Noticias Actualidad
14.09.2020.
TS. Sentencia nº 2645/2020. Contrato de servicios. División en lotes: cuantía del recurso de casación – ICCP
https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/14275
08.09.2020.
La calidad es un objetivo esencial de la contratación pública
La calidad es un objetivo esencial de la contratación pública. Hoy toca ver cómo la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público, contempla la calidad en la adjudicación de los contratos públicos, especialmente en el momento de adjudicación del contrato, lo que será determinante también de cómo se ejecuta el contrato y de los mecanismos de control del contratista de que dispone la entidad del sector público.
Con la vieja normativa y la crisis económica nos encontramos con muchos contratos por debajo de precio, que condujeron a dos consecuencias a cual más negativa: la calidad era muy deficiente y los trabajadores estaban muy mal pagados. Ello por no hablar de las modificaciones en los contratos que eran, cuando menos, cuestionables. Un riesgo que no debiera reaparecer con la crisis que ha generado la COVID19.
La primera idea que hay que extraer de la lectura de la LCSP no puede sino ser positiva: el precio deja de ser el elemento central para adjudicar los contratos. La experiencia acumulada de estos últimos años ha servido para cambiar los criterios e inclinarse por otros. El artículo 1.3 ya avanza que estos elementos alternativos “proporcionan una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual”. Y el artículo 145.4 nos recuerda que Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades.
El punto de partida parece estar conseguido: en el frontispicio de la Ley de contratos, la calidad es un objetivo en sí mismo.
La cuestión es examinar cómo se examina la calidad a la hora de adjudicar los contratos, esencialmente, en el larguísimo artículo 145 LCSP.
Obviamente, la concepción de la calidad en cada contrato se observará en los pliegos, en un doble sentido: viendo qué criterios han de ser analizados y contemplando cómo se valoran en la puntuación final. Lo que ocurre es que no resulta suficiente: El concepto clave es la relación calidad-precio; lo que está explicado en la norma como dos elementos que están uno al lado del otro, en lugar de determinar cómo se hace la ponderación.
De entrada, se señala que en los pliegos se incluirán una serie de elementos cualitativos; que se encuadran en tres grupos: la calidad (con sus aspectos sociales, ambientales que han constituido uno de los elementos más alabados de la norma), la organización y el servicio posventa del bien de mantenimiento de la obra.
Más allá de la aparente tautología que supone que un elemento de calidad es cualitativo; la cuestión es examinar cómo se ponderan.
De entrada, la regla es lo que diga el pliego, siempre que esté vinculado al objeto del contrato. La cuestión es cómo se configura, lo que depende mucho de las capacidades de la entidad del sector público. Lo fácil es el precio. Lo complejo es conseguir una calidad global. Sin embargo esto ha de ser el objetivo.
Pero, asimismo, el valor de la calidad se encuentra mediatizado por su valor económico: Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. Un elemento que luego repercutirá en la amortización y, por ello, en el impacto en contabilidad.
A partir de aquí surgen las dudas ¿se puede hacer siempre una ponderación económica de los elementos de calidad? En la estética, desde luego, resulta complicado. ¿No puede ser desincentivador la necesidad de esta ponderación económica cuando se trata de actuaciones costosas de valorar?
Y más aún ¿para qué? ¿Para eliminar la discrecionalidad del adjudicador y buscar una regla objetiva que, de nuevo, es el precio? Si esto es así no estaríamos sino introduciendo el precio por la puerta de detrás, y esto no parece que resulte muy conveniente. Ello por no recordar que la discrecionalidad es necesaria, conveniente y sirve para ponderar aspectos que no son reconducibles a fórmulas económicas. Aunque parece que en los procedimientos de adjudicación de servicios intelectuales y sanitarios empieza a aparecer una queja de que sólo se valora el precio, ya sea directa o indirectamente.
Y es que el problema estriba en lo que la norma dice, los prejuicios que tiene el legislador y lo que los parlamentarios no han sabido o querido poner.
Si recogemos lo que señala el artículo 145.5, en sus dos últimos apartados, veremos que la posibilidad de una valoración por la administración lo ven de forma residual. Los criterios “deberán ser formulados de manera objetiva”. Bien, de acuerdo, pero ¿con qué margen de ponderación para la administración a la hora de valorar? Porque los prejuicios anti administración que laten en la ley, puede ser los que hayan hecho surgir el criterio de los costes económicos y, desde luego, el hecho de que todos los criterios se acaben configurando de forma objetiva, con u peso limitado a la propia administración.
De hecho, el artículo 146 limita la aparición de la calidad como un elemento determinante de la adjudicación: si hay un único criterio habrá de ser económico ( y recordemos que no es obligatorio la inclusión de criterios cualitativos y que el precio sólo debe ir acompañado de otros criterios en relación con ciertos contratos, los que recoge el artículo 145.3 g). Y, en segundo lugar, la adjudicación se retrasa con el informe del comité de expertos.
La norma, además, no nos proporciona el valor que se le ha de proporcionar a esta columna de la valoración económica de los elementos cualitativos. No obstante, después de todo lo que se ha señalado con anterioridad, parece que es la forma indirecta para adjudicar en función del precio los contratos del sector público. Si así fuera, sería un grave error por parte de los poderes adjudicadores.
07.09.2020.
PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LA CONTRATACIÓN. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE OFERTA
https://mymabogados.com/practicas-colusorias-en-la-contratacion-el-principio-de-unidad-de-oferta#
02.09.2020.
JCCP del Estado. Informe nº 6/2020. Procedimiento abierto: criterios cualitativos en el sobre correspondiente a juicios de valor. Establecimiento de un umbral mínimo de puntuación
Informe 6/2020. Admisibilidad de umbrales en el procedimiento abierto
La Diputación de Valencia pregunta acerca de la posibilidad de establecer un umbral mínimo de puntuación en las proposiciones de los licitadores en aquellos procedimientos abiertos en los que los criterios cualitativos únicamente figuren en el sobre o archivo electrónico correspondiente a los juicios de valor.
La JCCP del Estado recuerda que la facultad del órgano de contratación de establecer un umbral mínimo de puntuación en la evaluación de criterios cualitativos dependientes de un juicio de valor en un procedimiento abierto, con el consiguiente efecto de que queden excluidos del procedimiento aquellos licitadores cuya oferta no supere el umbral de puntuación técnica establecido, ha sido abordada por la sentencia de la sala cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 20 de septiembre de 2018, dictada en el ASUNTO C-546/16, Montte y Musikene. El Tribunal concluye que la Directiva 2014/24 no se opone a una legislación nacional que permita que los poderes adjudicadores impongan en el pliego de condiciones de un procedimiento abierto de contratación pública unos requisitos mínimos en lo referente a la evaluación técnica, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de esa evaluación queden excluidas de la evaluación posterior, basada tanto en criterios técnicos como en el precio y ello con independencia del número de licitadores restantes.
Tras la entrada en vigor de la LCSP la doctrina del TJUE resulta plenamente aplicable a la misma a la vista de que los artículos 146.3, 169.3, 175.3 y 179.4 LCSP, concluyendo que “en los procedimientos abiertos en los que se establezcan criterios cualitativos sometidos a juicios de valor cabe establecer en los pliegos requisitos mínimos o umbrales, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de su evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior”.
01.09.2020.
Navarra y los ayuntamientos catalanes lideran la inversión en vivienda pública hasta marzo
La comunidad foral fue la administración que más invirtió en pisos de protección oficial con 30,7 millones de euros, seguida por las localidades catalanas, que sumaron 28,8 millones.
Navarra y los ayuntamientos catalanes, al frente de la inversión en vivienda pública. Las diferentes administraciones públicas invirtieron 105,6 millones de euros en pisos de protección oficial entre enero y febrero, de los cuales el 56,3% provinieron de las arcas del Gobierno regional de Navarra y de los consistorios catalanes, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Ambas comunidades, junto a Baleares, son las únicas regiones de España donde las administraciones invirtieron más de diez millones de euros en vivienda pública en conjunto. Andalucía, con 8,3 millones de euros, País Vasco, con 7,8 millones, y Comunidad de Madrid, con 5,5 millones completan el top cinco en inversión en vivienda pública. En el otro laso de la balanza, ocho de las diecisiete comunidades sumaron menos de un millón de euros de inversión y en Cantabria, Murcia y La Rioja fue nula, mientras que en Asturias fue de tan solo 80.000 euros Sólo Navarra, Cataluña y Baleares invirtieron más de diez millones de euros en vivienda pública hasta marzo Las comunidades autónomas son las administraciones que más han invertido en pisos de protección oficial, con un total de 54,1 millones de euros entre enero y marzo. Sin embargo, el 76,6% de las inversiones fueron realizadas por los gobiernos regionales de Navarra, que sumó 30,7 millones de euros, y Baleares, con una inversión de 10,7 millones. País Vasco, con 6,1 millones completa el podio. La Comunidad de Madrid, con una inversión de 2,7 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 1,6 millones, y Andalucía, con 1,5 millones, también superan un millón de euros de inversión. Por su parte, el conjunto de los ayuntamientos sumó inversiones por valor de 49,4 millones de euros. Sin embargo, el 58,2% correspondió a los consistorios catalanes, que destinaron 28,8 millones de euros a vivienda pública. Ocho comunidades autónomas destinaron menos de un millón de euros y en tres regiones, la inversión fue nula Por detrás de Cataluña, Andalucía, con 6,8 millones; Galicia, con 3,2 millones; Madrid, con 2,7 millones; País Vasco, con 1,7 millones; Baleares, con 1,3 millones, y Canarias, con 1,3 millones, fueron las únicas regiones donde las partidas de los ayuntamientos para activos residenciales públicos superaron el millón de euros hasta marzo. La administración central es la que menos ha invertido en viviendas de protección oficial, con tan solo dos millones de euros. La gran mayoría de esta inversión se destinó a Melilla, con 1,7 millones, mientras que el resto se dividió entre Cataluña, con 110.000 euros; Comunidad de Madrid, con 70.000 euros, y Andalucía y Castilla-La Mancha, con 50.000 euros, respectivamente.
05.08.2020.
Aprobada la Memoria 2019 #JCCACAT en la sesión del Pleno de 30 de julio de este año
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/publicacions/memories/jcca/memoria-jcca-2019.pdf
03.08.2020.
Abierta la consulta pública para la revisión del Reglamento eIDAS
La consulta pública se encontrará abierta hasta el próximo 2 de octubre para recepción de comentarios.
La Comisión Europea ha lanzado la consulta pública(Abre en nueva ventana) para la revisión(Abre en nueva ventana) del Reglamento (UE) 910/2014(Abre en nueva ventana) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS).
En esta revisión se contempla la posible creación de un esquema de Identidad Digital Europea, en línea con las Conclusiones del Consejo(Abre en nueva ventana) , del 9 de junio, sobre la comunicación de la Comisión “Configurando el futuro digital de Europa”. En esas conclusiones se pide a la Comisión que revise la legislación vigente y se le insta a que estudie propuestas para seguir desarrollando el actual marco de identificación y autenticación transfronterizas, sobre la base del Reglamento eIDAS, con vistas a un marco para una identidad digital europea, lo que induciría a los Estados miembros a poner a disposición de todos los europeos identidades digitales que puedan utilizarse de manera generalizada y que sean seguras e interoperables, para la seguridad de las transacciones públicas y privadas en línea.
El objetivo de esta consulta es recoger comentarios sobre las barreras y los factores que impulsan el desarrollo y la adopción de servicios de identidad electrónica en Europa y sobre el impacto de las distintas opciones para conseguir una identidad digital europea. Se puede contribuir en esta consulta cumplimentando el cuestionario(Abre en nueva ventana) disponible hasta el próximo 2 de octubre.
30.07.2020.
Manifiesto empresarial sobre la situación de la contratación pública tras la pandemia
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, patronal catalana de la pequeña y mediana empresa y Plataforma Pymes han hecho público un manifiesto conjunto para ofrecer su opinión sobre la situación de la contratación pública en el contexto actual para hacer frente al COVID- 19. Aseguran que “la compra pública es uno de los principales motores de una economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas” y “en España representa aproximadamente el 18 % del PIB”. El llamamiento empresarial se hace eco de “tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas…”, y añade que se suma ahora también “la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas”. Por eso conminan a gobiernos y administraciones públicas a “encarar tres grandes retos urgentemente: garantizar los flujos de caja y de cobro, garantizar la demanda o mantener las cadenas de contratación pública; y afrontar tajantemente, la división de los contratos en lotes, ya sean sectoriales o por volumen”.
Asegurar los circuitos de pago
Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro que, “ahora se han agravado por la paralización de la actividad y por las medidas preventivas de contratistas y administraciones públicas ante un futuro incierto, con retrasos y anulaciones de pagos que incrementan la morosidad”, señalan. Además mencionan también la deuda acumulada con los proveedores cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses, “lo que provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas”.
El manifiesto destaca que “las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”, de eso “depende la inyección de liquidez al sistema”, concluyen. Para ello subrayan los plazos legales de 30 días en el sector público y de entre 30 y 60 en el sector privado. Y añaden también la necesidad de “establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas”.
Mantener la cadena de contratación pública
El manifiesto señala que la “nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente”. Constatan la paralización de la obra nueva y la suspensión de contratos en curso. Para garantizar la demanda de obra pública futura, las entidades firmantes consideran que las administraciones públicas deben “prorrogar los contratos, y facilitar la indemnización por paralización de obras y servicios” y también “realizar licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación”.
División de contratos en lotes
Otro punto destacado se fundamenta en “garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas”, a través de la división de los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato. Así se asegura que “un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores 3 condiciones para la ejecución del contrato”.
Otros retos
El manifiesto también se refiere a la “disparidad de criterios”, que preocupa y complica a las empresas contratantes “a la hora de cobrar”. Por eso recomienda a las organizaciones de corporaciones municipales a adoptar y recomendar “criterios únicos de pago” y “directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores” que garanticen:
– El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;
– La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan
Por último y dado que “la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad no previstas”, “lo que implica incrementos en sus costes”, llaman a “examinar las licitaciones ya realizadas, contemplando cambios de precios o indemnizaciones compensatorias”.
28.07.2020.
Compra pública verde
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/07_perfil_de_contractant/compra_contractacio_publica_verda/index.html
27.07.2020.
Consultas preliminares en el mercado
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/actualitat/noticia/n-but-02
