En los primeros nueve meses del año las administraciones públicas han destinado 467,4 millones de euros a vivienda, frente a los 467,4 millones invertidos en el mismo periodo de 2019.
La inversión pública en vivienda crece pese al Covid-19. Las administraciones públicas han destinado 467,4 millones de euros a la construcción de vivienda, un 20,3% más que en el mismo periodo de año anterior, según datos publicados por Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras (Seopan). El importe destinado a obras públicas cayó durante los primeros meses de la pandemia. En marzo, cuando se decretó el estado de alarma, el valor de las licitaciones descendió un 47,9%, hasta los 16,5 millones de euros, frente los 31,7 millones de euros licitados en el mismo mes de 2019. La bajada se agravó en abril, con un descenso del 80,7%. En el cuarto mes del año se licitaron 18,9 millones de euros frente a los 98,1 millones que las instituciones públicas destinaron en el mismo periodo de 2019.
Con la desescalada, las licitaciones públicas de viviendas iniciaron la recuperación y marcaron cuatro meses de subidas. Mayo registró un crecimiento del 57,7%, mientras que en junio el importe público destinado a la vivienda se multiplicó por diez respecto al mismo mes de 2019. Tras un semestre convulso, las licitaciones sumaron 255,8 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supuso una caída del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron 255,8 millones de euros. En verano, continuó el engorde de la licitación de vivienda y en julio y agosto se duplicaron las partidas. Aun así, el tercer trimestre se ha visto lastrado por una caída del presupuesto de las administraciones públicas en septiembre, que ha descendido un 50,6%, hasta los 26,3 millones de euros. En total, en el tercer trimestre del año, las administraciones públicas destinaron a la construcción de viviendas 211,6 millones de euros, un 68,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se invirtieron 125,8 millones de euros.
EN MARCHA LA TERCERA MODIFICACIÓN -EN CONCURRENCIA CON OTRAS DOS- DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: ANTEPROYECTO (Última hora⇒ PROYECTO) DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021. En nuestro apartado noticias, hemos dado cuenta en reiteradas ocasiones, de la tramitación que se está llevando a cabo en la Cortes Generales para la modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (Ver aquí, entradas 1092 y 1091–) Igualmente hemos señalado en este mismo apartado de noticias (Ver referencias 1109 y 1108), como desde el Gobierno se apunta a una inmediata modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de gestionar de modo más ágil los fondos de recuperación europea (los llamados Fondos Next Generation -ver aquí información sobre los mismos-) que recibirá España.
Pues bien, presentado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se observa en su disposición adicional trigésima sexta las siguientes nuevas provisiones de modificación de la LCSP:
⇒ Apartados 2 y 4 del artículo 32 relativo a los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados y apartado 3 del artículo 33 relativo a los Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados. En los tres apartados (32.2; 32.4 y 33.3) se suprime el siguiente texto existente hoy en día (igual en todos ellos): “El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.”
⇒ Se suprime el apartado 5 del artículo 32, el cual a día de hoy dispone: “5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.”
⇒ Letra a) del apartado 1 del artículo 159, relativo al procedimiento abierto simplificado, elevando de <100.000€ a las cuantías igual o inferiores señaladas para los umbrales de los contratos de servicios y suministros sujetos a regulación armonizada [Nota: No se eleva el valor estimado de los contratos de servicios o suministros frente a los que cabe recurso especial en materia de contratación (artículo 44.1.a LCSP) por lo que, con la redacción actual de la modificación prevista sería posible la existencia de contratos licitados mediante procedimiento abierto simplificado frente a los que sí cabe recurso especial en materia de contratación.]
⇒ Apartado 6 de ese mismo artículo 159, elevando de <35.000 € a <60.000 € los contratos de suministros y servicios que pueden ser licitados por procedimiento simplificado sumario.
⇒ Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 321 relativo a la adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, el cual excluye de la aplicación de la LCSP los contratos entre dos sociedades mercantiles pertenecientes al sector público que no ostenten el carácter de poder adjudicador, cuando concurran las circunstancias en el enumeradas.
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El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por un sistema basado en la edificación en taller para alzar pisos de forma más rápida
La tecnología ha entrado de lleno en la mayoría de los procesos industriales y de fabricación de todo tipo de productos y artículos, pero las viviendas se continúan construyendo de forma artesanal como hace décadas y el modelo de edificación ha variado muy poco. Así lo considera el Ayuntamiento de Barcelona que, tras construir una primera promoción de alojamientos de proximidad provisional (los conocidos como Aprop) con contenedores reciclados de barco, quiere explorar la vía de las viviendas industrializadas para alzar 212 pisos de alquiler protegido en el distrito de Sant Martí.
Este sistema de prefabricación de residencias fuera del solar permite reducir el impacto medioambiental y el calendario de obras. Asimismo, el proceso permite apostar por materiales sostenibles y reciclados que rebajen el consumo energético y las emisiones de CO2.En estas futuras viviendas el Ayuntamiento tiene previsto invertir inicialmente unos 20 millones de euros, repartidos en cuatro edificios que se empiezan a licitar ahora y que, una vez se adjudiquen, se acabará de concretar la cuantía.
Este tipo de residencias reduce el impacto ambiental y rebaja el consumo energético y las emisiones de CO2
El director general de la fundación Institut de Tecnològia de la Construcció (ITEC), Francisco Diéguez, explicó ayer, durante la presentación de estas promociones, que este nuevo modelo permite fabricar en talleres la mayor parte de los componentes del edificio, así como el ensamblaje posterior en la obra. Este sistema tiene ventajas sobre la construcción tradicional, según explicó, ya que reduce la contaminación medioambiental que producen los inmuebles durante el proceso de edificación y, a su vez, permite minimizar el impacto de ruidos y molestias que provoca la construcción.
Esto implica un trabajo diferente en la obra, ya que la prefabricación permite solapar las labores en el tajo. Es decir, en el mismo momento en que en el solar se trabaja en la cimentación del inmueble, en los talleres se puede empezar a fabricar la estructura, creada a través de módulos. La obra se convierte en un espacio de montaje de piezas previamente elaboradas en el taller, lo que permite reducir los plazos de una construcción desde que se licita hasta que se entregan las llaves de los 53 meses a los 37.
La concejal de Vivienda, Lucía Martín, explicó que el Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona está licitando las cuatro promociones para poder hacer la adjudicación en los próximos seis meses. Se trata de pisos que serán permanentes, a diferencia con los Aprop, que son alojamientos temporales.
El Ayuntamiento de Barcelona pretende construir edificios de alta calidad arquitectónica y por eso, en el pliego del concurso, se fijará una puntuación elevada por ese concepto, un 35% del total.
Por contra, la oferta económica será la menos relevante, ya que el Consistorio busca ideas innovadoras que permitan la sostenibilidad de los edificios. De hecho,
según expresó Lucía Martín, “estamos pidiendo al sector innovación, modernización y mayor calidad reduciendo al máximo el impacto de los materiales en origen”. En este sentido, la concejal expresó su confianza en que esto sirva para que Barcelona sea “punta de lanza” en la construcción de vivienda fabricada y montada y se creen puestos de trabajo.
CEPES Aragón organiza una jornada virtual, el próximo martes, para fomentar la participación de las entidades de la economía social en las licitaciones de contratos de las administraciones públicas
Elperiodicodearagon.com 23.09.20
Tras poco más de medio de pandemia, sobre el horizonte se ciernen negros nubarrones que anuncian una crisis económica, social y laboral sin precedentes. El negocio de muchos centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, asociaciones y fundaciones está en el aire, y con él los fines sociales que persiguen estas entidades sin ánimo de lucro.
Tratar de acceder a las licitaciones del sector público puede ser la salvación para las organizaciones de la economía social, que generan 23.000 empleos directos en Aragón (el 4% de la fuerza laboral) y el 6,5% de PIB. Por ello, la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes Aragón) organiza el próximo martes, 29 de septiembre, a través de Zoom, un encuentro virtual titulado Cómo facilitar el acceso a la contratación pública de las entidades de la economía social.
“Organizamos esta jornada, principalmente, con dos objetivos. Por un lado, porque queremos que el sector público diseñe licitaciones que den cabida y favorezcan a las entidades de la economía social en la contratación pública. Y, por otro lado, para animar a estas organizaciones a que participen en la misma”, informa el presidente de Cepes Aragón, Adrián Serrano.
En esta asociación ven la contratación pública “como una oportunidad, un instrumento para promover oportunidades de empleo, de accesibilidad, de trabajo digno, de inclusión social y de comercio justo, entre otras, aunque para ello es necesario que haya voluntad política”, apunta.
Y es que, aunque las entidades de la economía social tienen garantizado por ley un trato distinto a las empresas ordinarias a la hora de hacer negocio con las administraciones públicas, que pueden configurar las licitaciones de tal forma que favorezcan la participación de entidades sin ánimo de lucro en la contratación pública, como se verá en el seminario, la realidad es bien distinta.
“Esperamos que esta jornada marque el inicio de encuentros periódicos entre ambas partes, que sirvan para alcanzar objetivos comunes y diseñar herramientas que faciliten el acceso de las entidades de la economía social a la contratación pública”, desea Serrano.