La CNC pide que no se aplique la Ley de Desindexación para que se apliquen precios de mercado, con especal atención en la mano de obra, con el fin de evitar su escasez en un momento en que resulta vital para la construcción.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido que se modifique de forma urgente la Ley de Contratos del Sector Público y se revise la Ley de Desindexación, con el objetivo de que deje de aplicarse a los contratos públicos.
La patronal considera que la falta de actualización de precios, especialmente de la mano de obra, pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, además de afectar directamente a los salarios de los trabajadores.
Según CNC, cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, se producen retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que advierte de que “resulta especialmente preocupante” en un momento como el actual. En concreto, en una coyuntura en la que es necesario ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, aumentar la oferta de vivienda y empezar a plantear soluciones frente a la que considera la principal preocupación de los españoles.
La CNC insiste en que la ley debe ajustarse “lo antes posible” para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores
La CNC insiste en que la ley debe ajustarse “lo antes posible” para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya comprometido con los agentes sociales a impulsar un cambio en la normativa para explorar la posibilidad de relajar las reglas de indexación en los contratos públicos de las empresas que ejecutan y prestan servicios a las administraciones, sobre todo en los salarios.
En este marco, patronal y sindicatos de la construcción acaban de comprometerse en el VII Convenio General del Sector a formular conjuntamente propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.
El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando de nuevo la mano de obra como elemento revisable.
Las propuestas están basadas en la Guía sobre Contratación Pública y Competencia y buscan aumentar la competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado una batería de propuestas dirigidas a todas las administraciones públicas para mejorar la eficiencia de las licitaciones en España, entre las que propone una reforma de los criterios de adjudicación para garantizar la objetividad y la igualdad de oportunidades de todas las empresas.
Las propuestas están basadas en la Guía sobre Contratación Pública y Competencia, presentada recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), y busca aumentar la competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes.
De esta forma, la confederación de constructores aboga por dar una ponderación mayoritaria a criterios cuantificables mediante fórmulas claras, asegurando que la oferta no quede menoscabada por valoraciones discrecionales, y utilizar preferentemente el concurso a la subasta, priorizando la calidad y la viabilidad de la ejecución de los contratos.
La CNC aboga por dar una ponderación mayoritaria a criterios cuantificables mediante fórmulas claras
También insiste en la importancia de establecer plazos de presentación de ofertas adecuados a la complejidad de cada contrato, así como en la necesidad de fomentar la profesionalización de los órganos de contratación, para prevenir activamente prácticas anticompetitivas.
Si bien apoya la inclusión de criterios sociales, medioambientales o de innovación, recomienda que estos se configuren principalmente como condiciones especiales de ejecución para el adjudicatario, y no como una barrera de entrada que pueda excluir injustificadamente a potenciales licitadores.
Asimismo, defiende la subcontratación como una herramienta útil, siempre que se garantice su transparencia y control, al tiempo que propone validar la experiencia adquirida por las pymes como subcontratistas para acreditar su solvencia, fomentando así su crecimiento y acceso como contratistas principales.
También defiende la subcontratación como una herramienta útil, siempre que se garantice su transparencia y control
“La piedra angular de una contratación pública más competitiva reside en la transparencia y la máxima difusión, en línea con lo que se propone en la guía de ampliar la divulgación de las licitaciones más allá de los canales obligatorios, así como de publicar con antelación los planes anuales de contratación”, señala la patronal.
Asimismo, urge a optar por procedimientos abiertos y accesibles, ajustar la solvencia exigida a la naturaleza real del contrato y dividir los proyectos en lotes, siempre que sea posible, para dar cabida a la especialización y capacidad de las pymes (que suponen el 99% de las empresas del sector en España), e insta a considerar las limitaciones financieras de estas empresas, previendo garantías más flexibles y la posibilidad de realizar pagos parciales por fases.
Según la asociación Seopan, el incremento sigue respondiendo a la mayor actividad de los ayuntamientos, frente al descenso del Estado. Las entidades locales licitaron proyectos por valor de 9.730 millones de euros, un 32% más.
Las licitaciones de obra pública lanzadas por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 23.500 millones de euros hasta el pasado mes de octubre, lo que representa un crecimiento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), el incremento sigue respondiendo, principalmente, a la mayor actividad de los ayuntamientos, frente al descenso en las administraciones del Estado.
En concreto, las entidades locales licitaron proyectos por valor de 9.730 millones de euros, un 32% más, aunque también destacó el aumento del 8% de las comunidades autónomas, principalmente en Madrid, donde se disparó un 240% (1.600 millones), y en La Rioja, donde se multiplicó por cuatro (122 millones de euros).
Por el contrario, la Comunidad Valenciana es la región donde más cayeron las licitaciones de obra pública, un 69%, con solo 262 millones de euros. En Castilla-La Mancha también retrocedieron un 52% (91 millones) y en Aragón otro 46% (89 millones).
También destacó el aumento del 8% de las comunidades autónomas
Respecto a la Administración General del Estado, licitó obras por 7.110 millones de euros, un 15% menos, destacando los descensos del 20,6% del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del 26,7% del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que en el resto de departamentos ministeriales aumentaron un 6%.
En Transportes, Adif licitó 2.765 millones, un 26% menos; los puertos un 11% menos (474 millones); las carreteras un 45% menos (631 millones), y Seitt, que explota las autopistas rescatadas, un 73% menos (40 millones). Solo Aena las aumentó, un 10%, hasta los 438 millones.
https://www.ejeprime.com/mercado/la-licitacion-de-vivienda-publica-se-dispara-189-hasta-septiembre
El nuevo marco competencial de los perfiles profesionales en contratación pública de Cataluña se enmarca en la Estrategia catalana de mejora de la compra pública, aprobada por el Acuerdo del Gobierno 171/2022, de 30 de agosto, que recoge el objetivo estratégico profesionalizar la contratación pública.
Este marco tiene el propósito de ser común en todo el sector público catalán en la definición de las competencias necesarias para los perfiles profesionales que intervienen en el proceso de contratación pública.
El documento define la competencia técnica e identifica las competencias transversales, así como los conocimientos técnicos esenciales en contratación pública con el fin de ejercer correctamente este ámbito profesional, basándose en el Marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación pública (ProcurCompEU) .
El marco competencial distingue tres perfiles principales en el procedimiento de contratación, cada uno de ellos pide niveles de profesionalización diferentes y específicos para asegurar que disponen de la transversalidad y de los conocimientos multidisciplinares que requiere la compra pública. Estos perfiles son: Promotor del contrato, gestor del contrato y responsable del contrato.
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/actualitat/noticia/Nou-marc-competencial-dels-perfils-professionals-en-contractacio-publica