En el marco de la visión estratégica de la contratación pública derivada de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública y de la Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), uno de los objetivos de la Dirección General de contratación pública ha sido el impulso de una contratación pública socialmente más responsable, que integre aspectos sociales, éticos y ambientales, mediante actuaciones como la elaboración del "Código de contratación pública socialmente responsable", o promoviendo la adhesión de la Generalidad de Cataluña y su sector público a Electrónicos Watch .
Esta adhesión supone el compromiso por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Generalitat y de su sector público de incorporar las condiciones contractuales establecidas por Electronics Watch , o cláusulas equivalentes, en los contratos y los acuerdos marco en el ámbito de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), las cuales establecen la obligación de los adjudicatarios de estos contratos de actuar con la debida diligencia y acreditar, en su caso, esfuerzos razonables y proporcionados, para que a las fábricas de producción de los bienes electrónicos objeto de los contratos públicos se cumpla lo establecido en el Código básico de normas laborales en la producción de bienes electrónicos .
A efectos de facilitar la incorporación en los pliegos de las condiciones de Electronics Watch , la Dirección General de Contratación Pública ha aprobado la Instrucción 5/2020, con un modelo uniforme de cláusula a incorporar a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los acuerdos marco y de los contratos de servicios y suministros de productos electrónicos, y que define los protocolos de comunicación y envío de información en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público.
Más información: https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ROMERO CREMADES & CALVO-SOTELO
La Colaboración Público-Privada (CPP) y la Compra Pública de Innovación (CPI) son las dos fórmulas de contratación pública que quiere promover el Parlamento y la Comisión Europea en todo el ámbito de la Unión. A continuación analizamos las razones.
Control público con recursos privados. La colaboración público-privada da respuesta a la necesidad de las administraciones públicas de no desentenderse de determinados servicios públicos y de garantizar que estos se prestan atendiendo al interés general y preservando su vocación social. Por así decirlo, viene a romper el viejo esquema mental de que el servicio público solo se garantiza a través de la titularidad pública. La colaboración público privada evita el crecimiento desmesurado del sector público, pero tampoco representa una fórmula tradicional de privatización. Es el justo medio entre ambas fórmulas. De hecho, no supone cambio de titularidad de lo público a lo privado (ni viceversa, pues puede darse una colaboración público-privada con infraestructuras de titularidad privada). La supervisión, el control y la última toma de decisiones se las queda la administración pública. Sin embargo, los equipos, la tecnología, los profesionales y la experiencia (y a veces la infraestructura) las aporta el sector privado.
La diferencia entre que se haga y no se haga. Por eso mismo, la CPP representa la diferencia entre que un proyecto sea viable o no lo sea, entre que pueda hacerse o no pueda hacerse. Durante la pandemia, por ejemplo, se han ofrecido, bajo esta fórmula, soluciones de medicalización de hoteles que no se hubieran podido poner en marcha con esquemas clásicos.
Movilización de inversiones. La UE lo tiene claro: solo con este esquema podrán movilizarse las inversiones que sus Estados miembros necesitan para desarrollar proyectos clave relacionados con la agenda verde, la movilidad sostenible, la innovación, las infraestructuras críticas y la sanidad. Y es que, en la CPP, administración y empresa, licitador y contratistas son coinversores, de modo que ni el riesgo ni el beneficio descansa únicamente en una sola parte.
Aprovechar la mejor expertise. El viejo esquema de licitación encierra una cierta soberbia pública, en el sentido de que presupone que la administración reúne el expertise necesario para diseñar los proyectos que necesita, cosa que no es cierta, sobre todo en proyectos innovadores. La CPP quiebra también ese esquema, pues en esta fórmula de contratación tampoco todo el diseño corresponde a una parte y la ejecución a otra, sino que la iniciativa privada codiseña con la administración, sin que eso vaya en detrimento de la concurrencia competitiva, y luego la administración asume un papel mucho más activo en la supervisión y control.
Bajo retorno de los incentivos. El retorno de los incentivos, como mecanismo principal de fomento de la I+D+i, se ha demostrado bajo. Y sin embargo, la administración pública no puede desentenderse de la innovación, pues la competitividad de los Estados depende sustancialmente de ello. La vía de escape a este aparente callejón sin salida es la Compra Pública Innovadora (CPI).
Fuerte peso de las licitaciones en el gasto público. En España, por ejemplo, la licitación pública representa el 11% del PIB y aproximadamente el 23% del gasto público, por lo que su impacto económico está fuera de toda duda. ¿Si los incentivos tienen un retorno bajo y la administración gasta tanto en contratar, por qué no aprovechar esa inversión en licitación para incentivar la innovación tecnológica? La CPI es exactamente eso: utilizar la contratación como mecanismo de estímulo de la innovación, a la par que de mejora de los servicios públicos. Su diferencia con la contratación convencional, es que no pide un servicio que ya ofrece el mercado, sino que demanda una tecnología nueva o mejorada que aún no existe.
La CPI salva una gran brecha de mercado. La CPI añade además otra ventaja fundamental, que es la de compensar una brecha de mercado característica de los sectores de alta tecnología, permitiendo que las empresas hagan su apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente que va a asegurar sus ventas. Dicho de otra forma, la CPI no solo aporta dinero, ofrece oxígeno financiero a la innovación. También le aporta un cliente, un mercado potencial y una experiencia o aval clave para el desarrollo de negocio.
Un mecanismo flexible. La característica fundamental, pues, de la CPI es que demanda servicios que responden a necesidades no cubiertas aún por el mercado. Dentro del amplio abanico de opciones posibles, existen dos modalidades fundamentales de compra pública innovadora: la compra pública precomercial (CPP) y la compra pública de tecnología innovadora (CPTI). En la primera el producto que se demanda es un proyecto en mayor o menor grado de desarrollo, pero aún en fase de I+D. La segunda contrata soluciones ya desarrolladas a nivel de prototipo o con una producción muy limitada.
Dicho informe se publica conforme al art. 332.11 LCSP.
El artículo 332.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que: “la Intervención General de la Administración del Estado, y los órganos equivalentes a nivel autonómico y local, remitirán anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIRESCON) un informe global, que se hará público dentro del mes siguiente a su recepción, con los resultados más significativos de su actividad de control en la contratación pública”.
El informe se ha estructurado en 4 partes:
Parte I: actuación de control horizontal en materia de encargos a medios propios realizada por la Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General de la Defensa.
Parte II: actuaciones realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Parte III: actuaciones realizadas por la Intervención General de la Defensa.
Parte IV: actuaciones realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social.
En relación con cada una de estas partes se establecen recomendaciones de interés.
http://www.obcp.es/sites/default/files/2020-12/Informe_OIRESCON_PCFP19.pdf
Esta presentación se enmarca en mi participación en el webinar gratuito “Transparencia desde el diseño” organizado por la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat en la que con otras personas de primer nivel estaremos hablando de estos temas. Aquí puedes acceder al material del mismo.
Uno de los temas fundamentales para hacer que un producto masivo, sea cual sea funcione, es su diseño. No estoy hablando de cuestiones simplemente estéticas (o estéticas en su visión más “superflua”), sino de todo lo que rodea al uso y la experiencia de las personas que la usan. Un buen diseño ha sido el que ha hecho que en apenas 15 años hayan desaparecido los CD’s y luego los reproductores de MP3. Un mal diseño es lo que ha hecho que iniciativas como el DNI (en todas sus versiones .0) haya fracasado sistemáticamente. Así que, si queremos que el Gobierno Abierto haga lo que se propone (que no tiene por qué significar que logre sus objetivos generales) una parte muy importante de ello es un diseño que contribuya a ello. Para poder hacerlo, lo primero que necesitamos es entender al público o públicos al que nos dirigimos.
El equilibrio del diseño: entre la atracción y la tracción
Lo primero que tenemos que tener claro es que el diseño, para aportar valor innovador precisa equilibrar dos componentes. El diseño tiene que ser atractivo para el público al que nos dirigimos. Lo bonito parte de una adecuación entre ciertos valores culturales y preferencias, algunas racionales otras emotivas. La cuestión es que el atractivo de un diseño precisa de componentes identificables. En todo caso, una experiencia estética (al menos en lo que se refiere a términos de uso) suele precisar una clara identificación: saber qué es lo que hay y tener una idea de que lo que se puede tener se ajusta a lo que se espera.
El segundo componente es la tracción: la capacidad del diseño de cambiar nuestros hábitos en dos sentidos. Por un lado, un diseño hace que lleguemos hasta el punto máximo de implicación que queremos tener. Es decir, si, por ejemplo, alguien entra en tuiter queriendo solo leer pero con la remota posibilidad de ponerse a escribir, es el diseño el que le debe tender la mano para hacérselo fácil. Más allá de eso, un diseño realmente revolucionario crea o transforma hábitos preexistentes. Por ejemplo, hemos pasado de hacer comentarios en los blogs (que tiempos) a responder en tuiter (¡qué tiempos!).
Pues bien, en el caso del gobierno abierto y la transparencia, nos vamos a mover en este mismo equilibrio. Hay que hacer una transparencia reconocible para el público (que sepa lo que puede encontrar y que le puede interesar) a hacer que llegue a su punto máximo de implicación hasta, finalmente, cambiar la relación entre poderes públicos y ciudadanía.
En función de esos parámetros vamos a encontrar públicos diferenciados, como vimos en el estudio de rendición de cuentas.
Diseño para todos los públicos.
El primer nivel es el del público generalista. Es la grandísima mayoría de las personas.
¿Quiénes son? Son personas que tienen un interés (o un tiempo) muy limitado para acceder a la información pública. No es tanto una ausencia consciente y manifiesta, sino que ni la expectativa de encotnrar nada, ni la necesidad puntual de acceder le lleva a venir.
¿Qué queremos que hagan? Queremos que las personas que puedan tener interés en la información pública no tenga ningún motivo para no acceder a ella. Hablamos de que quieran ver (y puedan entender) lo básico de cómo funcionan las instituciones que le sirven y, que si hay algo que les interese, puedan descrubrir lo máximo posible.
¿Qué necesitan? En primer lugar necesitan saber qué hay contenido transparente y que ese contenido es útil y claro. Que no va a consumir tiempo, y que le va a aportar una información que, como poco, complete la de los medios.
¿Cómo lo hacemos? Con dos componentes. En primer lugar con una comunicación activa importante. Este público no conoce la disponibilidad, ni el contenido ni el posible interés de esa información. Por otro lado, tenemos que manejar diseños sencillos y claros sobre temas de máximo interés.
¿Quién debe colaborar en estos diseños? Responsables de comunicación, personas de atención a la ciudadanía, y se debe contar con ela colaboración de medios. Igualmente, responsables de diseño del portal y personas que conozcan la información más consultada.
¿Qué herramientas usarían? Portales de transparencia, visualizadores de datos y redes sociales.
Prescriptores de la transparencia
El segundo gran bloque de público son esas personas que consumen información pero que, en vez de quedarsela, tras digerirla y procesarla la difunden, informando al resto del mundo (incluido el público general) y aportando valor.
¿Quiénes son? Podríamos decir que es un colectivo muy grande que tiene diversos niveles de profesionalización (desde activistas a empresarios, o trabajadores por cuenta ajena) que utilizan habitualmente recursos y los difunden de manera explícita (publicando trabajos) o tácita (publicando otros elementos que usan esa información adicionalmente).
¿Qué queremos que haga? Estas personas son cómplices del gobierno abierto. Queremos que compartan lo más posible en los mejores canales posibles y siempre de manera honesta y transparente.
¿Qué necesitan para hacerlo? Tener acceso a toda la información de la manera más clara, procesable y compartible. Además debe ser clara, trazable, referenciable y con medios de contacto con sus creadores.
¿Cómo lo hacemos posible? Poniendo a su alcance la información de esta manera. Sin embargo, el auténtico esfuerzo es facilitar la información de manera que se pueda localizar e identificar, así como trabajos que se hayan hecho con ella.
¿Quién nos ayuda a hacerlo? Responsables de datos y documentalistas. Puntualmente responsables de servicios y negocios que generan información.
¿Qué herramientas le pueden interesar? Portales de transparencia, bibliotecas y fondos documentales, portales de datos.
Público especializado
El público especializado es un perfil de personas que trabajan con información específica sobre un tema con una finalidad de transformación y operación. A diferencia de los prescriptores o difusores, el uso de la información transparente se hace con fines operativos y esencialmente productivos. Esto es fundamental en el esquema de Gobierno Abierto en Europa que cuenta enormemente con el papel de la sociedad civil para completar la acción pública.
¿Quién es? Hablamos especialmente de agentes “infomediarios” así como personas dedicadas a la I+D, start-ups, activismo cívico, etc.
¿Qué queremos que hagan? Utilizar toda la información pública posible para hacer cosas que a las AAPP o no se les ha ocurrido o no tienen tiempo, medios o interés para haerlo.
¿Qué necesitan para hacerlo? A parte de información localizable, accesible granular (similar a los prescriptores) facilidad para extraer y procesar datos e información dispersa en muchos espacios webs públicos. Creación de contenidos con esquemas, mapeados webs, consistencia en la información…
¿Quién nos ayuda a hacerlo? Responsables de datos, responsables de negocio, gestores de contenidos, responsables de diseño y mantenimiento web, organismos creadores de datos no publicados.
¿Qué herramienta pueden interesarle? Portales de datos, archivos, documentos y espacios webs de titularidad pública.
En resumen.
Cada diseño es una tarea compleja que requiere comprender al público y, a la vez, tener un proyecto o idea claros de a dónde queremos y podemos llegar. De hecho, no podemos hablar de recetas genéricas, cada comunidad política tiene diferentes elementos, actores y normas que inciden en los márgenes de acción y necesidades de diseño posibles. En todo caso, el principio es siempre tener claro que todo lo que vamos a hacer con información pública va a tener que desembocar en estos tres principales bloques de uso y, en función de ello, planificar la estrategia de datos y documentación de la organización.
Si logramos hacer esto tendremos la capacidad de hacer, no sólo un gobierno abierto más activo, sino una iniciativa que nos lleve a una transformación profunda de la relación entre la ciudadanía y los poderes públicos.
FUENTE: https://analiticapublica.es/
En enero, desde el año 2010 se celebra el clásico Congreso Internacional sobre Contratación Pública, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Observatorio de la Contratación Pública. Esta décima edición (los días 20 y 21 de enero de 2021) que sigue contando con el patrocinio de Wolters Kluwer será en formato online y llega en un momento en el que la contratación pública debe jugar un papel fundamental ante los diversos retos de la sociedad. Las anteriores congresos contaron con 400 asistentes y 30 ponentes lo que atribuye una alta reputación a todos los protagonistas. El precio es lo mejor: 50 euros, que se quedan en la mitad (25€) para quienes hayan participado en alguna de las anteriores ediciones.
La conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático aragonés José María Gimeno Feliú, siempre tan activo y generoso, sobre Los pilares de Next Generation EU y la contratación pública, un tema que cambia cada día y para entonces ya estará en vigor la nueva normativa que se prevé.
En el observatorio, también señala las fronteras del contrato público: el caso de la adquisición de medicamentos. Entiende que contemplar la adquisición de medicamentos por el SNS como un modelo de compra de suministro ordinario“es claramente una visión errónea, que se aleja de los principios regulatorios del derecho de salud y que implica desconocer la realidad singular del mercado de los medicamentos”. Apunta la experiencia de otros países europeos sobre esta cuestión, donde no se aplica la contratación pública, dado se aplica un sistema de precios públicos, porque “el derecho europeo no obliga, en modo alguno, a considerar la adquisición de medicamentos como un contrato público”.
En Italia, pone de ejemplo, el Ministerio de Salud aprueba “lista de medicamentos reembolsables por el servicio nacional de salud” y se prevé la posibilidad de que los establecimientos públicos adquieran esos medicamentos directamente a las empresas farmacéuticas a precios rebajados de al menos el 50%, y los distribuyan a través de farmacias afiliadas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya había abierto un importante debate técnico-jurídico, tras la publicación del informe “Spending Review” de junio de 2019, sobre las provisiones de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, cuyas características nos dejó aquí el propio Gimeno Feliú. La AIREF proponía algunas medidas que impactaban sobre los principios de la contratación pública en este ámbito.
Gimeno Feliú es coautor, junto con Gerardo García Álvarez, del libro “Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor”. La compra pública de medicamentos en el marco del Sistema Nacional de Salud debe permitir preservar las notas de sostenibilidad financiera como la equidad del modelo, lo que exige una visión transversal del “mercado público de medicamentos” que se aleje de propuestas desproporcionadamente subordinadas a una errónea idea de ahorro económico a ultranza, lo que podría llegar a poner en riesgo notas esenciales de un modelo sanitario público como el español, caracterizado por la universalidad y calidad asistencial. El ahorro en la compra de medicamentos debe contribuir a mantener e incluso a ampliar la cobertura, no a erosionar su calidad y sostenibilidad.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/27/economia/1606499322_108584.html