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04.05.2020.
Control de ejecución en los contratos públicos: herramientas para mantener la calidad de la prestación (parte 1)
El objetivo de la contratación pública con la entrada en vigor de la nueva normativa contractual dejó de ser únicamente la mera adquisición de bienes, servicios u obras para abarcar otros objetivos horizontales, como el cumplimiento de fines sociales, ambientales, éticas y laborales, entre otros. Con este cambio también se ha pasado de adquirir al precio más bajo en adquirir a la mejor calidad-precio.
Parece que todo esto, poco a poco, se va asimilando, y los poderes públicos cada vez más encaminan su compra pública a alcanzar otros objetivos estratégicos y obtener mejoras sociales, y también hay más pliegues que incluyen cláusulas sociales, ambientales y éticas y que exigen comportamientos inmaculados a licitadores y adjudicatarios.
Todo esto es positivo, pero hay que tener presente que de nada nos servirá este cambio si sólo focalizamos los esfuerzos en el procedimiento de adjudicación, en redactar unos pliegos que incorporen múltiples obligaciones y cláusulas sociales y en identificar cuál es la mejor oferta en la relación calidad-precio si después, una vez tenemos adjudicado el contrato, nos despreocupamos de una correcta ejecución, ya que esto conducirá a tener contratos que no cumplirán los términos en los que se adjudicaron y no podremos llegar a alcanzar el resultado de haber obtenido la mejor oferta en la adjudicación. Consecuentemente, no sólo la prestación obtenida no será la que se ha ofrecido y pretendido, sino que la compra realizada dejará de ser estratégica.
Dicho esto, tal vez deberíamos empezar a repartir los esfuerzos entre las diversas fases de la licitación sin dejar olvidada la fase de ejecución del contrato.
A pesar de que la LCSP nos ofrece herramientas suficientes para garantizar este control y que de la fase de ejecución del contrato depende el cumplimiento correcto y la satisfacción o no de la necesidad pública, que hace que dejemos la ejecución del contrato olvidada y sin control? Pues, seguramente, la falta de medios personales para hacer este control, la falta de profesionalización de estos pocos medios y todo ello sumado a la inexistencia de cultura de controlar la fase de ejecución vigilante y reaccionando. Este control en la ejecución, el debería hacer obligatoriamente la entidad pública contratante y también lo han de poder hacer los interesados administrados.
Transparencia durante la ejecución del contrato
Una práctica que ya se podría llevar a cabo sin necesidad de grandes medios ni conocimientos específicos es la transparencia de la fase de ejecución.
Para las primeras fases del procedimiento hasta que tiene lugar la adjudicación, tenemos la obligación de dar transparencia a las actuaciones, lo que está bastante interiorizado, pero la transparencia en la contratación pública debería ser también transparencia en la ejecución de la prestación, ya que ésta es crucial tanto por el hecho de ver limitada la posible discrecionalidad de los órganos de contratación en la ejecución, como para que los interesados tengan la posibilidad de verificar que realmente lo pactado en la adjudicación del contrato se ha cumplido y, si no es así, poder exigir el cumplimiento.
Por lo tanto, una manera de mantener la integridad del contrato y evitar modificaciones de legalidad dudosa, incumplimientos sin penalidades, prórrogas por retrasos imputables al contratista, o incluso subcontrataciones contrarias a la Ley, sería someter toda la fase de ejecución a las exigencias de publicidad y transparencia. Del mismo modo que se ha de dar publicidad al que se modifica y las prórrogas, se deberían publicar las revisiones de precios, los acuerdos de cesión, la cadena de subcontrataciones, las penalidades impuestas y las resoluciones.
Ampliando las exigencias de transparencia en la fase de ejecución, la vida del contrato estaría al alcance de todos y así se aumentaría la capacidad de controlarlo, se pondrían trabas que se produjera una alteración de la oferta y se aseguraría una ejecución efectiva de la prestación en plazo, calidad y precio.
Recurso especial en materia de contratación
Otra cuestión que no ayuda a poder efectuar este control en la ejecución es la configuración del recurso especial en materia de contratación con carácter precontractual (sólo con algunas excepciones tasadas, como son las modificaciones de contratos en determinados supuestos y cuando el recurso se fundamenta en una causa de nulidad). Las actuaciones posteriores al momento en el que termina el procedimiento de adjudicación no pueden ser objeto de recurso especial y esto disminuye la posibilidad de control de la fase de ejecución.
Quién puede ejercer un control de la ejecución del contrato?
Según la LCSP, tienen potestades para controlar la ejecución del contrato:
La unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria
El órgano de contratación
El responsable del contrato.
1. La unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria
Esta unidad es una figura de control de ejecución que, aunque no quedó claro cuál es el papel que debe tener, la LCSP menciona en el artículo 62, cuando establece la obligación de designar un responsable del contrato, y ya no vuelve a aparecer en ningún otro artículo del texto legal, por eso es difícil concretar qué funciones debería llevar a cabo y que debe formar esta unidad.
Lo que sí está claro en relación con esta unidad de seguimiento y control es el siguiente:
La obligación de que esta unidad figure en los pliegos de cláusulas.
Su diferenciación clara de la figura del responsable del contrato, sin que haya ningún impedimento para que el responsable del contrato, a pesar de ser una figura independiente, en caso de que sea una persona física pueda integrar dentro de esta unidad de seguimiento.
Así lo estableció la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe 28/2018: "Además de la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, es menester designar expresamente un responsable. [...] la ley permite que la persona designada esté vinculada a la entidad contratante y no prohíbe que esté adscrita a la unidad que supervisa la ejecución del contrato en términos generales. "
Dada la poca regulación de esta figura, hay un margen amplio para configurarlo y poderlo adaptar a las necesidades que en cada caso se quiera alcanzar según el contrato. Incluso una parte de la doctrina ha considerado que esta unidad debería crear como una unidad administrativa especializada, con personal formado en materia de contratación para poder ayudar al responsable del contrato a asegurar una ejecución correcta.
En la práctica, esta figura coincide con la unidad o área impulsora del contrato, y aún encontramos muchos pliegos de cláusulas que ni siquiera hacen constar quién será esta unidad de seguimiento.
2. El órgano de contratación
El órgano de contratación es, sin duda, quien asume la máxima responsabilidad en la ejecución del contrato, dadas las amplias potestades que le atribuye la LCSP, ya que tiene la obligación de designar el responsable del contrato y definir qué facultades atribuye tanto al responsable del contrato como la unidad de seguimiento. Además, tiene el deber de vigilancia que le impone la LCSP para controlar las obligaciones ambientales, sociales y laborales establecidas (art. 201).
3. Responsable del contrato
Después de aparecer como una figura potestativa en la Ley 30/2007, de contratos del sector público, y en el TRLCSP del 2011, la LCSP impone la obligación a los órganos de contratación de designar un responsable del contrato (art. 62).
Esta obligación es un gran acierto de la nueva legislación, pero, después de establecer esta obligatoriedad, se queda corta con la poca regulación y concreción que se hace de esta figura, a pesar de ser crucial. Sólo se menciona en cinco artículos y en dos aún nos confunde poniendo en duda el carácter obligatorio, concretamente en los artículos 194 y 311, en los que se establece, respectivamente, "[...] el responsable del contrato si se ha designado "y" el responsable del contrato, en los casos en que se haya designado ". En relación con esta contradicción, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se pronunció en el Informe 28/2018, ya mencionado, y concretamente aclaró esta desafortunada redacción, y señaló que la redacción de estos artículos "no convierte tal designación en potestativa, sino que se limita a establecer la posibilidad de que no se haya hecho, que representaría un incumplimiento del mandato del artículo 62 ".
La ubicación de este artículo en la LCSP (capítulo I, "Órganos de contratación", título II, "Partes del contrato", libro I, "Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos"), hace que entendamos que esta designación del responsable del contrato afecta tanto a los contratos administrativos como los privados, cualquiera que sea la entidad del sector público que puje, tenga la condición de poder adjudicador o no.
Hay dos especialidades concretas para la figura del responsable del contrato recogidas en la LCSP:
Para los contratos de obra, para estos supuestos las facultades del responsable del contrato las debe ejercitar el director o la directora facultativo de la obra (art. 62.2 y 237 a 246).
Para los contratos de concesión de obra y de servicios, hay que designar una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en cuanto a la calidad en la prestación del servicio o de la obra (art. 62.3).
Quién puede ser responsable del contrato?
La figura del responsable del contrato puede ser una persona física o jurídica que esté vinculada a la entidad o ajena a ésta, por lo tanto, si no tenemos medios suficientes, existe la posibilidad de externalizar esta figura mediante un contrato de servicios.
El responsable del contrato, siguiendo las recomendaciones de profesionalización en la contratación pública que continuamente hace la Unión Europea, sería idóneo que tuviera los conocimientos necesarios para poder ejercer este control, y considero que así lo debería haber establecido la LCSP, y también n 'debería haber regulado la naturaleza (que podría tener carácter de autoridad pública) para no limitar su capacidad de decisión.
También se echa de menos en la regulación las consecuencias de la falta de designación de esta figura.
¿Qué funciones tiene el responsable del contrato?
El artículo 62 de la LCSP le atribuye la supervisión de la ejecución del contrato, la adopción de las decisiones y dictar instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación acordada, y todas las que le atribuya el órgano de contratación. Por lo tanto, es importante que el órgano de contratación valore en función del contrato qué funciones es conveniente que tenga el responsable del contrato, para poder asegurar que la prestación concreta sea ejecutada correctamente.
A pesar de esta discrecionalidad otorgada al órgano de contratación para establecer las obligaciones del responsable del contrato, la Ley en varios artículos establece unas potestades mínimas obligatorias para esta figura:
Proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación o en demora en la ejecución en la que no se haya establecido ninguna penalidad (art. 194.2).
Emitir el informe que determine si el posible retraso producido en la ejecución del contrato es por motivos imputables al contratista, a efectos de poder ampliar el plazo de ejecución (art. 195.2).
Concretamente, para los contratos de servicios:
Adoptar las medidas necesarias durante el período de ejecución de los contratos de servicios que implican el desarrollo o el mantenimiento de aplicaciones informáticas, para programar las anualidades para financiar y pagar estos contratos (art. 308.3).
Dar instrucciones al contratista para la ejecución correcta de la prestación en los contratos de servicios (art. 311.1).
Concretamente, para los contratos de la Administración local, la Ley establece que en los actos de fiscalización material de las inversiones el responsable del contrato puede asistir el interventor en los actos de recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores (disposición adicional tercera).
Estas obligaciones son el punto de partida mínimo, a partir de aquí el órgano de contratación puede configurar el resto de potestades que considere idóneas, siempre adecuándose al contrato concreto. Esta lista de tareas no es cerrado, podríamos decir que son el punto de partida mínimo; a partir de aquí el órgano de contratación puede atribuir al responsable del contrato las facultades que considere idóneas, que se adecuen al contrato concreto y, sobre todo, siendo conscientes de qué funciones y potestades puede cumplir -más vale atribuir pocas funciones y que estas se puedan realizar que no asignarle un listado muy amplio de potestades que no se podrán cumplir por falta de tiempo, capacidad y medios, y quedarán en nada.
01.05.2020.
Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020, y Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones • instalaciones
El día 30 de abril de 2020 se han publicado en el DOGC las Leyes siguientes:
- Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020
De acuerdo con su preámbulo, los presupuestos para 2020 se fundamentan en cuatro ejes principales que sirven de guía de la orientación estratégica de las políticas públicas y la acción del Gobierno para mejorar el bienestar individual y col • lectivo: la calidad de las instituciones y los servicios públicos, para recuperar los niveles de gasto de los servicios públicos fundamentales y reforzar la estructura de las instituciones, la transparencia y la evaluación; la reducción de las desigualdades sociales, de género y territoriales, para velar por que nadie quede atrás y vertebrar el territorio; el conocimiento, la innovación y la dinamización económica, para dinamizar la economía productiva y del conocimiento para un crecimiento sostenido y compartido; y un horizonte de cero emisiones y residuos, para impulsar políticas ambiciosas para hacer frente a la emergencia climática.
Asimismo, señala la vinculación de este presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 -estrategia de la comunidad internacional para afrontar los principales retos del planeta-, por lo que hay no sólo poder disponer de más recursos, sino también establecer los mecanismos adecuados para priorizar y evaluar mejor el gasto. En este sentido, los presupuestos para 2020 mencionados incorporan herramientas de evaluación, priorización y planificación del gasto para maximizar el valor del gasto público.
También, se indica que "otra de las claves de bóveda de estos presupuestos es la mejora de los ingresos a partir de una fiscalidad más justa y más progresiva, para garantizar derechos y oportunidades para todos y apostar también por la fiscalidad verde para combatir la emergencia climática "y se recuerda que los presupuestos de la Generalitat para 2020" se elaboran bajo los principios de estabilidad y sostenibilidad y con las limitaciones que imponen las actuales reglas fiscales y el escenario de ingresos , que depende mayoritariamente de los recursos que aporta el modelo de financiación ".
Esta Ley, de acuerdo con su disposición final cuarta, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.
- Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones • instalaciones que inciden en el medio ambiente
Esta Ley -que se enmarca en el contexto de la prórroga de los presupuestos del 2017-, tal como se señala en su preámbulo, tiene por objeto "establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 2020 "y" la creación y regulación del impuesto sobre las instalaciones • instalaciones que inciden en el medio ambiente ". En cuanto a medidas con incidencia en materia de contratación pública, contiene las siguientes previsiones:
En la parte tercera, relativa a las medidas en el ámbito del sector público, se añade al texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, una disposición adicional segunda, que establece, entre otros aspectos, que el objeto social de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, SAU, es el cumplimiento, en su condición de medio propio personificado de la Administración de la Generalidad, de las actividades que la Administración de la Generalidad o su sector público le encarguen, entre las que por lo menos las siguientes: gestionar procesos de licitación y adjudicar, atendiendo el encargo correspondiente del Administración de la Generalidad o de su sector público, los contratos para la redacción de proyectos y estudios, la ejecución de obras y la prestación de todos los servicios y las asistencias vinculados a la ejecución de actuaciones de construcción, conservación, mantenimiento y modo rnització de todo tipo de edificaciones y de infraestructuras, así como de cualesquiera otros servicios y actuaciones que le puedan encargar; así como formalizar contratos con los adjudicatarios y gestionar su seguimiento, la supervisión integral y la ejecución, y adoptar las decisiones e instrucciones necesarias para asegurar su correcta ejecución.
Asimismo, se añaden dos artículos, el 10 y el 11, a la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del estatuto de la función interventora, el primero de los cuales crea dentro del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, la Escala Superior de Intervención a la que se le asigna como funciones propias asistir a las licitaciones que se realicen para la contratación de obras, la gestión de servicios públicos, los suministros, los arrendamientos y la adquisición y enajenación de bienes-, y la Escala Técnica de Control y Contabilidad a la que se le asigna como funciones propias fiscalizar los expedientes de contratación administrativa, entre otros.
Por su parte, el capítulo II del título VII, relativo a aspectos contractuales del sector público, tiene por objeto determinar la pérdida de la condición de medio propio de algunas entidades del sector público y establecer medidas relativas a los centros Búsqueda y la fundación ICREA. Así, señala que la pérdida de la condición de medio propio de la Administración de la Generalidad afecta la Agencia de la Vivienda de Cataluña, el Instituto Catalán del Suelo, la sociedad Aeropuertos Públicos de Cataluña, el Servicio Meteorológico de Cataluña, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña y el IRTA.
Por otro lado, en la parte cuarta, relativa a las medidas administrativas, se modifican, la Ley 12/2017, del 6 de julio, de la arquitectura -en concreto, determinados aspectos relativos a la contratación de los proyectos del proceso arquitectónico- , así como la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa -en cuanto a aspectos contractuales de la Agencia para la Competitividad de la Empresa.
En cuanto a la parte final, cabe destacar la disposición transitoria primera, en la que se regula un régimen transitorio de las formas de gestión no contractuales en materia de prestación de servicios sociales y sanitarios, estableciendo por un lado, que hasta el entrada en vigor de la nueva ley reguladora de las formas de gestión no contractuales en materia de servicios sociales, se mantienen las normativas vigentes sobre concertaciones y convenios en este ámbito; y por otro, que hasta la entrada en vigor de la ley reguladora de las formas de gestión no contractuales en materia de salud, se mantienen los actuales convenios, contratos y conciertos para la provisión de servicios sanitarios de internamiento, de atención primaria, de atención sociosanitaria, de atención a la salud mental y de atención a las drogodependencias. Además, en la disposición final segunda establece que el Gobierno aprobará, en el plazo de dos años, un proyecto de ley para revisar el marco regulador de la gestión concertada de naturaleza no contractual para la prestación de servicios de carácter social, así como para la prestación de servicios sanitarios.
Esta Ley, de acuerdo con su disposición final tercera, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de las fechas específicas de entrada en vigor que fijan determinados preceptos en relación con algunas de las modificaciones legislativas que contiene
30.04.2020.
Novedades normativas con incidencia en materia de contratación pública
El día 29 de abril se han publicado en el BOE y en el DOGC, respectivamente, las siguientes disposiciones:
- Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covidien-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Esta Ley regula una serie de medidas tanto procesales como organizativas para hacer frente al Covidien-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP ). Así, en relación con las medidas de carácter procesal se regulan, entre otras, las siguientes:
- Se habilita excepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto -en concreto, los días 11 a 31- para todas las actuaciones judiciales, que se declaran urgentes, exceptuándose de esta previsión los sábados, domingos y días festivos , salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales (artículo 1).
- Se establecen reglas generales para el cómputo de los plazos que quedaron afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En este sentido, se señala, por un lado, que los plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, "volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente "; y por otro, que los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020 mencionado, de 14 de marzo, así como que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, "quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora" , no siendo de aplicación esta previsión "a los procedimientos los plazos de los que fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo" (artículo 2).
- Se dispone que durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia, entre otros expedientes y procedimientos, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las administraciones públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para poste • liar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por Covidien-19 (artículo 7).
Además, con respecto a las medidas organizativas, se establece durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello, siendo también aplicable a los actos que se practiquen en las fiscalías (artículo 19).
Por otra parte, la disposición final tercera de esta Ley modifica, con efectos desde su entrada en vigor y vigencia indefinida, las letras d) yf) del artículo 159.4 de la LCSP, en el que se regulan las especialidades de la tramitación del procedimiento abierto simplificado. Así, se vuelve a incorporar en la letra d) la previsión -que fue suprimida recientemente por el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril-, relativa a que "la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. en caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos ", y se suprime la previsión relativa a que "en todo caso, debe ser público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas que establezcan los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan utilizarse medios electrónicos. a tal efecto, el modelo de oferta que figure como anexo al pliego debe contener estos aspectos "-eliminando, de esta manera, toda especialidad respecto al carácter público de la aper tura de sobra en este procedimiento simplificado y rigiendo, por tanto, el régimen general del procedimiento abierto fijado en el artículo 157.4 de la LCSP. Asimismo, se modifica también la letra f) de este artículo 159 de la LCSP para suprimir las referencias al carácter público del acto de apertura de sobres que aún se contenían.
Esta Ley, de acuerdo con su disposición final septiembre
29.04.2020.
Comunicaciones de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
En marzo de 2020 la Comisión ha publicado estas Comunicaciones:
- Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único (COM / 2020/94 final)
En esta Comunicación, la Comisión, en virtud de la invitación del Consejo Europeo, en marzo de 2019, para elaborar un plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único, acoge con satisfacción esta llamada del Consejo Europeo y comparte la opinión de los Estados miembros que es necesario mejorar sustancialmente la aplicación de las normas del mercado único y la conformidad con ellas. Por ello, sobre la base de una asociación renovada entre los Estados miembros y la Comisión, y teniendo en cuenta las conclusiones presentadas en la Comunicación sobre las barreras al mercado único, señala que el presente Plan de acción "presenta una serie de medidas , con el objetivo de maximizar la eficacia y la eficiencia de la conformidad y el cumplimiento en toda la UE ".
En concreto, en materia de contratación pública, cabe destacar el primer apartado del Plan de acción, relativo a aumentar el conocimiento de las normas del mercado único y la sensibilización sobre ellas. Así, por un lado, a la Acción 1, sobre el programa para proporcionar herramientas de orientación más específicas para las autoridades nacionales, prevé "la publicación de orientaciones sobre aspectos estratégicos (sociales, de innovación, ecológicos), y de otro tipo (col • alusión), de la contratación pública y la presentación de una propuesta de Recomendación sobre los sistemas de revisión ", así como" la creación de plataformas para el intercambio de información con los Estados miembros, como las utilizadas en el caso de las Directivas sobre contratación pública, que permitan a la Comisión ya las autoridades de los estados miembros tratar con detalle cuestiones concretas ".
Además, recuerda que la 4ª actualización del Plan de acción en materia de contratación pública de 2020 "incluye una serie de nuevas iniciativas para ayudar a los administradores y beneficiarios de los fondos de la UE a mejorar sus prácticas de contratación pública, garantizar la igualdad de condiciones y utilizar la contratación como herramienta estratégica para cumplir objetivos políticos clave ".
Por otra parte, la Acción 6, relativa al desarrollo de las capacidades de los profesionales de la contratación pública e intensificación de la cooperación entre los organismos nacionales, señala que "la Comisión, en col • colaboración con los Estados miembros, desarrollará herramientas prácticas para la mejora de las capacidades de los funcionarios que se ocupan de la contratación pública, reunirá compradores públicos para fomentar el intercambio de conocimientos especializados, facilitará la formación e incentivará las compras conjuntas, de acuerdo con la demanda de los ciudadanos de una contratación pública más ecológica, socialmente responsable e innovadora. " Asimismo, "la Comisión también promoverá la cooperación y el intercambio de prácticas a través de la red de órganos de recurso en primera instancia de los contratos públicos".
- Un nuevo modelo de industria para Europa (COM / 2020/102 final)
En esta Comunicación, la Comisión, partiendo de la necesidad "de un nuevo modelo de industria para Europa, que se adapte a los objetivos del presente ya las realidades del futuro", señala que "las instituciones de la Unión, los estados miembros, las regiones, la industria y todas las demás partes pertinentes deben col • laborar para crear mercados líderes en tecnologías limpias y garantizar que nuestra industria sea líder mundial ", siendo la contratación pública, junto con las políticas reguladoras, la competencia leal y la plena participación de las pymes, esencial para ello.
Asimismo, dentro de los factores fundamentales de la transformación industrial de Europa, destaca, por un lado, la defensa de la igualdad de condiciones a nivel mundial; por otro, el apoyo a la industria en su avance hacia la neutralidad climática; así como la creación de una economía más circular.
En relación con la defensa de la igualdad de condiciones a nivel mundial, se señala que "los mercados de contratación pública de la Unión generalmente están abiertos a empresas procedentes de países en los que las empresas de la Unión sufren discriminación o enfrentan directamente al cierre de los mercados ", y por esta razón, el Libro Blanco relativo a un instrumento sobre subvenciones extranjeras -que se elaborará para medios de 2020-," abordará el problema del acceso de las empresas estatales extranjeras en los mercados de contratación pública y la financiación de la Unión ", siendo esencial para abordar el déficit de reciprocidad y dar a la Unión más ventaja en las negociaciones, un acuerdo rápido sobre el llamado Instrumento de Contratación pública Internacional.
En cuanto al apoyo a la industria en su avance hacia la neutralidad climática, se indica que "mantenerse en la vanguardia de la investigación y la innovación, el rápido desarrollo de la infraestructura necesaria y unos incentivos sólidos, también en materia de contratación
28.04.2020.
Los contratistas piden que se reanuden las licitaciones de obras
La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) ha pedido que se reanuden de inmediato las licitaciones y adjudicaciones para evitar un paro de la actividad y que se elabore un plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos para preservar el empleo a medio y largo plazo.
En un comunicado, el órgano considera que "es esencial" que se pongan en marcha las obras progresivamente asegurando las condiciones sanitarias para evitar contagios. Además, reclaman que las medidas paliativas se apliquen con más agilidad y por ello reclaman más eficiencia en la tramitación de los ertes, el pago de certificaciones, anticipos e indemnizaciones para facilitar la continuidad de las empresas.
En el texto, los contratistas reclaman que se adopten "las medidas necesarias" para reiniciar las obras "cuanto antes" y se faciliten y simplifiquen "al máximo" la tramitación de los permisos y licencias necesarias para ejecutar obras, una vez levantado el estado de alarma.
Respecto al plan de inversiones, la patronald e la construcción catalana considera necesario que se destinen recursos a infraestructuras y equipamientos para generar actividad y puestos de trabajo. Entre otras peticiones, exigen que se facilite el acceso a las ayudas financieras y se lleve a cabo una moratoria de seis meses de impuestos. También han reclamado que "en ningún caso" se considere el contagio de covid-19 un accidente de trabajo lo que "supone imponer a las empresas una serie de responsabilidades de todo tipo derivLos contratistas piden que se reanuden las licitaciones de obras
Fuente: El Periodico
27.04.2020.
Conclusiones del Abogado General de la UE en relación con el asunto C-521/18, sobre la aplicación de la Directiva 2014/25 / UE a actividades relacionadas con los servicios postales
El día 23 de abril de 2020 el Abogado General de la Unión Europea ha emitido estas conclusiones, en las que se pronuncia sobre si las actividades de un anuncio de licitación dirigido a la celebración de acuerdos marco para los servicios de conserjería, recepción y control de acceso de los locales de Poste Italiane -sociedad anónima concesionaria del servicio postal universal que también opera en los sectores financiero, asegurador y de telefonía móvil- y de otras empresas de su grupo están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/25 / UE o de la Directiva 2014/24 / UE.
El Abogado General propone que no es preciso que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso Administrativo del Lacio, Italia), por entender que no son relevantes las cuestiones para el ámbito del litigio actualmente pendiente ante el tribunal nacional.
Sin embargo, por si el Tribunal de Justicia no comparte su opinión, esboza brevemente la respuesta que debería darse al fondo de la cuestión clave mencionada. En su opinión, no hay duda de que las actividades controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/25 / UE en la medida que son necesarias para la adecuada prestación de servicios postales y están, por tanto , relacionadas con ellos en el sentido del artículo 13 de esta Directiva, siendo "irrelevante que los servicios controvertidos no se presten sólo en oficinas de correos, sino también en oficinas administrativas que no acogen al público y en locales en los que se prestan servicios financieros o de seguros ".
Además, señala que "efectivamente, es posible eludir la aplicación de la Directiva 2014/25 / UE si, en lugar de licitar un contrato mixto que englobe todas las actividades, incluidas las postales, la entidad adjudicadora opta por adjudicar contratos para separado para cada una de las diferentes actividades ", y añade que" sin embargo, no se puede eludir la aplicación de esta Directiva sacando a licitación un contrato mixto y al • alegando después de que, dado que la Directiva no se aplicaría a algunas partes del contrato si fueran independientes, no se aplica a la totalidad del contrato ".
24.04.2020.
Decreto ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidat
El día 23 de abril de 2020 se ha publicado en el DOGC este Decreto Ley, que, por un lado, contiene medidas estructurales y organizativas que quieren ser una continuación de las que se tomaron con el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptaron medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad de Catalunya para poste • liar los efectos de la pandemia generada por la Covidien-19; y de otra, incorpora medidas nuevas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
En concreto, con respecto a la contratación pública, el artículo 2 de este Decreto Ley 13/2020 añade un artículo 5.bis al Decreto ley 12/2020 mencionado para establecer un conjunto de medidas organizativas mientras esté vigente la atribución de competencias al Departamento de Salud en materia de centros de servicios sociales de carácter residencial, así como para regular, además, su régimen en materia de contratación, entre otros, y concretar aún más las actuaciones futuras de carácter presupuestario.
Así, entre otros aspectos, por un lado, señala que, con el fin de asegurar la correcta ejecución de los procedimientos de contratación, los órganos competentes del Departamento de Salud ejercerán las competencias en materia de contratación administrativa y de todos los actos de contenido económico que se deriven, en relación con las competencias asumidas, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que corresponda, en función de la cuantía y, de acuerdo con las delegaciones vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los expedientes que pueda tramitar directamente el Departamento de Salud en ejercicio de sus funciones de intervención.
Por otra parte, dispone que se comprometerán con cargo a los créditos presupuestarios propios los gastos correspondientes a los expedientes, entre otros, de contratación administrativa y otras que impliquen la asunción de compromisos de carácter económico que, desde la entrada en vigor del Decreto ley 12/2020 mencionado, inicien el Departamento de Salud y el Servicio Catalán de la Salud, en ejecución de las competencias asumidas en materia de centros sociales de carácter residencial.
Asimismo, la disposición adicional cuarta de este Decreto Ley 13/2020 establece, de manera singular, la autorización para hacer una contratación de emergencia en atención al peligro que para las personas y bienes puede suponer no realizar las obras que ahora autoriza contratar.
Este Decreto Ley, de acuerdo con su disposición final, entra en vigor el mismo día de su publicación en el DOGC.
23.04.2020.
La Dirección General de Contratación Pública es la encargada de elaborar el diseño y la redacción de este plan
La Estrategia catalana de contratación pública, que deberá definir para los próximos cuatro años, tiene como objetivo, dotar a las administraciones públicas catalanas de un sistema de contratación pública que garantice la prestación de servicios de calidad y mejore la gestión de los contratos públicos teniendo en cuenta la eficiencia, una visión responsable de las necesidades, la coherencia entre las diferentes políticas públicas, los principios de transparencia y de integridad y el fin de obtener una mejor relación calidad-precio.
Según el acuerdo, la Estrategia deberá girar en torno a cuatro objetivos específicos:
a) Mejorar la contratación pública en términos de necesidad, costes, agilidad y resultados para conseguir una contratación pública eficiente.
b) Garantizar la compra pública de bienes y servicios de calidad, mediante la selección adecuada de los contratistas, la adquisición de bienes y servicios innovadores y un verdadero control de la ejecución de los contratos.
c) Avanzar en el uso estratégico de la contratación pública como mecanismo de implantación de otras políticas públicas, como son la mejora del medio ambiente y de las condiciones sociales y laborales, la incorporación de las personas con riesgo de exclusión al mercado del trabajo, y el fomento de la participación de las PYME y de las entidades de economía colaborativa y del tercer sector social.
d) Introducir medidas de prevención de la corrupción y de resolución de los conflictos de interés para garantizar la integridad y la transparencia en la contratación pública.
En este sentido, el texto prevé que todas las actuaciones relacionadas con esta materia se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector público, aprobada por el Acuerdo del Gobierno de 15 de enero de 2020.
22.04.2020.
Cataluña vuelve a liderar la inversión en vivienda pública pese al acelerón de País Vasco en 2019
A pesar de que el País Vasco más que duplicó la inversión en residencial de protección oficial, Cataluña fue la que más invirtió en vivienda pública, con 132,8 millones de euros. En los últimos cinco años, sólo en 2017 Madrid la superó al frente de la clasificación.
Cataluña continúa al frente de la inversión en vivienda pública. La región volvió a cerrar 2019 como la comunidad autónoma que más capital destinó al residencial de protección oficial, a pesar del acelerón del País Vasco, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). En total, durante 2019 se destinaron 513,7 millones de euros a vivienda pública, la mayor cifra desde 2010, cuando al calor de los brotes verdes se llegaron a invertir 1.078,8 millones de euros, para desplomarse un 64% en 2011 y otro 43% en 2012. El informe de licitación regional elaborado por la entidad muestra que el conjunto de las administraciones aumentó en un 43,8% los recursos a la construcción o rehabilitación de vivienda pública en Cataluña en 2019, hasta 132,77 millones de euros. Las administraciones locales coparon el grueso de la inversión, con 115,3 millones de euros. En total, Cataluña acumuló el 25,8% de la inversión pública en este sector. Las administraciones locales tienen un gran peso en toda España a la hora de invertir en vivienda pública, sumando el 56,6% del total, con 290,7 millones de euros. Por detrás, se encuentran las administraciones autonómicas, con 217,1 millones de euros, el 42,3%. Sin embargo, 120,7 millones proceden únicamente de los gobiernos autonómicos de País Vasco y Navarra. Por su parte, el Gobierno central invirtió 7,7 millones, el 1,5% del total.
País Vasco volvió a alcanzar la segunda plaza de la clasificación tras multiplicar por más de dos su inversión en vivienda pública y alcanzar 95,9 millones de euros frente a los cuarenta registrados en 2018. La Comunidad de Madrid completa el podio tras registrar 78,5 millones de euros de inversión, un 34,7% más que en 2018; mientras que Navarra, con 41,1 millones de euros, y Comunidad Valenciana, con 29,9 millones, completan las cinco primeras posiciones. Las administraciones locales tienen un gran peso en la inversión en vivienda pública, sumando el 56,6% del total Por otro lado, sólo cinco comunidades autónomas redujeron su inversión en vivienda pública en 2019. Sin contar Murcia, que con un volumen de sólo 230.000 euros redujo la inversión en un 42,5%; Canarias fue la región más castigada, con un 35,9% menos de capital, hasta 27,6 millones de euros. Galicia, con una reducción del 24,2% hasta 16,3 millones; Cantabria, con un 20,8% menos, hasta doce millones, y Aragón, que prácticamente calcó la inversión de 2018, completan el listado. Cataluña, en cabezaCataluña ha liderado la clasificación cinco de los últimos siete años. Madrid, en 2017, y Andalucía, en 2014, fueron las únicas excepciones. De hecho, es necesario ir hasta 2011 para encontrar a dos comunidades por delante de la catalana. Entonces, Andalucía también fue la región con más inversión en vivienda pública, con 99,8 millones de euros, seguida de Madrid, con 80,6 millones, y la propia Cataluña, con 54,9 millones.
21.04.2020.
Resolución PDA / 867/2020, de 14 de abril, de la Secretaría de Administración y Función Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para el uso de los sistemas de identificación y firma electrónica en el transcurso de la vigencia del estado
El día 20 de abril de 2020 se ha publicado en el DOGC esta Resolución en la que la Secretaría de Administración y Función Pública, dada la imposibilidad de gestión presencial de los trámites y sol • solicitudes de los interesados por el cierre del acceso a las oficinas de atención ciudadana debido a la declaración del estado de alarma, resuelve, en primer lugar, admitir para la relación con la Administración de la Generalidad, el uso indistinto de cualquiera de los mecanismos de identificación y firma electrónica establecidos en el artículo 6 del Protocolo de identificación y firma electrónica (PISE) -aprobado por Orden GRI / 233/2015, de 20 de julio-, hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en este sentido, señala que "el mecanismo empleado se determina por parte del órgano competente, para cada trámite o procedimiento".
En segundo lugar, resuelve habilitar sistemas alternativos de identificación y firma que permitan a las personas físicas interesadas que no puedan disponer de mecanismos de identificación y firma electrónica establecidos en el PISE, la presentación de sol • solicitudes y peticiones. De este modo, indica que el sistema empleado se puede determinar por parte del órgano competente, para cada trámite o procedimiento, entre los sistemas siguientes: por un lado, la presentación y sol • licitud mediante formularios sin firma electrónica, debiéndose acreditar la identificación y firma con la verificación de la identidad mediante sistemas de comprobación manuscrita o constatación de la identidad mediante plataformas de interoperabilidad de la identificación; y, por otro, sistemas de tramitación mediante comunicación telefónica o videoconferencia.
Finalmente, resuelve admitir el uso de certificados cualificados que hayan caducado, cuya renovación no se haya podido llevar a cabo debido al estado de alarma, mientras dure vigencia del estado de alarma y sus prórrogas , si bien matiza que "se podrán emplear de acuerdo con las instrucciones establecidas por la Dirección General de Administración Digital que determine las funcionalidades de los servicios digitales que permitan esta actuación".
