoza y Bilbao ha alcanzado los 9.500 metros, 3.600 metros y 1.500 metros cuadrados, respectivamente.
Por parte de la inversión, en el primer trimestre de 2019 se ha alcanzado un volumen de 191 millones de euros. En esta cifra ha tenido un peso importante la compra de activos de la empresa logística Columbus y la promotora Pulsar que ha superado el 60% del total de la inversión realizada.