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07.09.2020.
PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LA CONTRATACIÓN. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE OFERTA
https://mymabogados.com/practicas-colusorias-en-la-contratacion-el-principio-de-unidad-de-oferta#
02.09.2020.
JCCP del Estado. Informe nº 6/2020. Procedimiento abierto: criterios cualitativos en el sobre correspondiente a juicios de valor. Establecimiento de un umbral mínimo de puntuación
Informe 6/2020. Admisibilidad de umbrales en el procedimiento abierto
La Diputación de Valencia pregunta acerca de la posibilidad de establecer un umbral mínimo de puntuación en las proposiciones de los licitadores en aquellos procedimientos abiertos en los que los criterios cualitativos únicamente figuren en el sobre o archivo electrónico correspondiente a los juicios de valor.
La JCCP del Estado recuerda que la facultad del órgano de contratación de establecer un umbral mínimo de puntuación en la evaluación de criterios cualitativos dependientes de un juicio de valor en un procedimiento abierto, con el consiguiente efecto de que queden excluidos del procedimiento aquellos licitadores cuya oferta no supere el umbral de puntuación técnica establecido, ha sido abordada por la sentencia de la sala cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 20 de septiembre de 2018, dictada en el ASUNTO C-546/16, Montte y Musikene. El Tribunal concluye que la Directiva 2014/24 no se opone a una legislación nacional que permita que los poderes adjudicadores impongan en el pliego de condiciones de un procedimiento abierto de contratación pública unos requisitos mínimos en lo referente a la evaluación técnica, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de esa evaluación queden excluidas de la evaluación posterior, basada tanto en criterios técnicos como en el precio y ello con independencia del número de licitadores restantes.
Tras la entrada en vigor de la LCSP la doctrina del TJUE resulta plenamente aplicable a la misma a la vista de que los artículos 146.3, 169.3, 175.3 y 179.4 LCSP, concluyendo que “en los procedimientos abiertos en los que se establezcan criterios cualitativos sometidos a juicios de valor cabe establecer en los pliegos requisitos mínimos o umbrales, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de su evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior”.
01.09.2020.
Navarra y los ayuntamientos catalanes lideran la inversión en vivienda pública hasta marzo
La comunidad foral fue la administración que más invirtió en pisos de protección oficial con 30,7 millones de euros, seguida por las localidades catalanas, que sumaron 28,8 millones.
Navarra y los ayuntamientos catalanes, al frente de la inversión en vivienda pública. Las diferentes administraciones públicas invirtieron 105,6 millones de euros en pisos de protección oficial entre enero y febrero, de los cuales el 56,3% provinieron de las arcas del Gobierno regional de Navarra y de los consistorios catalanes, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Ambas comunidades, junto a Baleares, son las únicas regiones de España donde las administraciones invirtieron más de diez millones de euros en vivienda pública en conjunto. Andalucía, con 8,3 millones de euros, País Vasco, con 7,8 millones, y Comunidad de Madrid, con 5,5 millones completan el top cinco en inversión en vivienda pública. En el otro laso de la balanza, ocho de las diecisiete comunidades sumaron menos de un millón de euros de inversión y en Cantabria, Murcia y La Rioja fue nula, mientras que en Asturias fue de tan solo 80.000 euros Sólo Navarra, Cataluña y Baleares invirtieron más de diez millones de euros en vivienda pública hasta marzo Las comunidades autónomas son las administraciones que más han invertido en pisos de protección oficial, con un total de 54,1 millones de euros entre enero y marzo. Sin embargo, el 76,6% de las inversiones fueron realizadas por los gobiernos regionales de Navarra, que sumó 30,7 millones de euros, y Baleares, con una inversión de 10,7 millones. País Vasco, con 6,1 millones completa el podio. La Comunidad de Madrid, con una inversión de 2,7 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 1,6 millones, y Andalucía, con 1,5 millones, también superan un millón de euros de inversión. Por su parte, el conjunto de los ayuntamientos sumó inversiones por valor de 49,4 millones de euros. Sin embargo, el 58,2% correspondió a los consistorios catalanes, que destinaron 28,8 millones de euros a vivienda pública. Ocho comunidades autónomas destinaron menos de un millón de euros y en tres regiones, la inversión fue nula Por detrás de Cataluña, Andalucía, con 6,8 millones; Galicia, con 3,2 millones; Madrid, con 2,7 millones; País Vasco, con 1,7 millones; Baleares, con 1,3 millones, y Canarias, con 1,3 millones, fueron las únicas regiones donde las partidas de los ayuntamientos para activos residenciales públicos superaron el millón de euros hasta marzo. La administración central es la que menos ha invertido en viviendas de protección oficial, con tan solo dos millones de euros. La gran mayoría de esta inversión se destinó a Melilla, con 1,7 millones, mientras que el resto se dividió entre Cataluña, con 110.000 euros; Comunidad de Madrid, con 70.000 euros, y Andalucía y Castilla-La Mancha, con 50.000 euros, respectivamente.
05.08.2020.
Aprobada la Memoria 2019 #JCCACAT en la sesión del Pleno de 30 de julio de este año
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/publicacions/memories/jcca/memoria-jcca-2019.pdf
03.08.2020.
Abierta la consulta pública para la revisión del Reglamento eIDAS
La consulta pública se encontrará abierta hasta el próximo 2 de octubre para recepción de comentarios.
La Comisión Europea ha lanzado la consulta pública(Abre en nueva ventana) para la revisión(Abre en nueva ventana) del Reglamento (UE) 910/2014(Abre en nueva ventana) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS).
En esta revisión se contempla la posible creación de un esquema de Identidad Digital Europea, en línea con las Conclusiones del Consejo(Abre en nueva ventana) , del 9 de junio, sobre la comunicación de la Comisión “Configurando el futuro digital de Europa”. En esas conclusiones se pide a la Comisión que revise la legislación vigente y se le insta a que estudie propuestas para seguir desarrollando el actual marco de identificación y autenticación transfronterizas, sobre la base del Reglamento eIDAS, con vistas a un marco para una identidad digital europea, lo que induciría a los Estados miembros a poner a disposición de todos los europeos identidades digitales que puedan utilizarse de manera generalizada y que sean seguras e interoperables, para la seguridad de las transacciones públicas y privadas en línea.
El objetivo de esta consulta es recoger comentarios sobre las barreras y los factores que impulsan el desarrollo y la adopción de servicios de identidad electrónica en Europa y sobre el impacto de las distintas opciones para conseguir una identidad digital europea. Se puede contribuir en esta consulta cumplimentando el cuestionario(Abre en nueva ventana) disponible hasta el próximo 2 de octubre.
30.07.2020.
Manifiesto empresarial sobre la situación de la contratación pública tras la pandemia
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, patronal catalana de la pequeña y mediana empresa y Plataforma Pymes han hecho público un manifiesto conjunto para ofrecer su opinión sobre la situación de la contratación pública en el contexto actual para hacer frente al COVID- 19. Aseguran que “la compra pública es uno de los principales motores de una economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas” y “en España representa aproximadamente el 18 % del PIB”. El llamamiento empresarial se hace eco de “tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas…”, y añade que se suma ahora también “la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas”. Por eso conminan a gobiernos y administraciones públicas a “encarar tres grandes retos urgentemente: garantizar los flujos de caja y de cobro, garantizar la demanda o mantener las cadenas de contratación pública; y afrontar tajantemente, la división de los contratos en lotes, ya sean sectoriales o por volumen”.
Asegurar los circuitos de pago
Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro que, “ahora se han agravado por la paralización de la actividad y por las medidas preventivas de contratistas y administraciones públicas ante un futuro incierto, con retrasos y anulaciones de pagos que incrementan la morosidad”, señalan. Además mencionan también la deuda acumulada con los proveedores cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses, “lo que provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas”.
El manifiesto destaca que “las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”, de eso “depende la inyección de liquidez al sistema”, concluyen. Para ello subrayan los plazos legales de 30 días en el sector público y de entre 30 y 60 en el sector privado. Y añaden también la necesidad de “establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas”.
Mantener la cadena de contratación pública
El manifiesto señala que la “nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente”. Constatan la paralización de la obra nueva y la suspensión de contratos en curso. Para garantizar la demanda de obra pública futura, las entidades firmantes consideran que las administraciones públicas deben “prorrogar los contratos, y facilitar la indemnización por paralización de obras y servicios” y también “realizar licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación”.
División de contratos en lotes
Otro punto destacado se fundamenta en “garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas”, a través de la división de los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato. Así se asegura que “un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores 3 condiciones para la ejecución del contrato”.
Otros retos
El manifiesto también se refiere a la “disparidad de criterios”, que preocupa y complica a las empresas contratantes “a la hora de cobrar”. Por eso recomienda a las organizaciones de corporaciones municipales a adoptar y recomendar “criterios únicos de pago” y “directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores” que garanticen:
– El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;
– La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan
Por último y dado que “la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad no previstas”, “lo que implica incrementos en sus costes”, llaman a “examinar las licitaciones ya realizadas, contemplando cambios de precios o indemnizaciones compensatorias”.
28.07.2020.
Compra pública verde
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/07_perfil_de_contractant/compra_contractacio_publica_verda/index.html
27.07.2020.
Consultas preliminares en el mercado
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/actualitat/noticia/n-but-02
24.07.2020.
Las PYME se consolidan como adjudicatarias principales de los contratos de la Generalidad de Cataluña y su sector público
La Dirección General de Contratación Pública ha publicado el informe de indicadores de las tipologías de adjudicatarios referente a la contratación pública de la Generalidad de Cataluña y su sector público para el año 2018.
Las PYME han sido las principales adjudicatarias de la contratación pública de la Generalidad de Cataluña
Las PYME han sido adjudicatarias del 69% de los contratos y del 47,8% del importe adjudicado en la actividad contractual de la Generalidad de Cataluña del año 2018. Le siguen las empresas grandes con el 24% de las adjudicaciones y el 43,5% del importe adjudicado.
Como novedad de esta edición, el informe identifica que, del total de adjudicatarios de contratos armonizados, un 71,8% de han sido PYME. Este dato permite comparar los resultados obtenidos en Cataluña con los del resto de países de la Unión Europea. La Comisión Europea considera que una buena práctica contractual es que un mínimo del 60% de los adjudicatarios sean PYME, por lo que Cataluña, con un 71,8% de, supera ampliamente este umbral y consolida esta buena práctica. A la vez, esta cifra contrasta con la del conjunto de España, donde el 39% de los adjudicatarios de contratos armonizados han sido PYME.
En cuanto a la contratación menor, de nuevo las PYME han sido la principal tipología de empresa, con el 62,1% de los contratos y el 66,7% del importe contratado.
La mayoría de adjudicaciones recaen en PYME catalanas
En cuanto a la localización de las empresas adjudicatarias, se observa como el 61,4% de los contratos y el 55,3% del importe se han adjudicado a empresas que tienen su sede social en Cataluña. Las siguen las empresas con sede social en el resto del Estado que obtienen un 36,5% de las adjudicaciones y un 42,7% de del importe adjudicado.
Más en detalle, el 47,2% de las adjudicaciones y el 34% del importe adjudicado han recaído en PYME con sede social en Cataluña; lo que las convierte en la principal tipología de adjudicatario.
En el caso de la contratación menor, esta cifra es aún más significativa dado que las empresas con sede social en Cataluña obtienen un 66,3% de los contratos y un 69,5% del importe total de la contratación menor.
Las PYME se consolidan como principal adjudicatario en los últimos 5 años
Los datos obtenidos por el 2018 consolidan la tendencia que se viene observando en años anteriores: para el período 2014-2018 las PYME han obtenido de media el 69,6% del total de adjudicaciones y el 50,2% del importe total adjudicado, lo que las consolida como principal adjudicatario de la contratación pública de la Generalidad de Cataluña.
23.07.2020.
Proceso participativo del Plan estratégico de mejora de la compra pública
El proceso participativo del Plan estratégico de mejora de la compra pública tiene como objetivo obtener información, ideas y propuestas sobre cómo llevar a cabo los objetivos de la estrategia catalana de mejora de la compra pública. Los participantes deberán proponer acciones o actuaciones para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia respondiendo a las preguntas de los correspondientes cuestionarios. El proceso participativo no se configura como un trámite de alegaciones, demanda de necesidades o reivindicaciones, ni tampoco es una valoración jurídica ni de oportunidad de la estrategia.
Este proceso participativo se dirige específicamente a empresas, centrales de compras, entidades del tercer sector, empresas de economía social, empresas contratistas de la Administración, organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, colegios profesionales, administraciones públicas, universidades, entidades del tercer sector social, y colectivos vinculados a la compra pública.
Las propuestas se articularán en relación a los ejes del Plan estratégico de mejora de la compra pública. Para cada uno de los ejes los participantes podrán hacer sus propuestas de actuación, justificarlas y si es posible, concretar unos parámetros mínimos de calendario de aplicación, de acuerdo con el cuestionario. Cada uno de los ejes tiene un cuestionario y un grupo clave de personas y entidades llamadas a participar.
Eje 1: una contratación pública eficiente
Eje 2: una compra pública de bienes y servicios de calidad
Eje 3: utilizar la contratación para hacer políticas públicas
Eje 4: contratar con integridad y transparencia
Eje 5: una contratación pública con dimensión territorial
El proceso participativo finaliza el 10 de septiembre de 2020.
