El día 23 de abril de 2020 el Abogado General de la Unión Europea ha emitido estas conclusiones, en las que se pronuncia sobre si las actividades de un anuncio de licitación dirigido a la celebración de acuerdos marco para los servicios de conserjería, recepción y control de acceso de los locales de Poste Italiane -sociedad anónima concesionaria del servicio postal universal que también opera en los sectores financiero, asegurador y de telefonía móvil- y de otras empresas de su grupo están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/25 / UE o de la Directiva 2014/24 / UE.
El Abogado General propone que no es preciso que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso Administrativo del Lacio, Italia), por entender que no son relevantes las cuestiones para el ámbito del litigio actualmente pendiente ante el tribunal nacional.
Sin embargo, por si el Tribunal de Justicia no comparte su opinión, esboza brevemente la respuesta que debería darse al fondo de la cuestión clave mencionada. En su opinión, no hay duda de que las actividades controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/25 / UE en la medida que son necesarias para la adecuada prestación de servicios postales y están, por tanto , relacionadas con ellos en el sentido del artículo 13 de esta Directiva, siendo "irrelevante que los servicios controvertidos no se presten sólo en oficinas de correos, sino también en oficinas administrativas que no acogen al público y en locales en los que se prestan servicios financieros o de seguros ".
Además, señala que "efectivamente, es posible eludir la aplicación de la Directiva 2014/25 / UE si, en lugar de licitar un contrato mixto que englobe todas las actividades, incluidas las postales, la entidad adjudicadora opta por adjudicar contratos para separado para cada una de las diferentes actividades ", y añade que" sin embargo, no se puede eludir la aplicación de esta Directiva sacando a licitación un contrato mixto y al • alegando después de que, dado que la Directiva no se aplicaría a algunas partes del contrato si fueran independientes, no se aplica a la totalidad del contrato ".
El día 23 de abril de 2020 se ha publicado en el DOGC este Decreto Ley, que, por un lado, contiene medidas estructurales y organizativas que quieren ser una continuación de las que se tomaron con el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptaron medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad de Catalunya para poste • liar los efectos de la pandemia generada por la Covidien-19; y de otra, incorpora medidas nuevas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
En concreto, con respecto a la contratación pública, el artículo 2 de este Decreto Ley 13/2020 añade un artículo 5.bis al Decreto ley 12/2020 mencionado para establecer un conjunto de medidas organizativas mientras esté vigente la atribución de competencias al Departamento de Salud en materia de centros de servicios sociales de carácter residencial, así como para regular, además, su régimen en materia de contratación, entre otros, y concretar aún más las actuaciones futuras de carácter presupuestario.
Así, entre otros aspectos, por un lado, señala que, con el fin de asegurar la correcta ejecución de los procedimientos de contratación, los órganos competentes del Departamento de Salud ejercerán las competencias en materia de contratación administrativa y de todos los actos de contenido económico que se deriven, en relación con las competencias asumidas, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que corresponda, en función de la cuantía y, de acuerdo con las delegaciones vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los expedientes que pueda tramitar directamente el Departamento de Salud en ejercicio de sus funciones de intervención.
Por otra parte, dispone que se comprometerán con cargo a los créditos presupuestarios propios los gastos correspondientes a los expedientes, entre otros, de contratación administrativa y otras que impliquen la asunción de compromisos de carácter económico que, desde la entrada en vigor del Decreto ley 12/2020 mencionado, inicien el Departamento de Salud y el Servicio Catalán de la Salud, en ejecución de las competencias asumidas en materia de centros sociales de carácter residencial.
Asimismo, la disposición adicional cuarta de este Decreto Ley 13/2020 establece, de manera singular, la autorización para hacer una contratación de emergencia en atención al peligro que para las personas y bienes puede suponer no realizar las obras que ahora autoriza contratar.
Este Decreto Ley, de acuerdo con su disposición final, entra en vigor el mismo día de su publicación en el DOGC.
La Estrategia catalana de contratación pública, que deberá definir para los próximos cuatro años, tiene como objetivo, dotar a las administraciones públicas catalanas de un sistema de contratación pública que garantice la prestación de servicios de calidad y mejore la gestión de los contratos públicos teniendo en cuenta la eficiencia, una visión responsable de las necesidades, la coherencia entre las diferentes políticas públicas, los principios de transparencia y de integridad y el fin de obtener una mejor relación calidad-precio.
Según el acuerdo, la Estrategia deberá girar en torno a cuatro objetivos específicos:
a) Mejorar la contratación pública en términos de necesidad, costes, agilidad y resultados para conseguir una contratación pública eficiente.
b) Garantizar la compra pública de bienes y servicios de calidad, mediante la selección adecuada de los contratistas, la adquisición de bienes y servicios innovadores y un verdadero control de la ejecución de los contratos.
c) Avanzar en el uso estratégico de la contratación pública como mecanismo de implantación de otras políticas públicas, como son la mejora del medio ambiente y de las condiciones sociales y laborales, la incorporación de las personas con riesgo de exclusión al mercado del trabajo, y el fomento de la participación de las PYME y de las entidades de economía colaborativa y del tercer sector social.
d) Introducir medidas de prevención de la corrupción y de resolución de los conflictos de interés para garantizar la integridad y la transparencia en la contratación pública.
En este sentido, el texto prevé que todas las actuaciones relacionadas con esta materia se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector público, aprobada por el Acuerdo del Gobierno de 15 de enero de 2020.
A pesar de que el País Vasco más que duplicó la inversión en residencial de protección oficial, Cataluña fue la que más invirtió en vivienda pública, con 132,8 millones de euros. En los últimos cinco años, sólo en 2017 Madrid la superó al frente de la clasificación.
Cataluña continúa al frente de la inversión en vivienda pública. La región volvió a cerrar 2019 como la comunidad autónoma que más capital destinó al residencial de protección oficial, a pesar del acelerón del País Vasco, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). En total, durante 2019 se destinaron 513,7 millones de euros a vivienda pública, la mayor cifra desde 2010, cuando al calor de los brotes verdes se llegaron a invertir 1.078,8 millones de euros, para desplomarse un 64% en 2011 y otro 43% en 2012. El informe de licitación regional elaborado por la entidad muestra que el conjunto de las administraciones aumentó en un 43,8% los recursos a la construcción o rehabilitación de vivienda pública en Cataluña en 2019, hasta 132,77 millones de euros. Las administraciones locales coparon el grueso de la inversión, con 115,3 millones de euros. En total, Cataluña acumuló el 25,8% de la inversión pública en este sector. Las administraciones locales tienen un gran peso en toda España a la hora de invertir en vivienda pública, sumando el 56,6% del total, con 290,7 millones de euros. Por detrás, se encuentran las administraciones autonómicas, con 217,1 millones de euros, el 42,3%. Sin embargo, 120,7 millones proceden únicamente de los gobiernos autonómicos de País Vasco y Navarra. Por su parte, el Gobierno central invirtió 7,7 millones, el 1,5% del total.
País Vasco volvió a alcanzar la segunda plaza de la clasificación tras multiplicar por más de dos su inversión en vivienda pública y alcanzar 95,9 millones de euros frente a los cuarenta registrados en 2018. La Comunidad de Madrid completa el podio tras registrar 78,5 millones de euros de inversión, un 34,7% más que en 2018; mientras que Navarra, con 41,1 millones de euros, y Comunidad Valenciana, con 29,9 millones, completan las cinco primeras posiciones. Las administraciones locales tienen un gran peso en la inversión en vivienda pública, sumando el 56,6% del total Por otro lado, sólo cinco comunidades autónomas redujeron su inversión en vivienda pública en 2019. Sin contar Murcia, que con un volumen de sólo 230.000 euros redujo la inversión en un 42,5%; Canarias fue la región más castigada, con un 35,9% menos de capital, hasta 27,6 millones de euros. Galicia, con una reducción del 24,2% hasta 16,3 millones; Cantabria, con un 20,8% menos, hasta doce millones, y Aragón, que prácticamente calcó la inversión de 2018, completan el listado. Cataluña, en cabezaCataluña ha liderado la clasificación cinco de los últimos siete años. Madrid, en 2017, y Andalucía, en 2014, fueron las únicas excepciones. De hecho, es necesario ir hasta 2011 para encontrar a dos comunidades por delante de la catalana. Entonces, Andalucía también fue la región con más inversión en vivienda pública, con 99,8 millones de euros, seguida de Madrid, con 80,6 millones, y la propia Cataluña, con 54,9 millones.
El día 20 de abril de 2020 se ha publicado en el DOGC esta Resolución en la que la Secretaría de Administración y Función Pública, dada la imposibilidad de gestión presencial de los trámites y sol • solicitudes de los interesados por el cierre del acceso a las oficinas de atención ciudadana debido a la declaración del estado de alarma, resuelve, en primer lugar, admitir para la relación con la Administración de la Generalidad, el uso indistinto de cualquiera de los mecanismos de identificación y firma electrónica establecidos en el artículo 6 del Protocolo de identificación y firma electrónica (PISE) -aprobado por Orden GRI / 233/2015, de 20 de julio-, hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en este sentido, señala que "el mecanismo empleado se determina por parte del órgano competente, para cada trámite o procedimiento".
En segundo lugar, resuelve habilitar sistemas alternativos de identificación y firma que permitan a las personas físicas interesadas que no puedan disponer de mecanismos de identificación y firma electrónica establecidos en el PISE, la presentación de sol • solicitudes y peticiones. De este modo, indica que el sistema empleado se puede determinar por parte del órgano competente, para cada trámite o procedimiento, entre los sistemas siguientes: por un lado, la presentación y sol • licitud mediante formularios sin firma electrónica, debiéndose acreditar la identificación y firma con la verificación de la identidad mediante sistemas de comprobación manuscrita o constatación de la identidad mediante plataformas de interoperabilidad de la identificación; y, por otro, sistemas de tramitación mediante comunicación telefónica o videoconferencia.
Finalmente, resuelve admitir el uso de certificados cualificados que hayan caducado, cuya renovación no se haya podido llevar a cabo debido al estado de alarma, mientras dure vigencia del estado de alarma y sus prórrogas , si bien matiza que "se podrán emplear de acuerdo con las instrucciones establecidas por la Dirección General de Administración Digital que determine las funcionalidades de los servicios digitales que permitan esta actuación".
A pesar del frenazo en la economía producido por la pandemia del coronavirus, los expertos no prevén que el precio de la vivienda de obra nueva caiga en los próximos meses.
La crisis del coronavirus no afectará a los precios de la obra nueva. A diferencia de lo que ocurrió en la crisis económica iniciada en 2008, cuando los precios de la obra nueva cayeron en picado, el importe pagado por los pisos de reciente construcción no se verá afectado por el frenazo económico provocado por la pandemia del Covid-19. Las promotoras encaran esta nueva crisis con los deberes hechos y con un nivel de endeudamiento asumible a corto y medio plazo. Además, la producción de nuevas viviendas es inferior al que había antes del pinchazo de la burbuja e incluso está por debajo de las necesidades de la demanda, que se calcula que está entre 110.000 y 140.000 unidades anuales. El director nacional de residencial y suelo de la promotora Cbre, Samuel Población, explica a EjePrime que “prácticamente no hay margen en este mercado para un ajuste de los precios”. En todo caso, la única consecuencia del parón económico será un “retraso en el lanzamiento previsto” de nuevas promociones. La construcción de viviendas está por debajo de las más de 110.000 unidades anuales de demanda Este previsible retraso también fue apuntado por el consejero delegado de Colliers, Mikel Echavarren, en un webinar organizado por EjePrime, donde aseguró que “el sector puede levantar el pie del acelerador y no empezar obras hasta que las viviendas no estén prevendidas”. Echavarren recordó que la caída de 2008 se debió a que “la banca reaccionó con un pánico a su propia liquidez y eso obligó a vender las promociones de obra nueva como fuera”. En todo caso, este ajuste tanto en el ritmo de construcción como en los precios no será homogéneo en el territorio. Las principales ciudades continuarán teniendo una demanda elevada y una oferta escasa, lo que conllevará que la promoción residencial recupere el ritmo con rapidez. Echavarren, aseguró que “no va a haber bajadas significativas de precios e incluso en algunos lugares no va a haber ningún tipo de bajada” ya que las promociones lanzadas cuentan con un alto nivel de preventas e, igualmente, las promotoras pueden aguantar “sin vender el 20% o el 30% de una promoción porque no tienen deuda tóxica”. “Las promotoras pueden aguantar “sin vender el 20% o el 30% de una promoción”, asegura Echavarren Por su parte, el responsable del área de inmobiliaria de empresa de Forcadell, Toni López, explica que “sigue habiendo mucha demanda en el mercado” y augura ajustes de precios al inicio de la recuperación de entre el 5% y el 15%. Estabilización en los costes de construcciónLa crisis del coronavirus tampoco comportará un abaratamiento de los costes de construcción, que en 2019 crecieron 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior empujados por un aumento del 5% en los costes ligados a la mano de obra, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.En este sentido, Echavarren aseguró que “en un mercado racional, con más de dos millones de parados más, estos costes deberían bajar, pero no lo harán”. De este modo, la previsión del directivo es que los precios se estabilicen, una tendencia que ya se venía apuntando en los últimos meses. El hecho de que las obras que ya estaban en marcha sigan su camino, aunque con retrasos, beneficiará al empleo ya que “la falta de mano de obra no será tan acusada”, según explica Población. En todo caso, la promoción de viviendas continuará siendo uno de los principales motores económicos de la economía española, con más de 1,7 millones de trabajadores, y más teniendo en cuenta las perspectivas negativas del sector turístico a causa de la imposibilidad de viajar por el confinamiento. López asegura que “los costes pueden caer al principio, pero se ajustarán al máximo rápido ya que la construcción mueve muchos otros mercados y eso ara que los precios se estabilicen” en un corto periodo de tiempo.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
Un grupo multidisciplinar de expertos valencianos definirá criterios que sirvan a la Comunidad Valenciana para trasladar propuestas al Gobierno para llevar a cabo la «desescalada» del confinamiento.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado tras una reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos, que se tienen que plantear «miradas específicas y miradas globales» ya que algunas medidas deben tener «un acento diferenciado» en función de unos criterios.
[De caso «aislado» a pandemia nacional: dos meses de la primera muerte por Covid-19 en España]
Según Puig, esos criterios deben ser geográficos, por segmentos de edad y grupos sociales y por actividades económicas -según el tipo de negocio-, e irán encaminados a realizar «un itinerario que no será de hoy para mañana».
El president ha manifestado que Sánchez se ha mostrado sensible hacia esta cuestión, y ha destacado que, una vez se ha demostrado que la unidad de acción ante la pandemia ha sido «positiva», de cara al «desconfinamiento» se han de tener en cuenta otros factores porque la epidemia «no actúa igual en todas partes».
«La salida tendrá que tener unas características generales y algunas especificidades» que no solo deben ser por Comunidades Autónomas sino también por municipios, siempre «con la máxima sensibilidad», ha afirmado.
En el grupo de expertos que se va a crear con tal fin, no solo habrá científicos, también habrá profesionales vinculados a la economía y a otras disciplinas, ha precisado Puig, quien ha insistido en que hay que hablar de los criterios que se seguirán cuando se levante el confinamiento, ya sea a partir del 25 de abril o más tarde.
El president ha planteado en la conferencia de presidentes, según ha explicado posteriormente en una rueda de prensa por videoconferencia, que los ERTE del sector turístico se puedan prolongar más allá del estado de alarma ya que al día siguiente «muchos no podrán abrir».
También ha considerado que se debe ir pensando en comenzar a agilizar los trámites administrativos y las licitaciones de obra pública para que puedan avanzar en cuanto a plazos.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
La evolución interanual muestra una caída del 52% a causa de las operaciones de Decathlon y DVS durante el primer trimestre de 2019, que sumaron 139.000 metros de los 228.000 metros cuadrados totales
El logístico catalán crece pese a la poca disponibilidad. Entre enero y marzo se contrataron 108.000 metros cuadrados logísticos en Cataluña, un 52% menos que en el mismo periodo del año pasado, según un informe publicado por Savills Aguirre Newman. Sin embargo, la consultora matiza esta contracción, ya que las operaciones de Decathlon en la ZAL del Puerto de Barcelona y de DSV en Molins de Rei sumaron 139.000 metros cuadrados de los 227.860 metros cuadrados que se contabilizaron en el primer trimestre del año pasado. Así lo muestran el número de operaciones, que ha aumentado de quince durante los primeros tres meses de 2019 a veinte en el primer trimestre de este año, doce de las cuales se concentran en la primera corona de Barcelona. La falta de producto en esta primera corona ha provocado un aumento de las contrataciones en la segunda corona y la tercera corona. A diferencia de otros sectores, la crisis del coronavirus ha impulsado al logístico. La directora del departamento de industrial y logística de Savills Aguirre Newman Barcelona, Gloria Valverde, asegura que “se ha registrado demanda de arrendamientos temporales ante la necesidad puntual que tienen las empresas de sectores considerados esenciales”