30.09.2020.

29.09.2020.
aprueba una nueva versión de la aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC).

En el año 2008 se aprobó, mediante la Orden ECF/193/2008, de 29 de abril de 2008, la aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC), en un contexto de impulso a la modernización del sector público a través de la incorporación de los medios electrónicos, así como de transformación de los sistemas de información en la Administración de la Generalidad de Cataluña orientándolos hacia la tramitación electrónica, y con el avance decidido en el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la contratación pública que significaron las directivas comunitarias 2004/18/CE y 2004/17/CE, como también la aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

Aquella aplicación nació, en el marco de dicha normativa, con el objetivo de convertirse en la herramienta de gestión interna de la contratación pública de la Generalidad de Cataluña y de permitir la tramitación electrónica de los expedientes de contratación de la Administración de la Generalidad y de los entes del sector público, para toda la tipología de contratos prevista por la legislación de contratación pública entonces vigente, de acuerdo con el encargo recogido en el Acuerdo de Gobierno de 5 de septiembre de 2006.

Posteriormente, las directivas comunitarias en materia de contratación pública de 2014, transpuestas a la normativa estatal por la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, han supuesto el impulso definitivo a la contratación electrónica estableciendo la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación de los estados miembros de la Unión Europea.

En Cataluña se impulsa, desde hace años, una estrategia de innovación en los procesos y tecnológica de gran alcance, en la cual se sigue avanzando con el fin de alcanzar un modelo de contratación pública electrónica integral para el conjunto de las administraciones públicas catalanas. Así, en la línea de evolución y mejora continua de la estrategia corporativa de contratación pública electrónica, en la cual se integra la herramienta de gestión de los expedientes, se aborda la transformación tecnológica del GEEC, que comporta un cambio de tecnología del entorno SAP a una solución web, con un diseño más usable e intuitivo para facilitar y mejorar la gestión, el seguimiento y la información de la contratación pública de la Generalidad. Esta nueva versión de la aplicación del GEEC se incardina en el modelo catalán de administración electrónica, de acuerdo con la estrategia y las políticas de administración digital de la Administración de la Generalidad, y sus funcionalidades se adecuan, como no puede ser de otra manera, a los criterios y las instrucciones de los órganos competentes en materia de administración digital. Además, la evolución del GEEC coincide con la adaptación de la herramienta a las novedades derivadas de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, mencionada.

Esta evolución de la herramienta se fundamenta en una solución modular basada en microservicios que permite sustituir piezas de forma independiente en caso de necesidad, facilitando la evolución tecnológica progresiva del sistema y permitiendo el reaprovechamiento de servicios por parte de otros sistemas. Además, comporta un nuevo modelo de integración con el Sistema económico financiero corporativo de la Generalidad de Cataluña (GECAT) y que la tramitación de la contratación se haga a través del GEEC y la de gestión contable con el GECAT, de manera que cada sistema se especializa en la función que le es propia, garantizando la sincronización y la integridad de la información. Asimismo, se aprovechan las herramientas corporativas de Administración electrónica de la Generalidad de Cataluña, con la integración del GEEC con las aplicaciones del portafirmas corporativo y del módulo corporativo de digitalización y copia auténtica (eCòpia), así como con la integración con otros de los sistemas corporativos de e-contratación que conforman la estrategia corporativa de contratación pública electrónica de la Generalidad de Cataluña, el Registro público de contratos, la Plataforma de servicios de contratación pública y los servicios de licitación electrónica asociados a ésta.

Por otra parte, con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal con ocasión de la tramitación de los expedientes de contratación a través del GEEC, éste se efectúa de conformidad con la normativa de protección de datos y, específicamente, el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, teniendo que tomarse las medidas y los acuerdos correspondientes a este efecto.

Vista la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña sobre organización y competencias en materia de contratación de los órganos de las administraciones públicas en relación con los contratos de las administraciones públicas de Cataluña, de acuerdo con el artículo 159.3.c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y de conformidad con el artículo 12.1 del Decreto 96/2004, de 20 de enero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación de la Administración de la Generalidad; de acuerdo con los informes emitidos por el Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y por el Consorcio Administración Abierta de Cataluña, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el Decreto 96/2004 mencionado, por el Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y por el Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda;

De acuerdo con lo que dispone el artículo 61 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,



Ordeno:



Artículo 1

Objeto

1.1 Se aprueba la aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) para la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación de la Administración de la Generalidad, de los entes del sector público que dependen de ella y de los organismos independientes y estatutarios de Cataluña, en los términos establecidos en esta Orden.

1.2 La aplicación ha sido desarrollada de acuerdo con los estándares de programación de la Generalidad de Cataluña y reside en las instalaciones del proveedor de servicios de ésta.



Artículo 2

Ámbito material

2.1 Mediante el Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes del sector público dependientes o vinculados a ella tienen que tramitar la totalidad de su contratación pública, con independencia de la tipología de expedientes y de los procedimientos, formas e instrumentos utilizados para su adjudicación. Igualmente, los organismos independientes y estatutarios que lo soliciten podrán hacer uso de esta herramienta como tramitadores de sus expedientes de contratación.

Restan excluidas de la obligación de tramitación a través del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) los gastos que, en razón de su naturaleza y cuantía y previamente autorizadas por los órganos competentes, se tramitan en concepto de órdenes de pago a justificar, de acuerdo con la normativa que les es de aplicación.

2.2 La aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) prevé la integración con los sistemas económicos y financieros corporativos de la Generalidad de Cataluña.

El Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) utilizará la Plataforma de interoperabilidad y colaboración administrativa (PICA) para la integración con el resto de sistemas de información siempre que sea posible y a medida que la PICA vaya publicando los servicios.



Artículo 3

Acceso y contenido de la aplicación

3.1 La autenticación de las personas usuarias que acceden a la aplicación se realiza a través del Gestor de identidades y control de acceso a recursos corporativo de la Generalidad (GICAR), con cualquiera de sus mecanismos de identificación.

La aplicación prevé el acceso al sistema para todas las unidades implicadas en la gestión de los expedientes de contratación: órganos de contratación, unidades de contratación, unidades promotoras, asesorías jurídicas, unidades de documentación y archivo. También tienen acceso a la consulta de los expedientes las otras personas usuarias que participan en la tramitación, como la de las gestiones económicas, de la Intervención o de estamentos directivos, a través del módulo del Visor. La autenticación de los usuarios en el módulo del Visor también se hace a través del Gestor de identidades y control de acceso a recursos corporativo de la Generalidad (GICAR).

3.2 La aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) consta actualmente de los módulos siguientes:

Módulo básico de gestión y de seguimiento de expedientes, con las funcionalidades siguientes:

- Inicio del expediente de contratación por parte de la unidad promotora.

- Tramitación del expediente de contratación a través de un buzón de tramitación, hasta la fase de ejecución.

- Anexión y generación de documentos a partir de plantillas preestablecidas y personalizables para cada entidad. Firma y copia auténtica de los documentos a través de la integración con las herramientas corporativas.

- Árbol de tramitación interactivo, que muestra las fases, trámites y tareas por las cuales ha pasado o tiene que pasar el expediente, con la opción de consultar el histórico que muestra las trazas de todas las acciones realizadas (tanto de usuario como de integraciones de sistemas).

- Tramitación de las actuaciones de los contratos en su fase de ejecución a través de un buzón de tramitación, así como de la resolución y liquidación del contrato.

- Consulta del expediente (datos, tramitación y documentación).

- Alertas y avisos sobre el proceso de tramitación.

- Emisión de informes operativos.

- Clasificación archivística de los documentos de acuerdo con el perfil del Archivo electrónico seguro y tramitación administrativa (ARESTA) y generación del fichero de archivo del expediente.

- Tramitación excepcional y masiva.

- Exportación de información para ser cargada en cuadros de control o herramientas de análisis de información propias de las entidades o la Intervención General.

Módulo de Visor del expediente, para personas no usuarias de la herramienta de tramitación que tienen que acceder al expediente. Las personas usuarias de gestión económica y de Intervención hacen uso de este módulo para realizar las tareas de generación y fiscalización de apuntes contables. En concreto, este módulo dispone de las funcionalidades siguientes:

- Buscador de expedientes.

- Consulta de los datos básicos, tramitación y documentación del expediente.

- Funciones de exportación de un expediente para su posterior remisión.

Estos dos módulos podrán incorporar nuevas funcionalidades a su funcionamiento actual con el fin de mejorar el uso. También se podrán incorporar otros módulos que permitan la tramitación de nuevas necesidades que surjan.



Artículo 4

Integraciones con otros sistemas de información

4.1 El Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) prevé la integración con las aplicaciones corporativas de la Generalidad de Cataluña y los sistemas de información de otras administraciones vinculadas al proceso de contratación pública siguientes:

- Sistema económico financiero corporativo de la Generalidad de Cataluña (GECAT y Pangea).

- eFact (Punto General de entrada de facturas electrónicas) del Consorcio AOC para la gestión de las facturas electrónicas.

- Registro público de contratos.

- Registro electrónico de empresas licitadoras y clasificadas.

- Portafirmas corporativo.

- Módulo corporativo de digitalización y copia auténtica (eCopia).

- GICAR (Gestor de identidades y control de acceso a recursos), para la autenticación de personas usuarias.

- PSIS (Plataforma de servicios de identificación y firma), del Consorcio AOC, para la validación de firmas.

- iArxiu (Plataforma de archivo de documentos electrónicos del Consorcio AOC), para el archivo de los expedientes.

- Plataforma de Servicios de Contratación Pública.

- Herramienta de recepción de ofertas Sobre Digital.

- Plataforma de notificaciones electrónicas.

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Tesorería General de la Seguridad Social.

- Agencia Tributaria de Cataluña (G@UDI).

- Antivirus corporativo de la Generalidad de Cataluña, para detectar posibles infecciones en la documentación de los expedientes.

- Sistema corporativo de compras y agregación de la demanda.

- Tesorería de la Generalidad de Cataluña (GECAT), cuando esté disponible por parte de Tesorería.

4.2 El Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) irá incorporando las últimas versiones de las herramientas con las cuales se integra a medida que estén disponibles y de acuerdo con las actualizaciones que se vayan efectuando de la herramienta. Asimismo, se podrá integrar con las nuevas herramientas corporativas que se desarrollen y resulten de utilidad en la tramitación de expedientes de contratación.

4.3 El Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) prevé la integración con las aplicaciones departamentales o propias de los entes públicos siguientes:

- Sistemas economicofinancieros.

- Cuadros de mandos.



Artículo 5

Firma electrónica y medidas de seguridad

5.1 La firma de documentos desde el Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) se realiza a través de la integración con el servicio corporativo del portafirmas. La validación de las firmas de los documentos externos incorporados al sistema se realiza a través de la Plataforma de servicios de identificación y firma del AOC (PSIS).

5.2 Para la comunicación, tanto entre las personas usuarias y la aplicación como entre la aplicación y otros sistemas de información con los cuales se integra, se utiliza un protocolo seguro de encriptación SSL, que garantiza la confidencialidad de la información con autenticación certificada de las dos partes.

En el caso de comunicación con sistemas de información externos a la Generalidad se utilizará, como medida adicional, un certificado de aplicación proporcionado por el AOC para garantizar la identidad del sistema.





Disposición adicional

De acuerdo con lo que dispone la Orden VEH/6/2019, de 15 de enero, de contabilidad de la Generalidad de Cataluña, los documentos contables quedan sustituidos por las anotaciones contables informáticas generadas por el Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) en el sistema corporativo de la contabilidad (GECAT).

En este sentido, los actos administrativos emitidos en el Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) de los cuales derivan la reserva de crédito presupuestario y la autorización, disposición y obligación del gasto, implican la autorización y propuesta de los órganos competentes para la contabilización de los gastos en el sistema corporativo de la contabilidad GECAT.





Disposición derogatoria

Se deroga la Orden ECF/193/2008, de 29 de abril, por que se aprueba la aplicación del Gestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC).





Disposición final

Esta Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

link: https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=882481&language=ca_ES&newLang=es_ES

28.09.2020.
Qué es una licitación pública y qué errores debes evitar

La participación en procedimientos de licitación pública constituye una buena oportunidad de negocio tanto para autónomos y pymes como para grandes empresas. Tanto es así que incluso determinados sectores económicos, como puede ser el de las infraestructuras y obra civil, se nutren, fundamentalmente, de las licitaciones públicas. Llegados a este punto cabría preguntarse, ¿qué es una licitación pública y cómo puedo participar?
Qué es una licitación pública
Una licitación pública es un procedimiento administrativo en virtud del cual una Administración Pública o entidad del sector público abre un proceso para contratar con empresas privadas la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o la provisión de un suministro.

Para cumplir con los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia que deben presidir las actuaciones de los poderes públicos, se establecen unos pliegos de contratación en los que se señalan las condiciones económicas y técnicas que se requieren para el contrato que se va a licitar y los requisitos que deben cumplir los participantes.

Proceso de licitación pública en España
En la actualidad el procedimiento de licitación pública en España se regula en la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la que coloquialmente nos referimos como Ley de Contratos o LCSP, en el que cabe distinguir las siguientes fases:

Anuncio
Se publica antes de la convocatoria, y en él se hace una descripción general y resumida de los principales aspectos del contrato, el presupuesto base y las fechas en que se publicarán los pliegos de condiciones.

Pliegos de condiciones y convocatoria
En la fecha indicada en el anuncio se publicará la correspondiente convocatoria y se ponen a disposición de los licitadores los pliegos de condiciones, y se indica el presupuesto base de la licitación y la fecha límite para la presentación de ofertas.

En nuestro ordenamiento distinguimos dos pliegos distintos: el pliego de condiciones administrativas particulares, en los que se detalla la forma y plazo en que se deben presentar las ofertas, cuáles serán los criterios de adjudicación, qué garantías se requerirán y demás aspectos relacionados con la formalización, ejecución y finalización del contrato.

De otra parte, en el pliego de prescripciones técnicas se detallan las especificaciones técnicas del contrato.

Es posible la impugnación de los Pliegos, en caso de que detectes cuestiones con las que no estés conforme y creas que pueden estar incumpliendo la normativa vigente.

Presentación de propuestas
A la hora de presentar una oferta a un proceso de licitación es fundamental verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en los pliegos en el plazo indicado en la convocatoria.

Revisión de solicitudes, valoración de ofertas y adjudicación
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reúne una Mesa de Contratación que se encargará, en una o varias sesiones, de revisar las solicitudes presentadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos y, en caso afirmativo, de valorar las propuestas presentadas y puntuarlas aplicando los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

La oferta que obtenga la mejor valoración resultará adjudicataria de la licitación, siendo la empresa que la presentó aquella con la cual se formalizará el correspondiente contrato.

Errores comunes a evitar si deseas participar en una licitación pública

Si bien se trata de un proceso de concurrencia competitiva en el que las reglas del juego están suficientemente definidas, existen determinados aspectos que debes tener en cuenta a la hora de participar en una licitación pública para no caer en los errores más comunes que te puedan dejar fuera del proceso.

Así, conviene calcular muy bien el precio de manera que consigas ofrecer el menor coste posible para que el contrato resulte viable y reporte beneficios. En este sentido, es posible incurrir en lo que se conoce como baja temeraria y hace que la Administración, posteriormente, pida explicaciones acerca del precio ofertado.

Además, es muy importante estudiar detenidamente la convocatoria y los pliegos, verificar el cumplimiento de todos los requisitos de solvencia económica y técnica, presentar toda la documentación en la correcta forma y dentro del plazo establecido.

23.09.2020.
Modificación de la Ley de contratos del sector público y de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa

https://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/TRD?trd_sec=NTXXxBtH3Yo58GbPWWf6s5kmwsteAD3BegyJJ4NWsc8=rMopq9Hxb+M0hDbAlsVBfg==/Mc7Ccc0ABlYDvfkhk6GNKR757lrIh4h0EYk6P63xCE===o1z1mghuqGyA7FQ863uwGA==lFNgUjIY2pcCfPBkK+nwk4IT96K1VKUOI3nmP8vUZoK6SH/qp+giSsGt8yYCw+2Js+pZu8a9BbsnIFxDUJvkRDznQRT5eD5yBFcZ5rz/GYAGyV0ymPThaVTS5U3SSLkux+3YS1EdhUAURREx9vZtAg==

21.09.2020.
PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LA CONTRATACIÓN. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE OFERTA

https://mymabogados.com/practicas-colusorias-en-la-contratacion-el-principio-de-unidad-de-oferta#

18.09.2020.
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 31º informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude (2019)

El día 3 de septiembre de 2020 la Comisión ha emitido este informe, en el que comparte la tarea de protección de los intereses financieros de la UE con los Estados miembros.

En cuanto a la contratación pública, en el resumen introductorio se señala que "a escala nacional, los Estados miembros adoptaron un amplio abanico de medidas orientadas a mejorar su capacidad para prevenir y detectar el fraude" y, en este sentido, se indica que "la mayoría de las medidas notificadas se centran en la gestión y el control de los fondos de la UE, y que, asimismo, se notificaron medidas transversales relacionadas con" la mejora de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública ", entre otras materias. Además, dado que en los próximos años la crisis de la Covidien-19 requerirá más fondos, en particular para el sector de la sanidad, el informe incluye un análisis de las irregularidades en el ámbito de la «inversión en infraestructuras sanitarias», en el que se señala que "las infraestructuras sanitarias se ven especialmente afectadas por las violaciones de las normas de contratación pública".
Entrando en el contenido del informe, por un lado, se ofrece un resumen de las medidas adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros para luchar contra el fraude y, por otro, se incluye un análisis de los principales éxitos de las instancias nacionales y europeas en la detección de los fraudes y las irregularidades relativas a los gastos e ingresos de la UE, basada en particular en las irregularidades detectadas y en los fraudes notificados por los Estados miembros de acuerdo con la normativa sectorial.

Así, entre los actos legislativos adoptados por las instituciones de la UE, se señala que "se completaron las convocatorias de contratación pública para los trabajos de reforma de la sede de la Fiscalía Europea en Luxemburgo". También, se recuerda que "el objeto de la Directiva (UE) 2019/1937 (la« Directiva sobre la denuncia de infracciones ») es mejorar el cumplimiento del Derecho y de las políticas de la Unión en ámbitos específicos garantizando un alto nivel de protección a las personas que denuncian infracciones en ámbitos en los que pueden causar daños graves al interés público y en los que la mejor o única manera de revelar estas infracciones es a través de información privilegiada ", y que entre estos ámbitos, incluyen las infracciones del Derecho de la Unión en materia de contratación pública.
Asimismo, en relación con la lucha contra la corrupción en la UE, se indica que "en el contexto del Semestre Europeo sobre gobernanza económica, los desafíos en la lucha contra la corrupción se evalúan prestando especial atención a los ámbitos de riesgo, como la contratación pública, la administración pública, el entorno empresarial y la asistencia sanitaria ", y que" en el marco del programa de intercambio de experiencias de lucha contra la corrupción de la UE, la Comisión organizó talleres sobre prevención de la corrupción en las empresas públicas, que abordaban los riesgos de corrupción en el ámbito de la contratación pública y la corrupción como una amenaza para la seguridad, en mayo, junio y octubre de 2019, respectivamente. "

En cuanto a las medidas adoptadas por los Estados miembros, se destaca que, en el ámbito de la mejora de la transparencia, lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública, los Estados miembros han comunicado ocho medidas de naturaleza bastante diversa, entre las que se incluyen "medidas legislativas destinadas a mejorar la eficiencia y el funcionamiento de la administración, y reforzar la gestión financiera en el ámbito de la contratación pública, medidas organizativas, como un taller sobre las colusiones en procedimientos de licitación, formación y sensibilización sobre la lucha contra el fraude y medidas administrativas, como las orientaciones metodológicas, el control financiero y las auditorías ".
Respecto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo ESI) y la crisis de la Covidien-19, se advierte que "en los próximos años y debido a la crisis de la Covidien-19, se podría requerir más financiación, en particular para los sectores sanitarios ", y que" por ello, en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente informe se incluye un análisis específico sobre la prioridad relativa a la inversión en infraestructuras sanitarias ". Sin embargo, se señala que "las acciones relacionadas con las infraestructuras sanitarias se ven muy afectadas por las violaciones de las normas de contratación pública", y que "entre las irregularidades fraudulentas, los problemas más comunes detectados se referían a los documentos justificativos".

Por otra parte, se recalca que la Comisión Europea gestiona el sistema de detección precoz y exclusión -previsto en los artículos 135 a 145 del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto de la UE, el cual "abarca una amplia gama de prácticas prohibidas, como el fraude, la corrupción y la falta profesional grave, así como el escaso rendimiento (p. ej., las deficiencias significativas en la ejecución de contratos) ".
Finalmente, se recomienda que "la contratación de emergencia debe utilizarse sobre la base de una evaluación individual". Además, se indica que la situación actual brinda "la oportunidad adecuada para que aquellos Estados miembros que aún no lo hayan hecho completen la transición a los procesos de contratación pública electrónica"; y que "los Estados miembros deben considerar la posibilidad de reforzar aún más la transparencia en la utilización de los fondos de la UE, en particular, en relación con la contratación de emergencia".

16.09.2020.
práctico trabajo (con infografía) de @ClaudiaCartaya y @jcarlosmelian sobre el procedimiento negociado sin publicidad

https://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDIzNDS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDMyMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAArr1Rc1AAAAWKE

15.09.2020.
Sentencia
@EUCourtPress
Asunto C-367/19, sobre el concepto de “contrato oneroso” y la aplicación del procedimiento previsto para las ofertas anormalmente bajas ante una oferta por importe de cero euros

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecodif/AppJava/public/butlleti.xhtml?id=18535&lang=Es

14.09.2020.
TS. Sentencia nº 2645/2020. Contrato de servicios. División en lotes: cuantía del recurso de casación – ICCP

https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/14275

08.09.2020.
La calidad es un objetivo esencial de la contratación pública

La calidad es un objetivo esencial de la contratación pública. Hoy toca ver cómo la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público, contempla la calidad en la adjudicación de los contratos públicos, especialmente en el momento de adjudicación del contrato, lo que será determinante también de cómo se ejecuta el contrato y de los mecanismos de control del contratista de que dispone la entidad del sector público.

Con la vieja normativa y la crisis económica nos encontramos con muchos contratos por debajo de precio, que condujeron a dos consecuencias a cual más negativa: la calidad era muy deficiente y los trabajadores estaban muy mal pagados. Ello por no hablar de las modificaciones en los contratos que eran, cuando menos, cuestionables. Un riesgo que no debiera reaparecer con la crisis que ha generado la COVID19.

La primera idea que hay que extraer de la lectura de la LCSP no puede sino ser positiva: el precio deja de ser el elemento central para adjudicar los contratos. La experiencia acumulada de estos últimos años ha servido para cambiar los criterios e inclinarse por otros. El artículo 1.3 ya avanza que estos elementos alternativos “proporcionan una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual”. Y el artículo 145.4 nos recuerda que Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades.

El punto de partida parece estar conseguido: en el frontispicio de la Ley de contratos, la calidad es un objetivo en sí mismo.

La cuestión es examinar cómo se examina la calidad a la hora de adjudicar los contratos, esencialmente, en el larguísimo artículo 145 LCSP.

Obviamente, la concepción de la calidad en cada contrato se observará en los pliegos, en un doble sentido: viendo qué criterios han de ser analizados y contemplando cómo se valoran en la puntuación final. Lo que ocurre es que no resulta suficiente: El concepto clave es la relación calidad-precio; lo que está explicado en la norma como dos elementos que están uno al lado del otro, en lugar de determinar cómo se hace la ponderación.

De entrada, se señala que en los pliegos se incluirán una serie de elementos cualitativos; que se encuadran en tres grupos: la calidad (con sus aspectos sociales, ambientales que han constituido uno de los elementos más alabados de la norma), la organización y el servicio posventa del bien de mantenimiento de la obra.

Más allá de la aparente tautología que supone que un elemento de calidad es cualitativo; la cuestión es examinar cómo se ponderan.

De entrada, la regla es lo que diga el pliego, siempre que esté vinculado al objeto del contrato. La cuestión es cómo se configura, lo que depende mucho de las capacidades de la entidad del sector público. Lo fácil es el precio. Lo complejo es conseguir una calidad global. Sin embargo esto ha de ser el objetivo.

Pero, asimismo, el valor de la calidad se encuentra mediatizado por su valor económico: Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. Un elemento que luego repercutirá en la amortización y, por ello, en el impacto en contabilidad.

A partir de aquí surgen las dudas ¿se puede hacer siempre una ponderación económica de los elementos de calidad? En la estética, desde luego, resulta complicado. ¿No puede ser desincentivador la necesidad de esta ponderación económica cuando se trata de actuaciones costosas de valorar?

Y más aún ¿para qué? ¿Para eliminar la discrecionalidad del adjudicador y buscar una regla objetiva que, de nuevo, es el precio? Si esto es así no estaríamos sino introduciendo el precio por la puerta de detrás, y esto no parece que resulte muy conveniente. Ello por no recordar que la discrecionalidad es necesaria, conveniente y sirve para ponderar aspectos que no son reconducibles a fórmulas económicas. Aunque parece que en los procedimientos de adjudicación de servicios intelectuales y sanitarios empieza a aparecer una queja de que sólo se valora el precio, ya sea directa o indirectamente.

Y es que el problema estriba en lo que la norma dice, los prejuicios que tiene el legislador y lo que los parlamentarios no han sabido o querido poner.

Si recogemos lo que señala el artículo 145.5, en sus dos últimos apartados, veremos que la posibilidad de una valoración por la administración lo ven de forma residual. Los criterios “deberán ser formulados de manera objetiva”. Bien, de acuerdo, pero ¿con qué margen de ponderación para la administración a la hora de valorar? Porque los prejuicios anti administración que laten en la ley, puede ser los que hayan hecho surgir el criterio de los costes económicos y, desde luego, el hecho de que todos los criterios se acaben configurando de forma objetiva, con u peso limitado a la propia administración.

De hecho, el artículo 146 limita la aparición de la calidad como un elemento determinante de la adjudicación: si hay un único criterio habrá de ser económico ( y recordemos que no es obligatorio la inclusión de criterios cualitativos y que el precio sólo debe ir acompañado de otros criterios en relación con ciertos contratos, los que recoge el artículo 145.3 g). Y, en segundo lugar, la adjudicación se retrasa con el informe del comité de expertos.

La norma, además, no nos proporciona el valor que se le ha de proporcionar a esta columna de la valoración económica de los elementos cualitativos. No obstante, después de todo lo que se ha señalado con anterioridad, parece que es la forma indirecta para adjudicar en función del precio los contratos del sector público. Si así fuera, sería un grave error por parte de los poderes adjudicadores.