16.02.2021.
Decreto Ley autonómico para la gestión de los fondos europeos de recuperación: subvenciones y contratación pública

ARTICULO PUBLICADO EN https://www.tornosabogados.com/
n el marco de la recepción de los fondos europeos de recuperación, en fecha 4 de febrero ha sido publicado en el DOGC el Decreto Ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público (en adelante, “Decreto Ley 5/2021”).

La aprobación de esta norma autonómica debe ser tenida en consideración junto con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que fue objeto de análisis en el Comentario Legal de fecha 31 de diciembre de 2020

El ámbito de aplicación del Decreto Ley 5/2021 se extiende a la Generalitat y a su sector público dependiente. Aunque la norma abarca numerosos aspectos, nos ceñimos ahora a las disposiciones relativas a subvenciones y contratación pública.

En materia de subvenciones, el artículo 11 establece las siguientes especialidades.

– Se pretenden agilizar las actuaciones administrativas de los órganos concedentes de subvenciones derivadas de los fondos. Las bases reguladoras y las convocatorias podrán prever instrumentos de flexibilización en la tramitación de las ayudas.

– En este sentido, se reconoce la posibilidad de publicar individual, pero simultáneamente, la disposición que apruebe las bases y la resolución de convocatoria.

– Igualmente, se acepta que en determinados supuestos la cuenta justificativa pueda ser usada sin aportación de justificantes o bien mediante módulos.

– Finalmente, se acepta la posibilidad de aportar una declaración responsable en sustitución de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

– Se extiende la aplicación del régimen de ayudas extraordinarias establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, tributario y de control financiero (en adelante, “Decreto ley 46/2020”), respecto a las ayudas por razón de un estado, situación o hecho en que se encuentren o soporten los solicitantes. Se recuerda que el Decreto ley 46/2020 reconoce para el órgano convocante una regulación específica ante ayudas extraordinarias, entendidas estas como convocadas con ocasión de situaciones de carácter excepcional que hay que afrontar por el interés general.

Por su parte, el título 4º del Decreto Ley 5/2021 recoge las novedades en materia de contratación pública. Se pretende una mayor eficiencia en la distribución y gestión de fondos europeos, así como dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a los procedimientos de contratación. Asimismo, en la medida de lo posible, se busca la inclusión de criterios sociales y medioambientales, de digitalización y de innovación y de responsabilidad social corporativa, así como facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas o empresas de economía social.

– Los artículos 12 y 13 definen los contratos del sector público incluidos en el ámbito de este Decreto-ley 36/2020, entendiéndose como tales los “financiados con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU 12 que respondan a una necesidad incluida en el ámbito de funciones de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de las entidades de su sector público o de las universidades públicas de Cataluña y entes dependientes”.

– Los artículos 14 a 17 establecen las normas de tramitación de los contratos y acuerdos marco que se financien con los fondos europeos.

o Se promueve la utilización de las consultas preliminares de mercado.

o Respecto la división del contrato en lotes, y en aras a garantizar la concurrencia de pequeñas y medianas empresas, la norma prevé que “se procurará establecer una limitación de licitación o de adjudicación”.

Sobre los criterios de adjudicación, se establecen límites en su distribución y se priorizan los valorables automáticamente en los siguientes términos: “Se priorizarán los criterios de valoración evaluables mediante fórmulas, y como máximo el 35% corresponderá al precio para los que se tramiten por procedimiento abierto simplificado o simplificado abreviado, y el 50% para los que se tramiten por procedimiento abierto o restringido”.

o En ningún caso se admitirá la subcontratación de la prestación principal.

o La garantía definitiva será devuelta al contratista cuando el órgano competente de fiscalización de la Unión Europea acepte la solicitud de certificación presentada.

o Se prevé la aplicación de la tramitación urgente y se establece la reducción de ciertos plazos para la emisión de informes.

o Asimismo, en el caso justificarse la imposibilidad de cubrir las necesidades perseguidas mediante la tramitación urgente, se podrá tramitar por el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia. Siempre que sea posible, habrá que solicitar tres ofertas, dividir el contrato en lotes e incorporar criterios de contratación socialmente responsable.

– Los artículos 18 a 21 regulan medidas concretas de seguimiento y aseguramiento del cumplimiento de los contratos durante su ejecución. En concreto, se prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento.

El impacto de la recepción de los fondos europeos de recuperación en el ámbito de la contratación pública se prevé notable. Por tanto, es de esperar que próximamente se dicten más normas, de ámbito estatal y autonómico, que fijen nuevos mecanismos con incidencia en la contratación y el resto de ámbitos del derecho público.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

Antonio Sala

Abogado

15.02.2021.
El Gobierno decide dar ayudas directas a las empresas y autónomos

Era una reclamación de empresarios, banqueros y sobre todo de pymes y autónomos, quienes llevan meses pidiendo la aprobación de un mecanismo para conceder ayudas directas que permita salvar a una gran parte del tejido industrial español ante la prolongación de la pandemia. El Gobierno ha recogido finalmente el guante y ha anunciado que reformará el marco legal existente para impulsar ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia, y trabaja ya en medidas para aliviar la carga financiera y reforzar la solvencia de compañías viables.


Fuentes conocedoras de los análisis que se están llevando a cabo para desarrollar estas medidas mantienen que se lleva trabajando en su estudio desde octubre, ya que el objetivo era tener listas estas iniciativas en enero (solo a la espera de la autorización de Bruselas), pero al final se ha retrasado, y será en marzo cuando se apruebe el abanico de fórmulas para su entrada en vigor en abril como tarde.

En este estudio también trabaja la consultora Oliver Wyman, contratada por el sector financiero.
Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos este viernes en un comunicado, el Ejecutivo va a reformar el marco legal existente para impulsar las ayudas directas, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado, paso necesario para que el Gobierno pudiera aprobar estas nuevas ayudas.

Su objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables, argumenta el departamento que dirige Nadia Calviño. Y es que tras la segunda y tercera ola del Covid se está detectando que a los problemas de liquidez inicial que ahogaban a las pymes al inicio de la pandemia ahora, y tras el tiempo de crisis transcurrido, se está transformando en un problema de solvencia, que puede llevar a la desaparición o a concurso de acreedores a un gran número de empresas y autónomos.

El Ejecutivo explica que desde octubre ha estado trabajando con la CE, aunque Bruselas no ha aprobado hasta finales de enero una modificación del marco temporal de ayudas de Estado que hace posible convertir anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas hasta finales de 2021. Tras esa decisión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó en su reunión del viernes notificar a la CE la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas Administraciones. El Ejecutivo explica que, tras el visto bueno de la CE a estas ayudas, su intención es acelerar “todo lo posible” este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional “cuanto antes”.

De momento, en los próximos días se espera que se haya identificado la tipología de empresas y, según su categoría por diferentes variables, como dimensión, número de empleados, sector o por facilidad en salir de la crisis una vez que la pandemia haya finalizado, se concretará una clase de ayudas y soluciones.

También se está definiendo el concepto de empresa viable, ya que las ayudas solo se dirigirán a las sociedades que pueden resistir en el futuro. El Gobierno también está evaluando las ayudas que necesitarían estas pymes y autónomos, que, según algunas fuentes, sumarían unos 10.000 millones de euros.

Las medidas que se están proponiendo en Francia sirven ahora de guía. Como la concesión de créditos participativos para las empresas de hasta un determinado tamaño, mientras que para micropymes y autónomos las ayudas serán diferentes, aunque de momento se descarta inyectar capital directamente.

Las nuevas medidas de apoyo se sumarán a las aprobadas hasta el momento y que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB, si bien un 15% han sido medidas de liquidez, en su gran mayoría avales del ICO, y solo el 5% restante ayudas directas con impacto en los presupuestos.

Economía destaca que el volumen de ayudas directas activadas en España está “entre los más elevados de los grandes países de la Unión Europea”, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dentro de estas medidas está en estudio que el ICO pueda realizar refinanciaciones y quitas, para lo que es necesario la modificación de sus estatutos, explican fuentes conocedoras de las negociaciones, y como adelantó este periódico el pasado 23 de octubre.

10.02.2021.
Barcelona abre el plazo para presentar proyectos de vivienda social

El Ayuntamiento de la capital catalana ha abierto el plazo para que fundaciones y cooperativas expongan sus proyectos que se desarrollarán en dieciocho solares y edificios municipales.
Barcelona impulsa la vivienda social. El Ayuntamiento de la capital catalana ha abierto el plazo para que fundaciones y cooperativas presenten proyectos de vivienda social que se desarrollarán en dieciocho solares y edificios municipales. Las entidades podrán enviar sus propuestas hasta el 28 de febrero. Este proceso se enmarca en el acuerdo firmado entre el consistorio y diversas cooperativas y fundaciones para ampliar el parque público de viviendas en mil pisos, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. En la primera fase, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de las entidades participantes quince solares para construir viviendas y tres edificios para rehabilitarlos. Con ello, el consistorio estima sumar 497 viviendas al parque público. Se prevé que las obras arranquen en el segundo semestre de 2022 y estén finalizadas en 2024. Barcelona prevé finalizar las obras de os dieciocho proyectos en 2024 Dentro de su estrategia para ampliar el parque de vivienda público, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido un préstamo al Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 65 millones de euros para promoción de vivienda social. El Consistorio estima destinar los fondos a la construcción de 490 pisos. En el mandato pasado, Ada Colau logró un préstamo de 125 millones de euros para la construcción de 2.198 viviendas públicas en alquiler. La ciudad cuenta con un parque público de vivienda de 10.000 pisos y actualmente tiene otras 2.000 viviendas en construcción.

08.02.2021.
La licitación de vivienda pública se eleva a 696 millones, la cifra más alta desde 2010

La licitación de vivienda pública se eleva a 696 millones, la cifra más alta desde 2010
El volumen total de licitación para el sector de la edificación pública se elevó a 5.570 millones de euros el año pasado, un 17,7% menos que en 2019.
La licitación de vivienda pública se dispara. El volumen de vivienda pública licitado el año pasado ascendió a 696,4 millones de euros, un 37,7% más que un año antes y la cifra más elevada desde 2010, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Según los datos recogidos anualmente por la entidad, el volumen de licitación de viviendas por parte de las administraciones ha tenido una evolución muy similar al mercado residencial en España. Así, creció con mucha fuerza hasta el año 2008 y empezó a caer suavemente hasta 2011, cuando el descenso se acentuó. La recuperación empezó a llegar de forma suave en 2017, aunque en el último ejercicio parece que se ha acelerado a pesar de la crisis sanitaria y la incertidumbre atraviesa el mercado.

La licitación de viviendas por parte de las administraciones ha tenido una evolución muy similar al conjunto del inmobiliario desde los años de la burbujaEn el caso de la edificación no residencial, el volumen de licitación pública fue de 5.053 millones de euros en 2020, un 22% menos que un año antes. En este apartado, las obras para equipamientos sociales (docentes, sanitarios y deportivos, principalmente) descendieron un 6,2%, mientras que el volumen de licitaciones para otros equipamientos (administrativos, industriales y terminales) se redujo un 38,4%.
En conjunto, el volumen total de licitación para el sector de la edificación se elevó a 5.750 millones de euros el año pasado, un 17,7% menos que en 2019. La edificación supone el 40,7% de las licitaciones públicas, mientras que el restante 59,3% corresponde a la obra civil. De esta manera, el total de licitación pública en obra civil (transportes, hidráulicas, medioambiental y urbanización) fue de 8.364 millones de euros en 2020, un 26,1% menos. Finalmente, el total de licitación pública en España el año pasado fue de 14.114 millones de euros, un 22,9% menos que el ejercicio anterior.

05.02.2021.

04.02.2021.
Por el notable interés y como “aviso a navegantes” que se dice, reproducimos el Informe 12/2020 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña a propósito del ENS

https://ivac.es/wp-content/uploads/2021/02/ens.-Informe-12-2020-CP-cast.pdf

02.02.2021.
Página web de la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la licitación pública

https://cbim.mitma.es

29.01.2021.
Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber

Como ya sabemos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), para concertar cualquier prestación de servicios o entregas de bienes con la Administración debe seguirse un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en el sector público existen determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad y que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación: nos referimos, pues, a los contratos menores.

Tabla de Contenidos
Qué tipo de contratos se consideran menores
Requisitos, límites y procedimiento para formalizar contratos menores con la Administración
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Qué tipo de contratos se consideran menores
Con carácter general, se consideran contratos menores en la nueva Ley de Contratos aquellos contratos de obra cuya cuantía no supere los 40.000 euros o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios.

Existe una importante excepción en relación con estos últimos, y es que se considerarán igualmente como contratos menores aquellos suministros o prestación de servicios que estén relacionados con ciencia e innovación por valor inferior a 50.000 euros.

Llegados a este punto, conviene aclarar que siempre que hablamos de importe o cuantía, no estamos refiriendo, en todo caso, al valor estimado del contrato, que es el precio del contrato excluido IVA.

Para su adjudicación, el artículo 118 de la Ley de Contratos introdujo una novedosa regulación de los expedientes de contratación de los contratos menores; pues, si bien en estos supuestos no se tramita una licitación o concurso para su adjudicación, se requiere la tramitación de un expediente administrativo en el que justifiquen las necesidades que la Administración pretende satisfacer con el contrato y que, mediante la contratación, no se está fraccionando el contrato para eludir la tramitación de una licitación. Se entiende que existe fraccionamiento irregular cuando se utiliza esta figura para cubrir necesidades recurrentes similares, reiteradas y previsibles con independencia del periodo en que se realicen o cuando se divide en varios contratos una prestación cuyo objeto deba considerarse unitario.

Requisitos, límites y procedimiento para formalizar contratos menores con la Administración
Según la Ley de Contratos, la Administración podrá adjudicar el contrato a cualquier contratista que tenga la habilitación profesional necesaria para realizar su objeto, con independencia de si el adjudicatario hubiera celebrado otro contrato menor con la Administración en el último año, desapareciendo este límite al contrato menor que se recogía en la regulación anterior a la actual Ley de Contratos.

Sin entrar en la discusión doctrinal sobre la aplicación a todo el sector público de las instrucciones que dicta la ORIESCON[1] y la vinculación del nuevo trámite que introdujo en la tramitación de los contratos menores de solicitar, al menos tres ofertas o presupuestos, lo cierto es que, la petición de más ofertas a otros interesados, garantiza una contracción más eficiente, toda vez que se dota de mayor publicidad y concurrencia la concertación de este tipo de contratos. Salvo para aquellos casos que, por la naturaleza o especificidad del contrato, no se puedan solicitar más ofertas y así se justifique en el correspondiente expediente.

En todo caso, el expediente deberá incluir un informe del órgano de contratación que explique detalladamente la necesidad de la obra o servicio que se desea contratar, con la única excepción de que el importe del contrato sea inferior a 5.000 euros y el medio de pago que se emplee para su abono sea el sistema de anticipo de caja fija.

Además, deberá incluirse en el expediente de contratación la aprobación del gasto por parte del órgano de contratación, e incorporar la factura que se reciba por parte del contratista una vez finalizada la ejecución del contrato.

Por último, hay que señalar que la Administración trimestralmente deberá dar publicidad de todos los contratos menores celebrados de importe superior a 5.000 euros no abonados mediante anticipo de caja fija, con indicación de su objeto, su duración, el importe (IVA incluido) y adjudicatario.

Como podemos comprobar, la agilidad, simplicidad, rapidez y sencillez de tramitación de los contratos menores hacen que la Administración recurra al mismo de manera frecuente, incluso en ocasiones en las que no se cumplen los requisitos o para evitar recurrir a un procedimiento de licitación.

Por tanto, conviene estar asesorado por especialistas en materia de contratación pública para evitar que, con la formalización de un contrato menor, se incurra en infracciones que puedan dar lugar a la nulidad del expediente o que ello acarree sanciones, limitaciones o prohibiciones de contratar con el sector público.

27.01.2021.

25.01.2021.
EL 58% DE LAS ENTIDADES LOCALES CONTINÚAN SIN PUBLICAR SU PERFIL DE CONTRATANTE EN LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN

https://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf