02.02.2021.
Página web de la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la licitación pública

https://cbim.mitma.es

29.01.2021.
Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber

Como ya sabemos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), para concertar cualquier prestación de servicios o entregas de bienes con la Administración debe seguirse un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en el sector público existen determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad y que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación: nos referimos, pues, a los contratos menores.

Tabla de Contenidos
Qué tipo de contratos se consideran menores
Requisitos, límites y procedimiento para formalizar contratos menores con la Administración
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Qué tipo de contratos se consideran menores
Con carácter general, se consideran contratos menores en la nueva Ley de Contratos aquellos contratos de obra cuya cuantía no supere los 40.000 euros o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios.

Existe una importante excepción en relación con estos últimos, y es que se considerarán igualmente como contratos menores aquellos suministros o prestación de servicios que estén relacionados con ciencia e innovación por valor inferior a 50.000 euros.

Llegados a este punto, conviene aclarar que siempre que hablamos de importe o cuantía, no estamos refiriendo, en todo caso, al valor estimado del contrato, que es el precio del contrato excluido IVA.

Para su adjudicación, el artículo 118 de la Ley de Contratos introdujo una novedosa regulación de los expedientes de contratación de los contratos menores; pues, si bien en estos supuestos no se tramita una licitación o concurso para su adjudicación, se requiere la tramitación de un expediente administrativo en el que justifiquen las necesidades que la Administración pretende satisfacer con el contrato y que, mediante la contratación, no se está fraccionando el contrato para eludir la tramitación de una licitación. Se entiende que existe fraccionamiento irregular cuando se utiliza esta figura para cubrir necesidades recurrentes similares, reiteradas y previsibles con independencia del periodo en que se realicen o cuando se divide en varios contratos una prestación cuyo objeto deba considerarse unitario.

Requisitos, límites y procedimiento para formalizar contratos menores con la Administración
Según la Ley de Contratos, la Administración podrá adjudicar el contrato a cualquier contratista que tenga la habilitación profesional necesaria para realizar su objeto, con independencia de si el adjudicatario hubiera celebrado otro contrato menor con la Administración en el último año, desapareciendo este límite al contrato menor que se recogía en la regulación anterior a la actual Ley de Contratos.

Sin entrar en la discusión doctrinal sobre la aplicación a todo el sector público de las instrucciones que dicta la ORIESCON[1] y la vinculación del nuevo trámite que introdujo en la tramitación de los contratos menores de solicitar, al menos tres ofertas o presupuestos, lo cierto es que, la petición de más ofertas a otros interesados, garantiza una contracción más eficiente, toda vez que se dota de mayor publicidad y concurrencia la concertación de este tipo de contratos. Salvo para aquellos casos que, por la naturaleza o especificidad del contrato, no se puedan solicitar más ofertas y así se justifique en el correspondiente expediente.

En todo caso, el expediente deberá incluir un informe del órgano de contratación que explique detalladamente la necesidad de la obra o servicio que se desea contratar, con la única excepción de que el importe del contrato sea inferior a 5.000 euros y el medio de pago que se emplee para su abono sea el sistema de anticipo de caja fija.

Además, deberá incluirse en el expediente de contratación la aprobación del gasto por parte del órgano de contratación, e incorporar la factura que se reciba por parte del contratista una vez finalizada la ejecución del contrato.

Por último, hay que señalar que la Administración trimestralmente deberá dar publicidad de todos los contratos menores celebrados de importe superior a 5.000 euros no abonados mediante anticipo de caja fija, con indicación de su objeto, su duración, el importe (IVA incluido) y adjudicatario.

Como podemos comprobar, la agilidad, simplicidad, rapidez y sencillez de tramitación de los contratos menores hacen que la Administración recurra al mismo de manera frecuente, incluso en ocasiones en las que no se cumplen los requisitos o para evitar recurrir a un procedimiento de licitación.

Por tanto, conviene estar asesorado por especialistas en materia de contratación pública para evitar que, con la formalización de un contrato menor, se incurra en infracciones que puedan dar lugar a la nulidad del expediente o que ello acarree sanciones, limitaciones o prohibiciones de contratar con el sector público.

27.01.2021.

25.01.2021.
EL 58% DE LAS ENTIDADES LOCALES CONTINÚAN SIN PUBLICAR SU PERFIL DE CONTRATANTE EN LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN

https://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf

22.01.2021.
Resoluciones del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/resolucions-tccsp/2021/index.html#googtrans(ca|es)

21.01.2021.

18.01.2021.
El Gobierno gastará 5.300 millones en rehabilitar edificios y viviendas

Fomento usará el fondo europeo para reformar 480.000 inmuebles hasta 2023
Los edificios son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de la contaminación con gases de efecto invernadero. La Comisión Europea ha fijado como una de sus prioridades la rehabilitación energética de edificios. Y el Gobierno quiere aprovechar los fondos de la Unión Europea para potenciar este capítulo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, puso este jueves cifras al programa que prepara el Ejecutivo y que calificó de “masivo”: 5.300 millones de euros. Será un plan de rehabilitación y regeneración urbana a tres años con el objetivo de hacer más eficientes energéticamente 480.000 viviendas.


El proyecto se financiará exclusivamente con los 70.000 millones de fondos europeos, lo lidera el Ministerio de Transportes, participa el de Energía y colaboran comunidades y Ayuntamientos. Las autonomías tienen la competencia y los municipios intervienen en el desarrollo de los planes. Según explica el departamento de José Luis Ábalos, la primera pata consiste en la renovación de vivienda o edificios en la manera tradicional: una comunidad de propietarios pide la ayuda y a continuación se procede con la obra.

La segunda pata se basa en la renovación de barrios completos. Este programa se orquesta consensuándolo con la comunidad y el Ayuntamiento, y también comprende la rehabilitación de los espacios comunes. Además, dentro de este bloque habrá actuaciones específicas para ciudades de menos de 5.000 habitantes con el fin de ayudar a la España despoblada. El ministerio subraya que el objetivo de estas iniciativas es principalmente la eficiencia energética, pero también mejorar la accesibilidad y la cohesión social.

Y una tercera pata es la rehabilitación de edificios públicos del Estado, las comunidades y Ayuntamientos, con una especial atención a los inmuebles sanitarios y educativos. También se reserva una partida menor para la llamada Agenda Urbana, que básicamente se resume en ayudas a las corporaciones locales para que diseñen sus planes de urbanismo y con ellos den respuesta a problemas de habitabilidad, vivienda social, accesibilidad, movilidad o eficiencia energética.

En los Presupuestos ya hay una anualidad de estas partidas, y el desglose a tres años es: 2.400 millones para vivienda y barrios; 500 millones para ciudades de menos de 5.000 habitantes pensando en el reto demográfico; 1.080 millones para edificios de comunidades y Ayuntamientos; 1.000 para edificios de la Administración del Estado; 20 para que las entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agenda Urbana, y 300 de una convocatoria que ya ha sacado el Instituto para la Diversificación Energética.

En la actualidad se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año. El plan supondría multiplicar la cifra por cinco hasta 2023. Y según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, se podrían crear unos 400.000 puestos de trabajo. A diferencia de otras inversiones, la rehabilitación de vivienda es muy intensa en creación de empleo y puede servir como estímulo para tirar de la economía con rapidez.

Calviño mencionó esta cifra en el Spain Investors Day, un foro organizado por Estudio de Comunicación con la colaboración de BNP Paribas y el patrocinio, entre otros, de PRISA, grupo editor de EL PAÍS. Ante más de 200 inversores internacionales, la vicepresidenta hizo una cerrada defensa de la recuperación española, vaticinando que la economía crecerá este año un 7% y que ese guarismo puede aumentar en función del uso de los fondos europeos.

Calviño explicó que aún quedan semanas y meses de dificultades. Pero que esa previsión se hizo con unas hipótesis que se están confirmando: ya hay vacunas que traen cierto optimismo sobre la segunda mitad del año; las tensiones geopolíticas se están reduciendo tras las elecciones de EE UU y el acuerdo del Brexit; la UE avanza con rapidez para liberar las ayudas, y el fuerte rebote de la economía en el tercer trimestre a pesar de la segunda ola confirma que las medidas tomadas, principalmente ICO y ERTE, han logrado evitar daños permanentes. Y anticipó que todo ello debería permitir una fuerte recuperación en el segundo semestre.

Calviño se congratuló de que los ERTE hayan evitado las masivas destrucciones de empleo de otras recesiones. Y adelantó que será un instrumento permanente. Entre las prioridades, citó la obligación de seguir controlando la pandemia hasta que haya la suficiente población inmunizada. Recordó la necesidad de ejecutar con celeridad los fondos europeos. Y avanzó a los inversores que se preparan importantes reformas, la laboral y la de pensiones, cuyo éxito se asegurará negociando con patronal y sindicatos
Fuente: EL PAIS

14.01.2021.
La solvencia técnica en los contratos mixtos de obras: Análisis de la resolución nº 625/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

La resolución nº 625/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de fecha 6 de junio de 2019, la cual conozco bien ya que fue interpuesta frente a los pliegos elaborados por el poder adjudicador en el que tengo el honor de trabajar, trata el tema de la solvencia técnica que se puede exigir en los contratos mixtos, cuando una de las prestaciones es una obra.

Anteriormente, la resolución nº 80/2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, de 10 de abril de 2019, a la cual me remito expresamente, trata en profundidad el tema, reseñando numerosa doctrina que en todos los casos concluye que en aplicación del artículo 18.1 a):“Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las siguientes reglas:

a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.”, en los contratos mixtos en los que la prestación principal no sea la obra no se podrá solicitar clasificación a los licitadores.

Volviendo a la resolución nº 625/2019 del TACRC, y en lo que atañe únicamente a la solvencia técnica, ya que el recurso incluye otras interesantes alegaciones que no fueron acogidas como, entre otras, la unión artificiosa de prestaciones o la ausencia de justificación de la no división en lotes, nos encontramos ante un contrato mixto de servicios y obras (Servicios de operación y mantenimiento de EDAR y de las Instalaciones del Sistema de Saneamiento en Alta Asociadas y Proyecto y Obras de Mejora en la EDAR) con un valor estimado del contrato de 19.126.597,37 € (VEC obras: 5.948.466,066 €).

El licitador recurrente alega que en el pliego se vulneran los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia en relación con la solvencia técnica; denuncia que la entidad adjudicadora incumple el criterio doctrinal consolidado por este Tribunal, respecto a la exigencia de solvencia técnica específica y distinta en función de las distintas prestaciones que integran el contrato, pues se debería exigir únicamente la del contrato al que corresponda la prestación más importante del contrato mixto, en este caso los servicios y, en ningún caso, exigir clasificación para poder ejecutar las obras.

Por parte del órgano de contratación se informó, apoyándose en el informe 6/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que analizando la Directiva 2014/34/UE que luego se traspuso a la LCSP, concluye que:

“I. En todos los contratos públicos procede exigir los requisitos de capacidad y de solvencia que sean adecuados para garantizar que las empresas licitadoras tienen la capacidad y las competencias técnicas y profesionales necesarias para ejecutar el contrato a cuya adjudicación opten. Con respecto a las contrataciones que incorporen prestaciones correspondientes a diferentes tipologías contractuales, si bien, con carácter general, se puede considerar que las empresas que tengan la capacidad y la solvencia exigida para llevar a cabo la prestación que constituya el objeto principal de un contrato también deben poder llevar a término las que le sean accesorias, una interpretación del artículo 12 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme con la nueva regulación de los contratos mixtos contenida en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, puede comportar, por lo menos en ocasiones, que, para la adecuación con el objeto del contrato de la capacidad y la solvencia a requerir, proceda la exigencia de requisitos específicos para las diferentes tipologías contractuales que lo componen, a razón de su relevancia económica o de su complejidad o especificidad técnica”.

Concluye el órgano de contratación diciendo que, “aunque la norma general sea la alegada por el recurrente, en contratos como el licitado, por la importancia de la prestación no principal, es necesario solicitar la correspondiente clasificación empresarial al ser su valor estimado superior a 500.000 euros; hacer lo contrario sería un incumplimiento flagrante de la propia LCSP”.

Finalmente el TACRC resuelve diciendo que “asiste en este punto la razón a la recurrente, por lo que únicamente cabría exigir la acreditación de la solvencia técnica con arreglo al régimen jurídico de dicho contrato, teniendo presente que para los contratos de servicios, según el artículo 77.1.a) LCSP no será exigible la clasificación del empresario. Se estima en este punto la alegación realizada por el recurrente”.

Pues bien, ante lo dicho por el TACRC, y por otros tantos órganos administrativos, respecto a la solvencia técnica en los contratos mixtos en que una de las prestaciones sea una obra que exigiría normalmente clasificación, se hace necesario analizar que requisitos para contratar con el sector público deben prevalecer en este tipo de contratos.

La doctrina consolidada se remite al artículo 18 de la Ley, obviando que la exigencia de solvencia, que será la clasificación para contratos de obras de más de 500.000 euros, en una exigencia básica de la contratación pública en la Unión Europea y por tanto en España. Así, la LCSP regula la solvencia en, entre otros, los siguientes artículos:

En su artículo 39.1 a), establece que la falta de solvencia económica, financiera, técnica o profesional será causa de nulidad.
En su artículo 65 como condición de aptitud para contratar con el sector público.
En su artículo 74.1, que dice textualmente que “Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
En su artículo 77.1 a), que dice que para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros será obligatoria la clasificación como contratista de obras, la cual acreditará sus condiciones de solvencia.
En su artículo 86.2, que establece, en su último párrafo, que la clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.
Parece claro que es imprescindible poseer la solvencia adecuada para poder contratar con el sector público, siendo, ni más ni menos, una condición de aptitud para contratar y su ausencia causa de nulidad del contrato. Es indiscutible también que la solvencia de los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros se acredita mediante la correspondiente clasificación como contratista de obras.

Aplicando la doctrina establecida, en el caso que nos ocupa, nos encontramos que el TACRC afirma que para la ejecución de una obra de una valor estimado de 5.948.466,066 € y de gran complejidad técnica, que por sí sola estaría sometida a regulación armonizada, no es necesario estar clasificado, por lo cual se podría presentar al procedimiento de adjudicación para la ejecución de la obra, en UTE, cualquier empresa, sin necesidad de demostrar ningún tipo de solvencia, ya que la única exigida sería para el licitador que fuese a ejecutar la prestación principal relativa a servicios.

En definitiva, en mi opinión, la interpretación que ha de hacerse del artículo 18.1 de la LCSP no puede llegar a conclusiones ilógicas como la planteada, debiendo interpretarse que cuando se refiere a “determinar las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos atendiendo a la prestación principal”, será así para todas la materias en que no se atente contra una condición de aptitud para contratar con el sector público como es la solvencia de los adjudicatarios de contratos, la cual debe exigirse siempre y en todo caso, máxime cuando ni es incompatible con el régimen previsto en dicho artículo ni ninguna perturbación va a producir en el procedimiento de adjudicación, sino todo lo contrario, va a fortalecer su seguridad jurídica y la garantía de una correcta ejecución del contrato.
Fuente: http://www.obcp.es/

12.01.2021.
Esquema RD-L 36/2020

https://lapartecontratante.blog/2021/01/08/esquema-rd-l-36-2020/

11.01.2021.