Para poder licitar, lo primero es prepararse. Así es como se recoge en la “Guía práctica de la Contratación Pública para las PYME”, elaborado y publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A la hora de explicar cómo debe prepararse la empresa, desde este documento advierten que las reglas de la contratación pública se rigen por la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público), y que ésta siempre va a solicitar una serie de requisitos para poder acceder a las licitaciones. Para ello, es importante tener siempre localizados los documentos necesarios, de manera que no haya riesgo de exclusión por falta de alguno, o por no llegar a tiempo a presentar lo que se solicite.
Por tanto, lo primero es tener información. Es decir, conocer las necesidades de los proyectos, qué requisitos hay que cumplir y qué documentación hay que recopilar y presentar. Además, es recomendable consultar periódicamente la plataforma de Contratación del Sector Público, ya que es donde se especifican los plazos para acceder a las licitaciones.
Documentación necesaria
En lo que se refiere a la documentación, según aseguran en la guía, se ha reducido significativamente. No obstante, siempre habrá que presentar una serie de archivos para poder inscribirse en la oferta. Para estar preparados, lo aconsejables es tener varios “kits de documentos” de los que suelen pedir para facilitar la solicitud, según expone la guía. Éstos son: la declaración responsable que seguirá el modelo del Documento Único de Contratación de la Unión Europea (DEUC), la documentación que acredite la capacidad de obrar, así como la ausencia de prohibición de contratar y la solvencia técnica y administrativa.
A todo esto, solo habría que añadir documentos más específicos de la actividad o el sector de la empresa, u otro tipo de obligaciones detalladas en el pliego de condiciones.
Capacidad para licitar
En toda licitación es necesario acreditar la capacidad para hacerlo. Dependiendo de cada caso se deberá presentar un tipo de documentación u otra. En el caso de los autónomos, es necesario demostrar la mayoría de edad, además de acreditar que su actividad está relacionada con la del proyecto que ofrece el contrato público. Por su parte, las personas jurídicas (sociedades mercantiles y entidades del tercer sector) es preciso que se inscriban en el registro que le corresponda y que sus estatutos tengan contemplado el desarrollo de prestaciones similares a la del contrato al que se quiere acceder. Para poder demostrar la capacidad de obrar, se ha de presentar el conocido como DEUC, que no es más que una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública. Pero, una vez que la propuesta resulte adjudicataria, se deberá aportar otra serie de archivos. En todos los casos, lo primero es la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y, en función del tipo de persona, se deberán aportar otros títulos:
Los autónomos que sean personas físicas: el DNI o NIE y el último recibo del IAE.
Las personas jurídicas: las escrituras de la empresa o constitución de los estatutos, además de su correspondiente registro.
En toda acreditación, además, es obligatorio acreditar la ausencia de prohibición de contratar.
Solvencias exigidas a las pymes
Por último, en el pliego de toda licitación se especificarán las condiciones concretas de la solvencia exigida a la pyme. Existen varios tipos de solvencia que la empresa deberá demostrar: la financiera o económica, la profesional o técnica, así como una serie de garantías o avales.
Las condiciones de solvencia económica se establecen en función del volumen de negocio, el patrimonio de la empresa o mediante el seguro de responsabilidad civil. Además de presentar el DEUC, en caso de resultar adjudicataria se deberán adjuntar también los siguientes comprobantes:
Para demostrar el volumen de negocio, los libros de inventarios y cuentas anuales debidamente registradas donde corresponda, además de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
En el caso de la acreditación del patrimonio neto se debe presentar la certificación del registro mercantil de las cuentas anuales o del registro oficial en el que esté inscrita la empresa, para comprobar la diferencia entre activos y pasivos.
Por su parte, la solvencia técnica de una empresa se establece tomando como base las obras ejecutadas en años anteriores, el personal, el nivel formativo de los dirigentes y la maquinaria y los materiales que se utilizan para la ejecución del proyecto. Para ello se han de presentar informes e importes de obras anteriores, títulos académicos, contratos de los empleados y de compraventa de equipos y maquinaria.
También puede especificarse en el pliego documentos relativos a la solvencia técnica de suministros y servicios, en cuyo caso se deben recopilar aquellos referidos a las instalaciones, certificados oficiales de controles de calidad, medidas medioambientales adoptadas, etc.
Por último, las licitaciones pueden exigir ciertas garantías. Para ello, se deben entregar comprobantes de dinero en efectivo, avales o seguros.
Los días 14 y 18 de marzo, respectivamente, se han publicado en el BOE estas disposiciones; por un lado, el Real Decreto 463/2020, la disposición adicional tercera del que tiene impacto en materia de contratación pública en cuanto a plazos -se suspenden y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público y establece que el cómputo se reanudará en el momento en que finalice la vigencia del Real decreto o, en su caso, sus prórrogas (apartado 1); se prevé que dicha suspensión e interrupción se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (apartado 2), si bien el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar prejuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo (apartado 3); y, finalmente, se señala que esta disposición adicional tercera no afecta a los procedimientos y las resoluciones de las entidades del sector público, cuando éstos estén referidas a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma (apartado 4).
Por otra parte, el Real Decreto-ley 8/2020 establece, en cuanto a contratación pública, una serie de medidas en el artículo 34, en concreto, en relación con la ejecución de los contratos, distinguiendo en función de si se trata de servicios y de suministros -distinguiendo, al mismo tiempo, en función si se trata o no de contratos de prestación sucesivamente, de contratos de obras o de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, concretando que las previsiones respecto de los contratos de servicios y de suministros no son de aplicación a los contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por Covidien-19, a los contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, los contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte, ni a los contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos del Presupuestos Generales del Estado.
Ambas normas entraron en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.
La compañía gallega cuenta con ocho promociones donde ya han empezado las obras y seis proyectos más que prevé empezar en los próximos meses.
Inveravante, a la altura de las grandes promotoras. La compañía gallega prevé entregar 1.544 viviendas divididas en catorce promociones en los dos próximos años. Canarias, Andalucía y Galicia concentran la mayoría de los proyectos, según han confirmado fuentes de la compañía a EjePrime. En concreto, la empresa cuenta con ocho promociones que ya están en marcha y que suman 1.092 inmuebles. Tres de estas promociones están ubicadas en Andalucía; dos, en Madrid, y una en Galicia, Canarias y Navarra. El proyecto de mayor volumen se encuentra en A Coruña, donde Inveravante está levantando un complejo de 475 viviendas, tanto chalets, como pareados y apartamentos en torno a un campo de golf de dieciocho hoyos. Además, la promoción también contempla la construcción de un club social con piscina, zona de juegos para niños y pistas polideportivas. Inveravante centra su negocio futuro en las comunidades de Galicia, Canarias y Andalucía Por otro lado, la compañía está levantando una promoción con 156 pisos en el barrio de Rosas de Madrid que ya está prácticamente comercializado en su totalidad. También en la capital de España, aunque en el barrio de Guindalera, Inveravante está construyendo un edificio que sumará diecisiete viviendas. Por otro lado, la promotora ha lanzado otras seis promociones, que suman otros 404 inmuebles que aún no se están construyendo. La mayoría de los activos se concentran en Galicia y Canarias, aunque también se ubican en Catalunya y Asturias. La compañía cuenta con una cartera de suelo de 1,2 millones de metros cuadrados edificables La mayor de estas promociones se encuentra en segunda línea de mar en Vigo (Pontevedra). Cuenta con 155 viviendas divididas en diez alturas, a las que hay que sumar un solárium en la azotea. Además, contará con una zona verde pública de nueva creación, un salón social y un local comercial pensado para un supermercado. Estas promociones se enmarcan en el plan de la compañía para el trienio 2019-2021, con el que prevé unos ingresos de 770 millones de euros y la entrega de más de 2.500 viviendas. Además, la promotora cuenta con una cartera de suelo de 1,2 millones de metros cuadrados edificables adicionales, lo que le permitirá multiplicar por cuatro estas cifras en los próximos años.
El fondo alemán busca invertir en los segmentos de oficinas, hoteles y logística, mientras que mantendrá un perfil bajo en retail.
Deka, mantiene su interés por España. El fondo de inversión alemán prevé invertir 500 millones en 2020 en el mercado inmobiliario español, aunque esta es una cifra flexible que podría aumentar, según ha explicado el director del departamento de gestión de fondos inmobiliarios retail de Deka Management, Esteban de Lope, a EjePrime.
La compañía se encuentra rastreando el mercado español en busca de activos en los que invertir. Además, el fondo cuenta con una cartera compuesta principalmente por locales comerciales, pero busca diversificar su oferta.
Deka está interesada en invertir en activos logísticos, oficinas y hoteles, aunque están encontrando dificultades en encontrar inmuebles en los que invertir, debido a la falta de liquidez del mercado. La compañía también rastrea el mercado del reatial, pero lo mantiene en segundo plano.
Deka está interesada en invertir en activos logísticos, oficinas y hoteles
Dentro del sector logístico, la compañía está interesada en naves de entre 50.000 metros cuadrados y 60.000 metros cuadrados y estudia invertir en activos destinados a la última milla, aunque no de manera independiente.
La compañía desinvirtió en España el pasado año vendiendo una gran parte la cartera de activos comerciales que había comprado a Inditex. Con la compraventa de once de estos locales por 105 millones de euros, el fondo obtuvo pudo cubrir gastos.
El fondo alemán adquirió la cartera por 400 millones de euros en 2018, y aún mantiene en propiedad cinco de los once activos del paquete inicial. Deka Inmmobilien, la división de inversiones inmobiliarias del Grupo Deka, cuenta con una capacidad de inversión de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales y opera en 25 países, con una gran presencia en Europa.
El distrito tecnológico contará con un 55% más de oficinas en tres años a pesar de la moratoria que mantiene parado el 21,5% del suelo.
El 22@ crece a pesar de la moratoria. El distrito tecnológico barcelonés pasará de los actuales 888.631 metros cuadrados a 1,4 millones de metros cuadrados en 2023, un 55% en tres años, a pesar de la suspensión de licencias que afectará al 21,5% del suelo.
Para este año se prevé que se construyan 37.490 metros cuadrados de oficinas. Para 2021, la previsión asciende a 71.258 metros cuadrados, mientras que en 2022 ya constan 48.252 metros cuadrados en licencia. Además, se han proyectado 62.819 metros cuadrados para 2023, todavía sin licencia.
El Ayuntamiento planteó una moratoria de cuatro meses que no afecta a ninguno de los proyectos de gran envergadura del distrito. Esta medida ha hecho revalorizar los proyectos existentes, según informa Expansión.
La moratorio sobre el 22@ ha hecho revalorizar los proyectos existentes
Entre 2020 y 2021 se levantarán grandes proyectos como el edificio de 8.500 metros cuadrados para Criteo que están desarrollando Freo y Oaktree, la nueva sede de Everis de 30.000 metros cuadrados que está llevando a cabo Meridia o los 8.350 metros cuadrados que construirá Conren para Amundi, entre otros.
La disponibilidad actual de oficinas en Barcelona se encuentra en un 4%, aunque en el 22@ esta tasa se reduce al 2%. El volumen de contratación del segmento superó los 394.000 metros cuadrados, su segundo mejor año desde 2007.
La capital catalana registrará un cremento del 4% en el precio de los espacios de trabajo, mientras que en Madrid incrementarán un 2,9%.
El sector de oficinas acelera en Barcelona. La capital catalana será la segunda ciudad europea con el mayor aumento en rentas de oficinas hasta 2023 con un 4%, sólo superada por Oslo, donde las rentas del segmento aumentarán un 5,1% en los próximos tres años.
Además, Barcelona también consigue la segunda posición en el valor de mercado, que crecerá un 4% los próximos tres años. En este índice, la capital catalana está superada por Moscú, donde el valor de mercado incrementará un 4,9%.
Por otro lado, Madrid se coloca como la undécima ciudad europea que experimentará un mayor crecimiento en las rentas en el sector de oficinas, con un aumento del 2,9%, según un estudio de la consultora JLL.
El mercado de oficinas de Barcelona, el segundo con un mayor incremento de las rentas en Europa hasta 2023
En cuanto al crecimiento de valor de mercado, el sector de oficinas de Madrid se posiciona como el duodécimo mercado europeo que experimentará un mayor incremento, con un crecimiento del 2,9%.
Durante el cuarto trimestre de 2019, las rentas en el centro de la capital catalana eran de 21,8 euros al mes por metro cuadrado, mientras que en la misma zona de Madrid el precio era de 23,5 euros por metro cuadrado.
Madrid se coloca como la undécima ciudad europea que experimentará un mayor crecimiento en las rentas
Las rentabilidades en Madrid y Barcelona se mantuvieron en 3,3% y 3,5% respectivamente, un ligero descenso respecto a 2018 cuando. La inversión ha marcado cifra récord y en ambas ciudades ha sumado 8.000 millones de euros, incluyendo el proyecto de HQ Santander de 3.000 millones d euros. La capital catalana sumó una cifra récord de inversión con una volumen de 1.800 millones, mientras que Madrid copó unos 3.000 millones en el sector de oficinas.
En la mayoría de las capitales europeas crecerá el valor de las rentas prime en el mercado de oficinas. Las ciudades con un incremento más moderado serán París, Dublín y Helsininki, mientras que núcleos como Bucarest, Estambul o Génova experimentarán un crecimiento más elevado.
Madrid continúa liderando la atracción de capital, con 845 millones de euros, seguida de Barcelona, con 415 millones de euros, mientras que el resto de España acumuló un volumen de inversión de 525 millones de euros.
valor de 1.800 millones de euros en 2019, un 44% más que en 2018. Madrid continúa liderando las inversiones, con 845 millones de euros, seguida de Barcelona, con 415 millones de euros. Por su parte, el resto de España acumuló un volumen de inversión de 525 millones de euros, un 63,5% interanual más, con Sevilla, Zaragoza y Valencia o Bilbao al frente, según un informe de Knight Frank.
El director del área de logística de la consultora, Alejandro Vega-Penichet, ha asegurado a EjePrime que “el volumen de inversión en el sector logístico será igual o mejor en 2020 que en 2019”. En este sentido, el directivo ha asegurado que “ya se han cerrado o reservado operaciones por encima de los 300 millones de euros”.
Por su parte, la absorción de metros cuadrados logísticos se ha hundido respecto a 2017 y 2018 en el mercado madrileño. En concreto, durante 2019 se contrataron 560.000 metros cuadrados, un 40% menos respecto a los 935.000 metros cuadrados de un año antes.
“El volumen de inversión en el sector logístico será igual o mejor en 2020 que en 2019”, asegura Vega-Penichet
Vega-Penichet ha explicado que esta caída se debe a la incertidumbre política que provocó que “muchas empresas no avanzaran con decisiones corporativas de alquilar nuevas instalaciones logísticas”. Además, el directivo ha destacado que los dos ejercicios anteriores fueron “especialmente buenos” gracias a las operaciones cerradas por Amazon e Inditex y ha recordado que la absorción media en Madrid en los últimos diez años es de 490.000 metros cuadrados anuales.
Paralelamente, los yields en las zonas prime de los mercados de Barcelona y Madrid continuaron contrayéndose, hasta alcanzar una rentabilidad del 4,75% en ambas ciudades. En este sentido, las dos principales urbes españolas se sitúan en la misma línea que Bruselas y Dublín, ambas con una rentabilidad del 5,25%; Berlín, con un 4,5%, o Ámsterdam y París con un 4,25%.
Por su parte, la renta media de las zonas prime de la primera corona de Madrid se situó entre 4,25 euros y 5,5 euros por metro cuadrados al mes; mientras que en la segunda corona se sitúan entre 3,5 euros y 4,75 euros por metro cuadrados al mes, y en la tercera corona, entre 2,6 euros y 3,4 euros por metro cuadrado.
La absorción de metros cuadrados en 2019 cayó un 40% en el mercado madrileño, hasta 560.000 metros cuadrados
La escasez de oferta logística en Cataluña ha provocado que las rentas medias crezcan hasta entre 5,5 euros y siete euros por metro cuadrado al mes en la primera corona de Barcelona; entre cuatro euros y 5,25 euros por metro cuadrado al mes, en la segunda, y entre 2,5 euros y 3,75 euros por metro cuadrado al mes, en la tercera.
En este sentido, el consultor sénior del área de logística de Knight Frank, James Cowper-Coles, ha asegurado que los precios “sólo aumentaran en las ubicaciones urbanas con poca oferta de suelo disponible” que se dediquen a la logística de última milla.